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Por David Alfaro
11/03/2026
Un grupo de expertos compareció recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar lo que, según afirman, ya no admite demasiadas dudas: en El Salvador se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele.
Las denuncias no se basan en percepciones ni en simples posturas políticas. Se apoyan en testimonios, informes y registros que muestran un patrón preocupante: detenciones masivas, falta de garantías judiciales y muertes de personas que estaban bajo custodia gubernamental.
Desde que comenzó el régimen de excepción en marzo de 2022, cerca de 97 mil salvadoreños han sido capturados. Bukele presenta esta cifra como prueba de su éxito en la lucha contra las pandillas. Sin embargo, detrás de ese número hay miles de familias que todavía esperan saber por qué sus hijos, esposos o padres fueron detenidos.
La casi totalidad de esas capturas se ha realizado por simples sospechas, denuncias anónimas o decisiones tomadas en operativos masivos. Todos los detenidos aún no han sido juzgados.
En ese contexto se ha producido una cifra que rara vez aparece en el discurso oficial: alrededor de 500 personas han muerto dentro de las cárceles salvadoreñas. Murieron sin haber recibido juicio ni una condena judicial.
Paradójicamente, esas muertes no se registran en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la enorme prisión conocida como CECOT, donde Bukele asegura tener a los pandilleros más peligrosos. Todas han ocurrido en cárceles comunes, donde permanecen miles de detenidos del régimen de excepción.
En otras palabras, quienes están muriendo no son necesariamente los criminales que Bukele exhibe como símbolo de su política de seguridad, sino personas que ni siquiera han tenido la oportunidad de defenderse ante un juez.
A esto se suma otra realidad todavía más inquietante: el fenómeno de las desapariciones. Distintos analistas han señalado que durante los últimos años existió un pacto entre Bukele y las pandillas que incluyó mecanismos para ocultar homicidios. Entre las prácticas señaladas aparece la orden conocida en el mundo criminal como «sin cuerpo no hay delito», es decir, desaparecer los cadáveres para que los asesinatos no aparezcan en las estadísticas.
Como consecuencia, miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos. Se estima que alrededor de ocho mil personas permanecen en esa condición.
Ante todo esto surge una pregunta inevitable: ¿cuántos salvadoreños más deben morir para que exista una condena internacional clara?
Es cierto que los organismos internacionales suelen actuar con cautela. Su trabajo consiste en reunir pruebas, verificar información y documentar cada caso antes de emitir conclusiones. Ese proceso toma tiempo.
Pero mientras los informes se elaboran y los expedientes se revisan, en El Salvador las capturas continúan, las cárceles siguen llenándose y las familias siguen enterrando a sus muertos o buscando a quienes nunca regresaron.
Porque cuando un Estado encarcela masivamente a ciudadanos sin garantías y algunos de ellos terminan muriendo sin haber sido juzgados, lo que está en juego no es sólo la seguridad pública. Lo que está en juego es la justicia misma.
