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Congresistas piden: Informes que muestren la realidad de las condiciones carcelarias en El Salvador. Acceso de congresistas de EUA y ONU a las cárceles salvadoreñas. Que no se siga deportando a más personas de EUA a El Salvador para encerrarlos.
Redacción Nacionales
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Al menos 18 congresistas demócratas de Estados Unidos han solicitado al secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que emitan un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en las cárceles de El Salvador; también, pidieron no enviar a deportados desde EEUU a prisiones salvadoreñas.
Esta solicitud se conoció desde el sitio oficial del representante James P. McGovern, miembro del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes y copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos.
McGovern, junto con otros 17 miembros de la Cámara de Representantes, ha escrito una carta al secretario de Estado, Marco Rubio y a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem en la que pide que aborden las “condiciones espantosas” en las cárceles salvadoreñas que “violan” las normas internacionales de derechos humanos.
Los congresistas señalan en la misiva que las condiciones carcelarias en El Salvador representan no solo “la crueldad” que amenaza la dignidad humana, sino también “graves violaciones” por parte de El Salvador de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Los funcionarios señalaron que, Estados Unidos, como parte de la Convención contra la Tortura, “está obligado” a no enviar a una persona a un país en el que haya motivos sustanciales para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.
Es de recordar que en marzo de este año, la administración Trump envió a más de 250 personas de origen venezolano y salvadoreño para ser recluidos en el Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT). Los congresistas señalaron que observadores internacionales de derechos humanos han documentado “condiciones horribles” en cárceles de todo El Salvador.
De hecho, organizaciones como CRISTOSAL, que cerró sus operaciones en El Salvador, documentó torturas y malos tratos dentro de las cárceles sobre todo a los que nada tenían que ver con pandillas que fueron detenidos arbitrariamente bajo el régimen de excepción
“Los relatos de primera mano de Kilmar Ábrego García, residente legal de Estados Unidos, y otros liberados de la CECOT incluyen relatos de maltrato psicológico y físico, incluyendo golpes, privación del sueño, aislamiento, privación de tratamiento médico y agresión sexual”, comentaron los funcionarios.
Kilmar Ábrego García es un salvadoreño que tenía protección especial en EUA para no ser deportado; sin embargo, con las redadas de la administración Trump, este fue enviado al CECOT acusado de pertenecer a la MS-13, a pesar que se fue del país, huyendo de las pandillas salvadoreñas. Ábrego García fue retornado a EUA luego de una resolución judicial; sin embargo, enfrenta proceso de deportación a Uganda.
En concreto, la carta enviada a Rubio y a Noem pide informes que muestren “la realidad de las condiciones carcelarias en El Salvador”. Piden que EUA demanden al gobierno salvadoreño que dé acceso a las cárceles a diplomáticos de Estados Unidos. Esto, ya que diversos funcionarios de ese país han visitado al país para inspeccionar las cárceles o visitar en su momento a Kilmar Ábrego García, cuando se encontraba detenido en El Salvador, pero se les ha negado el acceso.
También, pidieron al secretario de Estado y a la secretaria de Seguridad que le pidan al GOES que permita el acceso a los observadores de derechos humanos de la ONU.
Los congresista también piden al secretario de Estado y Seguridad que se deje de deportar a más personas desde los Estados Unidos a El Salvador con fines de detención en una prisión de El Salvador.
Los Estados Unidos no deben ser cómplices de la tortura de individuos encarcelados. Tampoco debe permanecer en silencio cuando un gobierno de un país, especialmente uno que Estados Unidos está pagando por el propósito expreso de albergar a tales deportados, incumple repetidamente estándares mínimos para condiciones carcelarias humanas, concluyen los miembros del Congreso en su carta.
