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Representantes de organizaciones de derechos humanos se pronuncian ante el próximo vencimiento de la prórroga para la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional y de asistencia a víctimas. Foto Diario Co Latino/Ludwin Vanegas.

Denuncian proceso privativo en aprobación de Ley de Reconciliación

Rosmeri Alfaro
@DiarioCoLatino

El viernes termina el plazo para la aprobación de la Ley de Reconciliación; a cuatro años de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, las víctimas afirman no haber participado en el marco normativo y diputados alegan desconocimiento de la ley que se presume, sea aprobada esta semana.

Parlamentarios de derecha han afirmado que la Asamblea Legislativa realizará una plenaria extraordinaria este lunes o martes para aprobar la ley, enfocada en restaurar el daño a las víctimas del conflicto armado de la década de los 80.

David Ortiz, colaborador de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), aseguró que el documento que se pretende aprobar “ni siquiera es del conocimiento de la Asamblea Legislativa” y que “se está manejando como un proceso privativo de la presidencia” del Congreso.

“Eso es sumamente grave, porque se está perdiendo la naturaleza de discusión y de diálogo que debería primar en este órgano (…) A casi 4 años que se aprobó la inconstitucionalidad de Ley de Amnistía, estamos en un escenario parecido”, señaló.

La Ley de Amnistía fue aprobaba en 1993, y declarada inconstitucional en 2016, por los magistrados de la Sala de lo Constitucional “por la violación de la Constitución de la República, como también de tratados internacionales sobre derechos humanos, a los que El Salvador está suscrito”.

“¿Por qué tanta espera, porqué después de haberse anulado la Ley de Amnistía y las recomendaciones de la Sala de Constitucional, por qué tanto anhelo de no querer construir una ley en beneficio de las víctimas, por qué proteger a los victimarios?”, cuestionó el director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro.

“Se debe buscar justicia. Nos parece que esas heridas que aún se mantienen es un dolor profundo para esas madres, padres, tíos, que todos los días viven esperanzados que haya una respuesta al desaparecimiento de sus seres queridos”, expuso el activista.

Guadalupe Mejía, presidenta del Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos “Marianella García Villas” aseguró que “la voz de las víctimas de nuevo se está dejando fuera y no se está cumpliendo con lo mandatado por la Sala, sobre que las víctimas deben participar en el proceso de construcción de la normativa.

“No significa que solo van a convocarlas para escucharlas, sino que deben participar en la construcción del marco normativo (…) Aprueben ya esa ley, ya es tiempo”, puntualizó Mejía, quien exhortó a los legisladores a aprobar una ley que no deje los casos en la impunidad, luego de tantos años de lucha por justicia y reparación.

Diferentes organismos defensores de derechos humanos son los que se han pronunciado ante la posible aprobación de la Ley de Reconciliación, sin incluir las peticiones de las víctimas.

La directora del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos, Nayda Medrano, llamó a la Sala de lo Constitucional a estar atenta del producto que se reciba.

“Las penas son el nudo más importante que tiene esta discusión.  Se debe buscar que el acto cometido, según su tamaño y dimensión tenga una similar pena. El proceso de perdón pasa por un proceso de sanación y de contención de políticas públicas que permitan avanzar”, dijo.

La semana pasada, el procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar aseguró que “las víctimas del conflicto armado estarían inconformes con una ley que no contemple sanciones”.

De acuerdo con el informe preliminar de insumos para la Ley de Reconciliación, las víctimas habrían exigido que los delitos desarrollados durante el conflicto armado no prescriban. Señalaron el reconocimiento de los que cometieron “excesos” durante el mismo, y que los funcionarios que aparezcan mencionados, no se les permita optar a cargos públicos y no participen en política de nuevo.

Si bien, las victimas afirmaron que, el actual gobierno no es el responsable de su situación, expusieron que si no hace lo que le corresponde también será su responsabilidad dentro de unos años.

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