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La derecha Oligárquica necesita controlar el sistema de justicia para asegurar su hegemonía y dominación

No es una cuestión de opción sino de necesidad

Por Mauricio Funes, ex Presidente de la República

El control del sistema de justicia penal, instrumento de dominación de la Oligarquía

 El control del Ejecutivo no es la única forma ni la más efectiva estrategia de dominación de la Oligarquía en nuestro país.

Tener el control del Ejecutivo le ha permitido a la Oligarquía participar de los negocios del Estado, tal como ha ocurrido en los últimos 200 años de vida republicana en los que bajo diferentes circunstancias y siguiendo distintas modalidades de acumulación de riqueza, el Ejecutivo ha sido clave para incrementar el patrimonio familiar de los grupos oligárquicos empresariales del país.

Lo fue por ejemplo a mediados del siglo 19 cuando desde el gobierno se ordenó y llevó a cabo el proceso de extinción de ejidos y apropiación de tierras comunales.

Las mejores tierras del país pasaron a manos de las familias adineradas de entonces a través de un proceso violento de despojo de la propiedad ejecutado por las diferentes Presidencias que tuvo el país por esos años.

El control del Ejecutivo le permitió además a la naciente Oligarquía cafetalera contar con los instrumentos de financiamiento necesarios para impulsar los procesos de producción y acumulación de capital que le llevaron a tener una posición dominante en la economía nacional.

La posesión de los principales medios de producción y de financiamiento en el país, así como el control del aparato de Estado hizo posible que la Oligarquía se convirtiera en clase dominante y hegemónica.

Desde finales del siglo 19 , pero sobre todo desde las primeras décadas  del siglo pasado, la Oligarquía salvadoreña en alianza con Estados Unidos, llegó a controlar el aparato militar, pieza clave de este engranaje de dominación.

Lo pudimos ver en el papel que jugó el Ejército y la Guardia Nacional en el sofocamiento de la insurrección campesina en 1932.

La posesión de los principales medios de producción, la creación de un sistema de dominación ideológica (control de la prensa y de la educación) y la instauración de un aparato represivo del Estado (Ejército, Policía y Guardia Nacional) han sido factores claves para hacer posible el mantenimiento de la dominación Oligárquica en todos estos años.

Sin embargo, este esquema resultaría incompleto e insuficiente si no agregamos el control del Sistema Judicial

Sin el control del Órgano Judicial y del Ministerio Público la estrategia de dominación de la Oligarquía no funcionaría a la perfección.

Es justamente este control el que le ha garantizado la impunidad necesaria para justificar los  excesos cometidos, los abusos de poder y la persecución y anulación de la  oposición política y social.

Casos emblemáticos del siglo pasado como el del General Maximiliano Hernández Martínez son una muestra de ello.

Diferentes historiadores han acreditado que Hernández Martínez mantuvo el control del Estado de 1931 al año 1944 para beneficio de los grupos oligárquicos y de los intereses de dominación de Estados Unidos en la región gracias a la impunidad que le permitió controlar no solo el Ejecutivo sino los demás Órganos del Estado.

En el mismo sentido lo hizo el partido ARENA de 1989 al 2009, año en que pierde las elecciones presidenciales.

Durante 20 años, la derecha oligárquica tuvo el control del Ejecutivo y de las decisiones legislativas.

Esto le permitió llevar a cabo las reformas económicas e institucionales necesarias para hacerse de los bienes públicos y participar en los negocios del Estado.

Una Asamblea que no hubiera estado controlada por la Derecha y una Corte Suprema de Justicia que no respondiera a sus intereses habría frenado el despojo de los Bienes Públicos como el que ocurrió en los cuatro gobiernos de ARENA.

En el 2009, a pesar de haber perdido el poder del Ejecutivo, esta derecha siguió teniendo el control de las decisiones legislativas y las del Órgano Judicial así como de otras instituciones claves, como el Ministerio Público y la Corte de Cuentas de la República.

Un control que mantiene hasta la fecha y que lejos de haber sido desmontado como prometió Bukele se ha fortalecido con el gobierno actual.

Las decisiones de la Asamblea Legislativa, las resoluciones de las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo de la Sala de lo Constitucional y de lo Sala de lo Contencioso Administrativo, así como las investigaciones y procesos penales iniciados por la Fiscalía han robustecido el poder oligárquico y han aumentado su impunidad.

El manejo político de los juicios penales ha sido utilizado como instrumento de persecución de la oposición, tanto partidaria como social.

