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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Ante la gravedad de las denuncias recibidas durante los más de siete meses del Régimen de Excepción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó al Estado que tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas en su jurisdicción, pero debe hacerlo con respeto a los derechos humanos y tratados internacionales de los que es parte. La CIDH reconoció la violencia e inseguridad vinculado al actuar del crimen organizado y las pandillas en El Salvador, el cual limita y dificulta el goce y el ejercicio de los derechos humanos en el país, sin embargo, las políticas públicas sobre seguridad ciudadana deben dar respuestas eficaces y eficientes a las demandas de una sociedad democrática, desde un enfoque integral sobre las causas y consecuencias de la criminalidad.
Asimismo, mostró su preocupación por las detenciones masivas y presuntamente arbitrarias, así como el incumplimiento de las garantías judiciales, debido al Régimen de Excepción aprobado desde hace siete meses.
La CIDH exhortó a que toda política de seguridad ciudadana y penitenciaria se adecuen al marco normativo, así como a los estándares interpretativos desarrollados por los órganos principales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
De conformidad con las obligaciones internacionales de derechos contraídas voluntariamente, El Salvador tiene el deber jurídico de asegurar, incluso, bajo el Régimen de Excepción, las garantías judiciales, el debido proceso y el acceso a un recurso adecuado y efectivo, con el fin de garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada en el estado de derecho por la Convención Americana.
La suspensión de derechos y garantías constituye una disposición para circunstancias extraordinarias y no un medio para enfrentar el crimen común, por lo que el Estado de El Salvador debe asegurar que los regímenes de excepción cumplan los requisitos del artículo 27 de la Convención Americana.
La prisión preventiva es una medida de carácter excepcional y se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, señala.
La CIDH expresó que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben limitar el uso de la fuerza por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad; para restringir el derecho a la libertad personal, el Estado debe fundamentar y acreditar, en cada caso, la existencia de indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la conducta delictiva de la persona y que la detención sea estrictamente necesaria.
El Estado indicó a la Comisión que ha adoptado y mantiene un estado de excepción, para responder a la violencia y complejidades del fenómeno de las pandillas, cuyos crímenes no son delincuencia común, destacando la reducción significativa de las tasas de criminalidad desde la implementación de dicha medida.
La Comisión Interamericana reiteró al Estado salvadoreño su disposición para una visita al país, y colaborar técnicamente la implementación de los estándares interamericanos.
Maestra detenida
El Frente Magisterial Salvadoreño condenó la detención de la maestra Reyna Vanessa Alvarado Hurtado, quien labora desde hace más de 10 años en la Escuela Municipal Ciudad Futura Fase 1, Cuscatancingo; por lo cual, exigió el respeto a la integridad física y moral de la profesora.
La detención ocurrió cuando la docente se dirigía hacia la escuela que se encuentra contiguo a la delegación policial de la zona, donde un agente la llamó y le manifestó que quería hacerle un par de preguntas. Desde la 1:30 de la tarde del jueves pasado fue arrestada bajo la medida del Régimen de Excepción.
Según información del Ministerio de Justicia y Seguridad, desde el 27 de marzo, 57,007 personas han sido detenidas, de las cuales, al menos 47,983 están bajo prisión preventiva; sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han denunciado violaciones a las garantías judiciales y al derecho a la protección judicial.En muchos casos las detenciones en los últimos meses se basan en llamadas anónimas o percepciones sobre la pertenencia a grupos criminales en razón de su apariencia o lugar de residencia.
Así ocurrió en la Comunidad la Canoa, jurisdicción de Jiquilisco, departamento de Usulután, hace más de una semana, cuando efectivos de la naval capturaron ocho niños que habían participado en la puesta en escena de obra de la realidad nacional.
