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Colegio de profesionales de economía sugiere derogar la Ley Bitcoin

Licenciada Norma Guevara de Ramirios

El 14 de junio pasado, cinco días después de que se aprobara la ley que obliga a usar el bitcoin como moneda de curso legal, el Colegio de Economistas (COLPROCE) se pronunció.

COLPROCE sugiere, entre otros aspectos, derogar la ley y abrir un espacio de discusión con sectores sociales y económicos, para llegar a acuerdos sobre política económica y social más adecuada para el país.

Los acuerdos, que según COLPROCE deben pactarse, abarcarían lo concerniente a las finanzas públicas y deuda; a los aspectos monetarios y financieros; a las medidas para la reactivación económica, la generación de empleo, el aumento de los ingresos de la población y la reducción de la pobreza. Todo esto, de llevarse a cabo, sería una agenda de enorme valor para la vida de las y los salvadoreños.

Es evidente que desconocemos, como pueblo, la existencia de un plan de gobierno que abarque y clarifique las medidas de política social y económica, para enfrentar estos problemas en el país, pues está claro que unos aspectos y otros se vinculan, de modo que tocar unilateralmente uno de ellos, como el que se comenta (política monetaria y cambiaria), afecta todo lo demás, y nadie ha explicado la visión que tiene el gobierno y las fuerzas políticas y actores económicos que le apoyan, sobre los impactos posibles en la sociedad  y a lo largo del tiempo.

El colegio de economistas recalca, que el desarrollo de la economía necesita un sistema monetario estable, como el que ya se tiene (antes de la ley bitcoin), pero que es más importante fortalecer el aparato productivo y generar confianza, y fomentar la inversión pública y privada, nacional y extranjera, a lo cual no contribuye la citada ley, afirman.

Como todas las personas y entidades que al momento se han pronunciado ante la  actuación de la Asamblea Legislativa y del presidente Bukele, los economistas señalan la falta de estudios que demuestren su viabilidad y pertinencia para la economía nacional, y advierten la existencia de opiniones dentro y fuera del país, de expertos en economía monetaria y financiera, que coinciden en que la volatilidad de esa moneda pone en riesgo la estabilidad económica, esto a partir de la volatilidad cambiaria y el posible uso para operaciones ilícitas.

COLPROCE señala la ausencia de debate para aprobar esta medida, que recuerda el momento en que, bajo la administración de Francisco Flores, de ARENA, se aprobó la dolarización.

En verdad, cuando nos impusieron la ley de integración monetaria, el pueblo fue engañado sobre las supuestas virtudes que traería la circulación del dólar. Aquella ley dejó establecido que circularían el colon y el dólar, pero el Banco Central recogió en breve tiempo los colones y, en la practica, quedó solamente el dólar y la obligación de fijar los precios teniendo como referencia el colon a una tasa de cambio fijo.

El agravante de la ley recién aprobada, que impone una criptomoneda digital, es que carece de respaldo y no está reconocida por otras autoridades en el exterior, lo que haría imposible pagar en el exterior con esa moneda. Hay que hacer notar que la ley deja al dólar como moneda de referencia, sin clarificar si con ello se derogan partes de la Ley de Integración Monetaria.

Como ciudadana, preocupada por el agravamiento de la pobreza, por la pérdida de empleos, por el alto costo de la vida, expreso mi respaldo a la sugerencia de derogar esa ley que ha hecho COLPROCE, les felicito por el enfoque integral y sereno de su posicionamiento, que refleja una alta responsabilidad.

Derogarla sería lo más conveniente para el país, y el presidente Bukele debería escuchar esas voces y tener el valor de corregir el camino de incertidumbre que provoca la aprobación de su iniciativa.

Felicito a los profesionales de la economía y el derecho que nos ilustran sobre los problemas que representa el cambio que promueve la presidencia; a los ingenieros que anticipan las dificultades y las muchas preguntas sin respuesta que dejan los 16 artículos que contiene la ley.

Hay que reconocer que esta preocupación es tan grande y general, que hasta parece dejar de lado otros problemas acuciantes, como el incremento de contagios por COVID-19, las afectaciones a la salud por la incapacidad de recoger los desechos sólidos, las inundaciones, la delincuencia, la violencia contra las mujeres, la emigración por amenazas y por falta de empleo y tantos otros problemas reales, que difícilmente se resuelven con propaganda gubernamental.

Es imperativo que la academia, las universidades, especialmente la Universidad de El Salvador, asuman el papel de ser luz con el conocimiento ante estos problemas que nos aquejan.

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