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San Juan / Prensa Latina
Néstor Rosa-Marbrell
Al igual que durante el trágico huracán María en 2017, la corrupción es hoy el centro de la crisis de la Covid-19 en Puerto Rico, al detectarse la tentativa de defraudar 38 millones de dólares al gobierno.
La concesión de un contrato la semana pasada a una empresa de construcción para la compra millonaria de pruebas de detección de la Covid-19, ha colocado a la gobernadora boricua Wanda Vázquez Garced en una frágil posición después de haberse consolidado en el cargo, que asumió en agosto de 2019 luego del derrocamiento popular del mandatario Ricardo Rosselló Nevares.
La compañía beneficiada, Apex General Contractors, sin ninguna experiencia en el ramo médico, recibió 19 millones de dólares, la mitad del dinero del contrato de 38 millones, para adquirir las pruebas para detectar el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que ha producido 51 muertes en esta isla del Caribe de 3,2 millones de habitantes.
La millonaria suma adelantada por el gobierno puertorriqueño pudo recuperarse debido a que el Oriental Bank frenó una transferencia a una institución de Colorado, en Estados Unidos, dio aviso de la irregularidad a las autoridades federales y congeló la cuenta de la empresa Apex.
Tal acción destapó que ejecutivos de Apex General Contractors tienen vínculos estrechos con el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), de gobierno, al que aportan dinero, y que la firma en el contrato había sido falsificada, según lo constató el empresario Aaron Vick.
Además, la gestión de compra en Australia nunca se hizo, a pesar de que se prometió tener un millón de pruebas a un coste original de 42 dólares cada una, la que rebajaron a 38 dólares, cuando en realidad ese producto tiene un valor promedio de 10 dólares en el mercado.
La gobernadora Vázquez Garced defendió con fiereza la transacción, que involucró a funcionarias de su entorno, además de la recomendación del portavoz del task force médico, Segundo Rodríguez Qulinchini, ignorando a la ministra en funciones de Salud, Concepción Quiñones de Longo.
La funcionaria, que dejó el cargo en silencio y dijo a los periodistas que preguntaran ‘a la señora Gobernadora’ la razón de su dimisión, posteriormente reveló que se le quiso forzar desde La Fortaleza, sede del ejecutivo, a firmar en 21 minutos un contrato del cual no tenía ningún conocimiento.
Luego, la mandataria puertorriqueña trató de desprestigiar a la doctora Quiñones de Longo, quien llevaba más de 40 años en el Ministerio de Salud y es madre de su ministra de Justicia, Dennise Longo Quiñones, quien ha guardado silencio, mientras la fiscal Phoebe Isales conduce una pesquisa en torno al contrato.
En una investigación que conduce la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que preside el diputado oficialista Juan Oscar Morales, quedó en evidencia que el trámite del multimillonario contrato se hizo en apenas seis horas en un mismo día, cuando por lo general toma días si no semanas por la magnitud, además de que involucró a siete agencias del gobierno que le dieron paso de modo expedito.
La situación ha llenado de indignación al pueblo puertorriqueño que realizó en este día la primera protesta, pese al cierre de emergencia y el toque de queda por la Covid-19 para exigir que se atienda la crisis y se frene la corrupción, que ha sido comparada con la del gobernador Rosselló Nevares en medio del caos ocasionado a partir de septiembre de 2017 por los huracanes Irma y María, con un saldo de alrededor de cuatro mil muertes.
