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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Capturas arbitrarias y masivas, procesos judiciales amañados, tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles; tortura y muerte de personas bajo custodia del Estado, son solo algunas de las graves violaciones a derechos humanos en estos dos años del Régimen de Excepción.
Ahora se suma la red de delincuencia organizada de los custodios de Centros Penales, quienes liberan a las personas inocentes a media noche o por la madrugada, los envían a sus casas en taxis piratas y les cobran una suma exorbitante, entre 600 a $800. Si la persona no acepta irse en ese transporte, las autoridades le revocan la orden de libertad y seguirá detenida.
“Esta madrugada quedó libre Estela Solís, el taxista en el que nos la enviaron prácticamente cobró una extorsión de $800, todo es negocio redondo con los inocentes privados de libertad, son parte de la red de delincuencia organizada de Centros Penales, por eso liberan a los reos a media noche o por las madrugadas, y ellos mandan a los taxistas”, publicó en redes sociales, la abogada Lucrecia Landaverde.
Según la abogada de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, han sido testigos de la extorsión que sufren las personas liberadas durante la madrugada en el penal de Izalco, llegan los taxistas piratas coordinados por los custodios, le dicen a la gente que son llevados a sus casas, pero deben pagar entre 300 a $500.
“Considero injusto que las instituciones no hagan nada para detener esa extorsión, la semana pasada íbamos a traer a dos jóvenes, estábamos a 10 minutos de llegar cuando del Centro Penal de Izalco nos avisan que ya se los habían llevado los taxistas, salimos a buscarlos y al final por 10 minutos de recorrido cobraban $80”, explicó Escobar. Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), dijo que la liberación de las personas en altas horas de la noche o durante la madrugada se ha prestado para que muchos quienes tienen negocios cerca de los centros penales se aprovechan, encierran a los reos liberados, les dan de comer, visten y piden el número de teléfono de las familias, al llamarles les dicen que deben pagar una gran cantidad de dinero para llevarlos a sus viviendas. Algunas familias son chantajeadas por los taxistas, de no entregar la cantidad de dinero solicitadas serán denunciadas para ser recapturadas nuevamente.
“Desmontamos una mafia en Apanteo, hay despachos jurídicos fantasmas que la gente les ha pagado hasta 1,500 dólares porque les dicen que van a sacar a sus familiares, les garantizan darles una carta de libertad y las personas se la creen, cuando entregan el dinero ya no contestan el celular”, denunció Ramírez.
Durante los dos años del Régimen de Excepción se han dado numerosas capturas arbitrarias y sin ningún perfil de delincuente, las cuales no están siendo investigadas adecuadamente, aunque se ha exigido la libertad para los inocentes, hasta el momento no hay una respuesta.
Sandra Lovo narró que la captura de su hijo, quien es mecánico de estructura metálica, ocurrió el 12 de junio de 2022, cuando llegaron a su casa policías y soldados dijeron que lo llevarían a la delegación para verificar en el sistema los antecedentes penales, pese a no encontrarle nada desde ese día no lo ha vuelto a ver.
“Mi hijo no tiene antecedentes penales, está limpio, por eso pedimos al presidente de la República que por favor haga las investigaciones y procesos adecuados, no es justo que las personas trabajadoras estén encerradas pagando algo que no deben; mi hijo es padre de familia y me ha dejado una niña de casi ocho años y ese cargo me ha tocado agarrarlo a mí”, expresó.
Para MOVIR, Bukele convirtió en permanente la medida de carácter excepcional contemplada en la Constitución, provocando una larga lista de víctimas inocentes, entre ellas, tres bebés que nacieron y murieron en las cárceles, la última fue Karen, quien no nació con La Ley Cariño.
Dina Hernández, de 28 años de edad, y con 38 semanas de embarazo de riesgo, fue capturada bajo el Régimen de Excepción el 17 de marzo, mientras se dirigía a su casa. Es una mujer defensora de derechos humanos, voluntaria y activista por los derechos de las mujeres jóvenes. Es parte de Alerta Raquel y de la organización de base comunitaria “Colectiva de Mujeres Guardianas de Ayutuxtepeque.
Ante la arbitraria captura la familia alertó sobre su embarazo, sin que se tuviera mayor información, impidiéndole el control prenatal que tenía programado para el 19 de marzo; tres días después se decretó medidas sustitutivas a la detención y cesó la detención preventiva. Sin embargo, no fue hasta el 2 de abril que el tribunal envió el oficio para su liberación.
Dina nunca salió de la Granja Penitenciaria de Izalco, donde informaron que se le había imputado un nuevo delito, sin garantizar su salud y la de su hija Karen. El domingo 7 de abril de 2024 de la cárcel informaron que Dina fue trasladada al Hospital «Dr. Jorge Mazzini Villacorta» y que la niña había muerto.
