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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Con un plantón frente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) organizaciones sociales, ADESCOS y juntas de agua, rechazaron la “consulta ciudadana” que realizará el proyecto La Granjita El Progreso SA de CV, por no contar con la participación de la mayoría de los pobladores del cantón Platanares, del municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán.
El argumento de los comunitarios sobre el proyecto de Impacto Ambiental de La Granjita, que exige el ministerio de medio ambiente y recursos naturales, en cumplimiento del artículo 25 de la ley de medio ambiente, para conceder el permiso de funcionamiento, no cumple con los estándares exigidos.
En su manifiesto, las comunidades retoman la constitución de la república de El Salvador, que en su artículo 1, reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado y en seguimiento de la seguridad jurídica y bien común, el acceso al agua potable para el consumo humano, se acrecenta como prioridad.
Sobre la consulta territorial afirmaron que fue “simulada” ya que solo contó con la opinión de 27 personas, elegidas de manera selectiva, que tiene propios intereses y dejando en vulnerabilidad a las comunidades, que se encuentran en los alrededores. Además de no visibilizar las estructuras organizativas legalmente compuestas en las comunidades, que si cuentan con trabajo territorial y colectivo desde mucho tiempo atrás.
Asimismo, denunciaron que La Granjita El Progreso inició operaciones desde el año 2014, cuando aún no contaba con los permisos ambientales, además de no presentar la “carta de no afectación” de ANDA o el permiso de la dirección de ordenamiento forestal, el de cuencas y riego del ministerio de agricultura y ganadería, que por la perforación de pozos vulnera el abastecimiento del vital líquido de las comunidades, la presencia de malos olores y la contaminación de cuerpos de agua cercanos al proyecto.
Cifras presentadas por los comunitarios, en el documento entregado al MARN, detallan además la sobreexplotación de los mantos acuíferos, como un pozo de agua para abastecerse como empresa de más 200 metros de profundidad, del cual, extraen 50 metros cúbicos de agua al día, sin ninguna autorización de las autoridades competentes y vulnera alrededor de 20 familias, al hacer uso de forma indiscriminada del recurso natural. Por tanto, exigieron a las autoridades de Medio Ambiente, que no se otorgue el permiso ambiental y procedan al cierre total de las operaciones de la misma, ya que representa una clara amenaza a la vida de más de veinte comunidades. Y reiteraron el llamado para alcanzar la justicia y disminuir la impunidad ambiental, como se enmarca en un Estado de Derecho.
