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Bogotá / AFP
La Corte Constitucional de Colombia cerró definitivamente la puerta a las objeciones planteadas por el presidente Iván Duque al pacto de paz con la exguerrilla de las FARC, su principal promesa de gobierno.
Por siete votos a favor y uno en contra, el tribunal ordenó al mandatario que promulgue sin objeciones la ley que sustenta el sistema de justicia pactado con los rebeldes, columna vertebral del acuerdo suscrito en noviembre de 2016 entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos.
«La corte decide remitir el proyecto de ley junto con el expediente al señor presidente para su sanción y promulgación», dijo el magistrado Antonio Lizarazo.
Los magistrados pusieron punto final a la controversia que se había generado en el Congreso en torno a las propuestas de Duque, que en la práctica pretendían modificar lo acordado con la ya disuelta guerrilla.
Según la Corte Constitucional -que en este caso opera como juez de última instancia-, las objeciones de Duque fueron rechazadas tanto en el Senado como en la Cámara (baja) de Representantes, pese a que el oficialismo controvertía la votación en el primer órgano.
Ante la falta de consenso sobre el resultado de la votación, el legislativo decidió el 2 de mayo que fuera ese tribunal el encargado de dirimir la polémica.
«Contra las decisiones de la Corte no proceden recursos», enfatizó Gloria Ortiz, presidenta del tribunal que vela por el cumplimiento de la Carta Política.
Duque asumió su derrota poco antes de hacerse pública la decisión.
«La decisión que tome la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos», declaró el mandatario.
El presidente planteó seis modificaciones con la idea de fondo de impedir que narcotraficantes se cuelen en el proceso de paz y eludan la extradición por medio de su contribución a la verdad del conflicto, y garantizar la plena reparación de las víctimas.
El pacto de paz prevé que los mayores responsables dentro del conflicto, ya sean guerrilleros, militares o civiles, no sean extraditados si cuentan la verdad, reparan a sus víctimas y nunca más ejercen la violencia.
Aunque también castiga hasta con 20 años de cárcel a quienes incumplan esos compromisos.
El ahora partido FARC saludó la decisión de los magistrados.
Esto «va a contribuir mucho a despejar todo este panorama que estaba tan enrarecido. Esperamos que muy pronto el presidente Duque firme la ley estatutaria, eso nos permite tener mayor seguridad jurídica», dijo a la AFP el senador y excomandante rebelde Julián Gallo, también conocido como Antonio Lozada.
ONU celebra
La Misión de la ONU en Colombia mostró su beneplácito por el fallo de la Corte Constitucional, que legitimó el rechazo del Congreso a las objeciones del Gobierno a la estatutaria de la JEP.
Los representantes de Naciones Unidas celebraron también que el presidente del país, Iván Duque, anunciara anoche que acatará el fallo judicial, lo que conllevaría a la sanción presidencial y promulgación de la ley estatutaria de la JEP (Jurisdicción Especial de Paz).
La decisión de la Corte Constitucional contribuye a disminuir la incertidumbre jurídica y permite conferirle a la JEP un marco jurídico claro sobre sus procedimientos y su funcionamiento, subrayó este jueves un comunicado la Misión de la ONU de Verificación al cumplimiento del Acuerdo de Paz.
En opinión del máximo organismo internacional la puesta en marcha de la estatutaria de la JEP beneficiará no solo a los excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo que hicieron dejación de armas, sino también a los miembros de la fuerza pública y a los terceros civiles que se han acogido a la justicia transicional.
Añade la ONU que la pronta puesta en vigencia de ese marco jurídico permitirá preservar la autonomía e independencia de la JEP, principios que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha llamado a respetar.
También hoy la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional de declarar nulas las objeciones a la JEP en el Congreso.
‘Se nos entrega por fin el instrumento con el que completamos el marco normativo y que nos da la posibilidad, aún más, de garantizar principios esenciales como el debido proceso, seguridad jurídica, avanzar con más celeridad, siempre manteniendo el rigor en los casos que nos corresponden’, expresó Linares.
