La clase trabajadora salvadoreña se expresa ante el riesgo de flexibilización y retroceso histórico

Luis Rafael Moreira Flores

Colaborador

En un contexto de creciente incertidumbre sobre el futuro de los marcos regulatorios del empleo en El Salvador, diversas organizaciones agrupadas en el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) llevaron a cabo el foro titulado “Derechos Laborales o Esclavitud Moderna”. Durante el encuentro, voceros sindicales, activistas y defensoras de los derechos de las mujeres presentaron rigurosos análisis históricos, legales y de género.

El evento sirvió como escenario para advertir sobre las amenazas implícitas en iniciativas que buscan alterar la jornada de trabajo legal. Héctor Rodríguez, representante del Movimiento de Trabajadores Despedidos y vocero del MDCT, enfatizó la imperiosa necesidad de que la clase trabajadora se mantenga alerta y organizada activamente.

“Nosotros tenemos que estar pendientes de los cambios en El Salvador y el mundo, además de seguir estudiando la Constitución para saber qué es lo que quieren cambiar; eso nos da la pauta del futuro que quieren imponer desde el sistema”, dijo.

El MDCT contextualiza cómo la norma universalmente reconocida de los “tres ocho” —ocho horas de trabajo, ocho de recreación y ocho de descanso— no fue una concesión patronal, sino el fruto de décadas de luchas obreras. Desde su formulación inicial por Robert Owen en 1817, pasando por la Primera Internacional de 1866 impulsada por Karl Marx y la gesta heroica de los Mártires de Chicago en 1886, el principio se consolidó a escala global en 1919 con el Convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En El Salvador, dicho avance se consagró a nivel constitucional en 1950, manteniéndose vigente en la Carta Magna de 1983 (artículos 38 y 52) y en el Código de Trabajo (artículo 161).

Señalaron que, mientras diversas naciones como Francia, Ecuador, Chile, Colombia y México avanzan decididamente hacia la reducción de la semana laboral a rangos entre 35 y 40 horas, además de promover leyes de desconexión digital, El Salvador transita en dirección opuesta.

La realidad nacional está marcada por una severa precarización en sectores como la seguridad privada, la docencia, el trabajo doméstico, la hostelería y los centros de llamadas (call centers). En estos rubros proliferan salarios por debajo del mínimo, extensiones de jornada de 12 a 48 horas sin pago de horas extraordinarias, falta de afiliación al seguro social y un alto índice de padecimientos asociados al cansancio extremo.

Ante las intenciones manifestadas de implantar jornadas diarias de hasta 11 horas, el MDCT alertó que dicho esquema fracturaría de manera irrenunciable el orden legal vigente. Transformar las horas extras en un régimen permanente resulta contradictorio con la ley y pone en inminente peligro el disfrute del descanso semanal compensatorio.

La falacia de la flexibilidad y su impacto diferenciado en las mujeres

La dimensión de género ocupó un lugar central durante las intervenciones del foro. Roxana Rodríguez, integrante de la Asamblea Feminista, expuso el tema “La falacia de la flexibilidad y el impacto de las jornadas extendidas en las mujeres salvadoreñas”, centrándose en el deterioro físico y psicosocial que sufren las trabajadoras.

“Este ejercicio va enfocado en descubrir las consecuencias del estado de salud principalmente de las mujeres; ya que las mujeres trabajan remuneradamente, trabajan doblemente en su hogar, además de un triple trabajo, el voluntario en la comunidad, la iglesia, la escuela, entre otros. El trabajo por amor es trabajo no remunerado”, sostuvo.

El análisis de Rodríguez desmitificó el discurso comercial de la “flexibilidad laboral”, el cual promete conciliar la vida laboral y familiar; pero, en la práctica, constituye un mecanismo para reducir costos corporativos a expensas de los derechos adquiridos. Este modelo fomenta la falta de contratos fijos, la pérdida de cobertura de pensiones y salud, la normalización del acoso laboral y la denegación de licencias de maternidad, empujando a miles de mujeres hacia la informalidad.

Cifras oficiales de la Encuesta de Uso del Tiempo 2022 del Banco Central de Reserva sustentaron esta denuncia: mientras las mujeres con trabajo remunerado dedican un promedio de 4 horas y 31 minutos diarios a tareas del hogar no remuneradas (frente a 2 horas y 47 minutos de los hombres), la carga total femenina asignada a labores domésticas alcanza las 6 horas con 20 minutos diarios a nivel general, elevándose a 7 horas y 2 minutos en el tramo de edad de 30 a 39 años.

Asimismo, se destacó que en sectores clave como las Zonas Francas, donde más del 55 % de la fuerza laboral son mujeres jefas de hogar, predominan desórdenes musculoesqueléticos, desgaste físico y fatiga crónica por movimientos repetitivos.

A esto se suma una brecha salarial persistente donde las mujeres perciben entre un 24 % y un 36 % menos que los hombres en puestos de igual valor, despojándolas del tiempo libre necesario para la participación cívica, comunitaria y su propio autocuidado.

Una propuesta ciudadana por la reducción de la jornada y el trabajo digno

Frente a este escenario, calificado con un nivel 4 de 5 en violaciones sistemáticas a los derechos laborales por la Confederación Sindical Internacional (CSI), las organizaciones presentaron la “Propuesta Nacional de la Clase Trabajadora por la Reducción de la Jornada, el Salario Digno y la Defensa del Tiempo de Vida”.

Sonia Viñerta, representante de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, contextualizó el clima de resistencia en el que surge la iniciativa.

“Esta propuesta nace por la defensa de las libertades conquistadas, en un país en donde de todas las formas han tratado de borrar a los sindicatos —y lo han logrado—; vemos sindicatos patronales, sindicatos desaparecidos jurídicamente y otros que solo existen por sus siglas. Además, están las organizaciones sindicales que seguimos en resistencia”, afirmó.

La propuesta articulada por la clase trabajadora se fundamenta en la Recomendación 116 de la OIT y el concepto de Trabajo Decente, sobre la base de siete principios rectores: no regresión laboral, reducción efectiva, salario íntegro, creación de empleo, corresponsabilidad empresarial, decisión colectiva e igualdad sin discriminación.

Técnicamente, el plan rechaza tajantemente la jornada de 11 horas diarias y postula una reducción progresiva del tiempo de trabajo sin reducción de sueldos. La primera etapa es sobre la reducción inmediata de la semana laboral de 44 a 40 horas, para seguir con la disminución progresiva a 36 horas semanales mediante acuerdos sectoriales.

La tercera etapa está enfocada en la transición hacia una jornada de 30 horas semanales (preferentemente 5 días de 6 horas) o la opción de una semana comprimida de 32 horas (4 días de 8 horas) con 3 días de descanso rotativo y salario íntegro.

Finalmente, las gremiales dirigieron un decálogo de exigencias al Consejo Superior del Trabajo (CST), demandando la publicación transparente de cronogramas, actas y estudios técnicos sobre transporte, salud e impacto económico antes de enviar proyectos a la Asamblea Legislativa.

Asimismo, exigieron la participación real de los sindicatos independientes, el pago estricto de horas extras y nocturnidad, el establecimiento de redes públicas de cuidado y guarderías infantiles, y la garantía plena del derecho a la desconexión digital para salvaguardar la salud mental y física de la población trabajadora.