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San José / Prensa Latina
Costa Rica, un país sin ejército que ha visto incrementarse la tenencia ilegal de armas de fuego, fortaleció el jueves el control sobre esos artefactos, así como las penas de cárcel para quienes violen la nueva legislación.
En la capitalina Plaza de la Justicia, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, firmaron la reforma a la Ley General de Armas y Explosivos, la cual brinda a las autoridades más herramientas de control sobre las armas de fuego en el país.
‘Estamos demostrando, con medidas como ésta, que Costa Rica es capaz de avanzar hacia un país más seguro y con menos impunidad’, afirmó Alvarado, quien agradeció a los diputados por la aprobación de lo que calificó de importante reforma a la ley actual que dotará con más herramientas a policías e instituciones.
El proyecto legal rubricado fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril pasado, luego de una amplía discusión, pero paralelamente los diputados acogieron en primer debate otra reforma a la Ley de Armas y Explosivos, respaldada constitucionalmente anoche. Esta última eleva las penas de tenencia ilícita de armas tanto legales como prohibidas.
De acuerdo con el texto sancionado, la pena privativa de libertad pasará de cuatro a ocho años a quien adquiera, comercialice, transporte, almacene, introduzca al territorio nacional, nacionalice, exporte, oculte, fabrique, ensamble, transforme, ejerza labores de corretaje nacional o internacional o utilice armas prohibidas por esta ley, sus partes y componentes.
Además, eleva el tiempo de condena de cárcel de tres a cinco años a quien tenga un arma de forma ilegítima y no la haya inscrito, así como establece la obligación del vendedor de un arma de informar sobre el trámite al Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública.
Asimismo, prevé sanciones económicas para quienes no reporten o denuncien la pérdida o sustracción de un arma de fuego o municiones en un plazo de cinco días, mientras las empresas de seguridad privada están obligadas a entregar sus armas en caso de reportar el cierre de operación, con el objetivo de impedir que éstas terminen en manos de la delincuencia.
Para Soto, la reforma legal permitirá combatir el crimen organizado, que se nutre principalmente de armas que pasan del mercado lícito al ilícito. ‘Uno de nuestros principales objetivos ha sido sacar armas de fuego ilegales de las calles, muchas de ellas utilizadas para cometer diversos delitos’, apuntó el ministro.