Una forma eficaz de deshacerse de la oposición y acabar destruyéndola o al menos reducirla a su mínima expresión ha sido justamente su persecución y encarcelamiento.

 

Una estrategia de dominación basada en las violaciones al Debido Proceso, en el montaje de juicios “amañados” y en la manipulación de los llamados “testigos criteriados”

 

Desde que surge el capital Oligárquico en nuestro país con la creación de la República a mediados del siglo 19 el control del sistema de justicia penal ha sido una parte fundamental de su estrategia de dominación y control del aparato de Estado.

La justicia penal ha sido utilizada para conservar la impunidad y perseguir a opositores del régimen de turno.

En los últimos años este aparato ha servido para perseguir y encarcelar a líderes o dirigentes de oposición y del movimiento social.

Para ello, los aplicadores de justicia al servicio de la derecha Oligárquica han violado el debido proceso, han irrespetado garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa y han manipulado en exceso la figura del  “testigo criteriado” o “testigo protegido”

Los policías y militares han sido convertidos en una especie de “jueces de la calle” que capturan en forma indiscriminada y arbitraria con la simple denuncia o sospecha de que se ha cometido un delito.

El régimen de excepción, que lleva ya más de dos años de vigencia, está permitiendo que se violen los plazos procesales y que se vulnere el derecho a la defensa.

Una reforma aprobada en el 2022 por los diputados oficialistas permite realizar audiencias para dictar sentencias con imputados ausentes que no gozan de defensor.

Desde la época de Douglas Meléndez, la Fiscalía ha abusado de la figura del testigo criteriado, quién no aporta pruebas testimoniales convincentes y fehacientes que permitan condenar a un imputado.

El criteriado asegura o declara lo que la Fiscalía necesita para mantener abierto el proceso y lograr una condena del imputado.

A cambio de eso, el testigo que goza del criterio de oportunidad según la Ley Penal es favorecido con beneficios procesales.

Es lo que ha ocurrido con tres testigos considerados “claves” en el caso “Saqueo Público”

Uno de ellos, que le permitió a Douglas Meléndez presentar una imputación en mi contra por el supuesto lavado de $351 millones de dólares del Presupuesto de CAPRES, fue el ex Director del ISSS, Leonel Flores.

Flores declaró lo que se le vino en ganas con tal de acusarme de malversar fondos públicos y dirigir una millonaria operación de lavado de dinero con el propósito de asegurarse que la Fiscalía no lo procesaría penalmente por enriquecimiento ilícito mientras fungió como Director del Seguro Social.

A pesar que Leonel Flores había sido condenado por una Cámara de lo Civil a devolver al Estado más de 500 mil dólares en concepto de patrimonio ilícito, la Fiscalía renunció a procesarlo penalmente por los delitos de malversación y enriquecimiento ilícito siempre y cuando declarara en mi contra.

Lo mismo ocurrió con el periodista y presentador de televisión, Jorge Hernández, a quien la Fiscalía le perdonó una imputación de lavado de dinero y otros activos durante el gobierno de Saca por $15 millones de dólares,  a cambio de declarar en mi contra sin contar con más pruebas que lo asegurado por él.

Tanto Leonel Flores como Jorge Hernández no aportaron ninguna prueba que no fueran su propio testimonio.

En todo el proceso de Instrucción que lleva ya más de seis años desde que fue presentada la acusación en mi contra y en contra de algunos de mis familiares y ex funcionarios de mi gobierno, la Fiscalía no ha podido presentar una tan sola prueba documental, o bien, algún audio, algún video o alguna grabación telefónica, que corrobore el testimonio de los criteriados.

Otro de los testigos criteriados que han desfilado en el caso es Francisco Cáceres que trabajó en mi gobierno como Secretario Privado de la Presidencia y por tanto fue el responsable del manejo administrativo del Presupuesto de CAPRES, incluyendo el manejo de la partida de gastos reservados de donde, según la Fiscalía, salieron los $351 millones de dólares supuestamente lavados durante mi Presidencia.

Noten la estrategia perversa e ilegal de la Fiscalía: Criteria y le dispensa los delitos por los que había sido acusado inicialmente al cerebro que manejó la partida de gastos reservados de CAPRES, que desvío recursos públicos para favorecer a terceros y que compró voluntades en beneficio propio y de su grupo familiar y de sus aliados en el sector empresarial, entre ellos la empresa de cobros de su tío Gerardo Cáceres y una Hacienda  Ganadera que Gerardo Cáceres adquirió con recursos públicos.

