Redacción Nacionales
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Bajo el lema “Porque el silencio no es una opción, porque nos duele El Salvador”, el Comité de salvadoreños en Euskal Herria se concentró en una de las plazas de Bilbao, del País Vasco, donde se pronunciaron contra la política implementada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Además, pidieron la liberación de los presos políticos, defensores de derechos humanos detenidos arbitrariamente bajo el Régimen de Excepción. El Salvador está gobernado por Bukele, un dictador, que ha sometido a torturas a miles de personas, más de 400 han muerto en centros penales, que son delitos de lesa humanidad, manifestó el Comité.
En la actividad pública denunciaron que entre los capturados están, Ruth López, Fidel Zabala, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y Enrique Anaya, encarcelados por denunciar la corrupción gubernamental, el saqueo medioambiental y las violaciones de derechos humanos en comunidades rurales.
Estas personas son presas y presos políticos porque están detenidos a causa del trabajo de defensa de los derechos humanos, como por ejemplo, la investigación y denuncia de la corrupción del gobierno, el acompañamiento a comunidades que se oponen a la actividad minera y proyectos turísticos, urbanísticos o agroindustriales en el país.
“Porque el silencio no es una opción, porque nos duele El Salvador, nos solidarizamos con los encarceladas por su trabajo de defensa y los derechos humanos, y las más de 86.000 personas detenidas, generando una crisis y una avalancha de denuncias por torturas, tratos crueles inhumanos y muertes bajo custodia estatal”, externaron.
Los salvadoreños radicados en el País Vasco señalaron que las reformas de Bukele para lograr concentrar el poder legislativo, ejecutivo y judicial, junto con la política de militarización del país, son la expresión más clara y preocupante de una intención de consolidación del régimen sobre bases autoritarias.
Asimismo, denunciaron que el régimen de excepción aprobado en marzo de 2022, y continúa vigente, es uno de los principales medios utilizados para este fin, un régimen bajo el cual han sido detenidas más de 86 mil personas, el 2.6% de la población adulta del país.
“Rechazamos la narrativa negacionista de la memoria histórica del conflicto y la convivencia con un ejército que tiene deudas con la verdad, la justicia y la reparación de miles de víctimas de graves hechos ocurridos durante la guerra”, aseguraron los representantes del Comité.
Recalcaron que la involución democrática se expresa también en el protagonismo otorgado al ejército, aumentando sus efectivos, presupuestos y funciones de seguridad pública, todo ello contrario a los Acuerdos de Paz.
Además, criticaron la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, una herramienta legal para asfixiar a las organizaciones sociales que reciben cooperación internacional, esta ley permite cerrar ONGs y castigar a quienes denuncian los abusos del gobierno.
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