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Organizaciones sociales y pobladores de algunos municipios de Chalatenango denuncia intimidación y toma de escuelas y casas comunales por parte del ejercito. “Es solo una excusa” mencionan representantes de comunidades haciendo referencia al cerco sanitario ubicado en comunidades fronterizas de Chalatenango. Foto Diario Co Latino/Fernando Velásquez

Comunidades piden cese a la intimidación en Chalatenango

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

Mujeres de diversas organizaciones sociales y comunidades exigieron al presidente de la República, Nayib Bukele, el cese a lo que consideran una “intimidación” por parte del ejército y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a los habitantes de los municipios de Arcatao, San Fernando, Nueva Trinidad y San Ignacio en Chalatenango.

“Denunciamos enérgicamente este hecho que lamentablemente nos recuerda y abre heridas de hechos dolorosos del pasado, que deseamos no se vuelva a repetir, debido a que se están dando una serie de violaciones de derechos humanos ante el hostigamiento de elementos militares a personas pobladoras humildes y trabajadoras, que a diario llevan el sustento a sus familias”, declaró Zulma Hernández, vicepresidenta de CRIPDES.

Al mismo tiempo, rechazaron las reiteradas declaraciones y señalamientos del presidente Nayib Bukele, sobre el supuesto “comercio de drogas” en la zona, sin mayor fundamento, agregó Hernández, al considerar que la medida obedecía más al marco electoral en busca de votos, en contraposición de los derechos constitucionales de los pobladores de la zona.

“El conflicto de los bolsones fronterizos, entre Honduras y El Salvador afectó a estas comunidades seriamente y como resultado a cientos de familias salvadoreñas que quedaron divididas, a partir del fallo de la Corte Internacional (con sede en La Haya, Holanda) en 1992, le cedió parte del territorio salvadoreño a Honduras y todos esos salvadoreños que permanecen en territorio hondureño, tienen el derecho a su doble nacionalidad y por tanto, pueden recibir educación, atención médica y trámites legales en el país”, indicó.

Rubia Guardado -de la CCR Chalatenango- narró cómo los alcaldes de estos municipios se reunieron para hablar del retiro de la presencia militar en la zona, porque la pandemia COVID-19 había bajado y se necesitaba que los campesinos y campesinas realizaran sus actividades diarias, sin restricciones de tránsito en la frontera.

“Ellos enviaron una carta al presidente Bukele, una carta para que las personas tuvieran su paso libre, y luego el presidente escribe en su cuenta de twitter y los señala como narcotraficantes y que son los responsables del paso de la droga y eso. Los alcaldes se pronuncian ante la difamación que hizo. El alcalde de Arcatao (Alberto Avelar) le dijo que revisara su casa y que le dijera cuáles eran las mansiones que tenía, porque algunos alcaldes ni casa propia tienen. Claro, si él (presidente Bukele) conociera nuestra realidad, no acusaría de esto”, manifestó.

Y como resultado de este intercambio en las redes sociales, llegaron posteriormente tres aviones militares con tropa al municipio de Nueva Trinidad, en donde se tomaron las escuelas y casas comunales, que ha militarizado la zona. Lo que ha generado situaciones de violencia contra las personas que cruzan a diario la zona.

“Les exigen DUI (documento único de identidad), les revisan las cosas que llevan o compras, no hay paso libre. Incluso, el domingo 25, que íbamos para Arcatao, no nos querían dejar pasar y tuvimos que pelear con la Policía Nacional Civil, para que nos diera paso, porque es una calle libre y podemos transitar, porque creemos que hay democracia en este país. No nos pueden impedir de ir de un municipio a otro a una actividad. Nosotros creímos que el presidente Bukele iba a entender la situación de esos salvadoreños en la zona fronteriza; pero no, todo se ha convertido en un capricho y ha violentado a los alcaldes con difamaciones, así como la falta de respeto a los ciudadanos de Arcatao, Nueva Trinidad y San Fernando”, consideró Guardado.

María Orellana, presidenta de PROVIDA, señaló en cuanto a los derechos de las mujeres que el pasado viernes 23, con la llegada de la tropa militar, muchas de ellas, que aún guardan los sucesos del conflicto armado, se vieron en una situación de estrés emocional y con temor por sus vidas y la de sus hijos e hijas.

“Hay secuelas aún del conflicto armado y muchas han revivido, la situación del pasado y temen también por sus hijos e hijas, que cuando llegaban los batallones y se quedaban apostados y vuelva a pasar lo que ocurrió en el pasado, que los detenían y los acusaban de comunistas, claro ahora puede ser de tráfico de drogas y genere más violencia. Y ellas, ante esta situación, piden que retiren a los militares de la zona, porque la presencia genera más inseguridad que tranquilidad para esas familias”, sostuvo Orellana.

En conjunto CRIPDES, CORDES, PRO VIDA, CCR, Ciudades Hermanas y SHARE El Salvador señalaron al presidente de la República, Nayib Bukele, que ejercer controles sanitarios o de seguridad no justifica el uso de acciones represivas contra la población. Como la utilización de centros educativos ocupados por ejército en Santa Lucía, Nueva Trinidad y en Arcatao, El Portillo y El Pepeto.

Por tanto, reiteraron la demanda del retiro de los cuerpos militares y la implementación de un plan de seguridad sanitaria en coordinación con las autoridades civiles de la zona. Así también, el restablecimiento de las condiciones para garantizar los derechos económicos y sociales de las familias afectadas por la disputa territorial entre Honduras y El Salvador, así como la asignación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).

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