Francisco Cáceres compró además lealtades dentro y fuera del gobierno en complicidad con Gerardo Cáceres.

Favoreció a una empresa familiar que se dedica a la venta de comida propiedad de Ernesto Castro, Presidente de la Asamblea, y de Michelle Sol, Ministra de Vivienda de Bukele.

Un peritaje contable  ordenado por el Juez de Instrucción que lleva el caso ha demostrado que yo no tuve acceso a la partida de gastos reservados de CAPRES y que tampoco tomé decisiones sobre su uso y distribución.

A pesar de la validez del peritaje, realizado por peritos propuestos por la Fiscalía, y que llevarían a un sobreseimiento a mi favor, el juez arbitrariamente no ha ponderado esta opinión.

Lo mismo ha ocurrido con el caso “Tregua” por el cual fui condenado a 14 años de cárcel.

La Fiscalía no presentó ninguna prueba de que haya habido una negociación con las  pandillas más grandes del país y que mi gobierno y menos yo hayamos participado en una negociación con el liderazgo de estás pandillas.

La decisión del juez solo tomó como base para validar las imputaciones de la representación fiscal las declaraciones falsas y contradictorias de un pandillero condenado a varios años de prisión por homicidio y extorsión.

En el proceso no se presentaron audios, grabaciones, fotografías o videos como sí existen en el caso de las negociaciones de funcionarios del actual gobierno con la MS-13 y la Barrio 18, por las cuales la Fiscalía de Rodolfo Delgado no solo no ha abierto ningún expediente penal sino que cerró una voluminosa investigación denominada “Catedral” que había iniciado la Fiscalía de Raúl Melara en el 2019.

En otro caso por el que he sido condenado a 8 años de cárcel, la Fiscalía me acusó de haber recibido un soborno de parte de un empresario guatemalteco de la construcción  consistente en la entrega de un avión King Air valorado en un millón de dólares.

Según la Fiscalía, está dádiva la recibí por haber favorecido al empresario en cuestión con la adjudicación de la construcción de un puente sobre el Rio Lempa en Chalatenango.

Acá debo hacer varias consideraciones al respecto.

Primero, la construcción del puente fue declarada desierta por el MOP por lo que el empresario no fue favorecido con ninguna adjudicación.

Segundo, si no hubo favorecimiento al empresario no puede haber soborno ya que, según la Fiscalía, el avión habría sido entregado a cambio de ganar la adjudicación.

Tercero, si no ganó ningún contrato de construcción entonces no hubo entrega de alguna dádiva.

Y si no hubo entrega de un soborno no pude haber cometido el delito de Cohecho imputado por la Fiscalía.

Cuarto, el avión está a nombre de una sociedad mercantil domiciliada en Miami de la que no soy propietario y tampoco accionista.

Es decir, el delito de soborno o Cohecho no existe. Y si no existe no puede haber condena.

La condena de la que fui objeto es ilegal y arbitraria.

Así es como acostumbra a proceder la derecha Oligárquica contra quienes se obsesiona en perseguir y anular políticamente.

Lo que ha pasado conmigo también ha ocurrido con decenas de acusados injustamente de integrar las pandillas o de cometer otros delitos relacionados con la corrupción y el lavado de dinero.

A la vista están los casos de los ambientalistas de Santa Marta acusados de haber asesinado a una mujer supuestamente colaboradores de la Fuerza Armada en 1989, o bien el proceso en contra del ex Ministro de Seguridad de Sánchez Cerén por haber malversado fondos provenientes de las tiendas penitenciarias, Mauricio Ramírez Landaverde o el de los veteranos de guerra del FMLN como Atilio Montalvo o “Pepe”, acusados de planificar actos de terrorismo horas antes de la ceremonia de toma de posesión de Bukele.

Con todos ellos el sistema de justicia penal mantiene abiertos procesos judiciales sin que exista prueba alguna del cometimiento de los delitos imputados.

La lógica detrás de estas imputaciones revela una clara persecución política que asegura la impunidad de los crímenes y violaciones a la Ley promovidos por esta Derecha con el objetivo de perpetuarse en el poder y mantener su esquema de dominación Oligárquica.

Tal como lo advierto en el título de este artículo: La Derecha Oligárquica recurre al control y al uso a conveniencia del sistema de justicia penal porque lo necesita para seguir dominando el país.

No basta con tener el control del Ejecutivo o de la Asamblea Legislativa.

Es imprescindible controlar también la administración de justicia en el país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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