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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los Estados miembro a que “aseguren acceso a procedimientos justos y efectivos para el reconocimiento de la condición de personas refugiadas”. Así lo establece el reciente documento oficial de la entidad regional en el marco de la conmemoración de el “Día Mundial de la Persona Refugiada”.
La CIDH destaca la importancia de aplicar “garantías al debido proceso” así como incorporar el enfoque de derechos humanos y otras orientaciones diferenciadas de protección, partiendo de la interseccionalidad.
“Durante los últimos años, la CIDH ha observado un incremento progresivo en el número de personas que se desplazan de manera forzada en la región. En América, el número de personas refugiadas y otras que necesitan protección internacional aumentó en más de 6 millones, representando un incremento de 146%”, destaca el Informe Semestral de Tendencias de ACNUR.
El informe de ACNUR detalla que durante los primeros seis meses del 2022, al menos 2 de cada 5 nuevas solicitudes de asilo en el mundo fueron presentadas por personas provenientes de América Latina y el Caribe. Así también, expresaron la necesidad de fortalecer las “estructuras de protección”, debido a las persistentes causas profundas que generan el “desplazamiento forzado”, como la violencia, inseguridad, conflictos, desigualdades , persecución y violaciones a los derechos humanos.
Una de cada seis personas es asistida por ACNUR en todo el mundo. Pero, los movimiento migratorios mixtos a gran escala incluyen a personas que se desplazan a causa de distintos factores y con diferentes necesidades de protección, acota.
Por provenir de distintas regiones de Latinoamérica, el Caribe y otros continentes terminan impactando también en los contextos políticos, económicos, sociales y ambientales de los Estados involucrados en el “ciclo migratorio” lo que supone retos para asegurar la atención integral de estas personas, agrega. El Informe Anual de la CIDH es un instrumento de referencia regional que le provee de información sobre la situación de derechos humanos en el hemisferio, que si bien presenta algunos avances, también plantea “retos y desafíos” de los Estados miembro de la OEA.
“En cuanto a los refugiados existe una persistencia de prácticas que limitan el acceso al territorio de los Estados para solicitar protección. Y existe una tendencia creciente de adoptar políticas migratorias que incluyen la externalización del control migratorio y del procesamiento de solicitudes de asilo”, indica. “La utilización de las fuerzas armadas, policías militares y otros cuerpos de seguridad con perfil y formación militar en tareas de gestión migratoria fronteriza; así como la implementación de procedimientos acelerados de expulsión, a los países de origen e incluso a terceros países, sin asegurar las garantías del debido proceso y la necesidad de canales regulares para la movilidad internacional”, acotó la CIDH.
Esta situación ha provocado la utilización de rutas más alejadas y peligrosas, expresó la CIDH. Sólo en los primeros meses de 2023, se ha observado una cifra récord de más de 100 mil personas que cruzan la región del Darién (zona selvática), enfrentando graves riesgos relacionados con el paso por terrenos inhóspitos, barreras naturales como grandes ríos, inundaciones repentinas, densa vegetación y animales salvajes.
“Frente a este escenario, la CIDH recuerda que conforme a los Principios Interamericanos, toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero, de acuerdo con la legislación y práctica de cada Estado y los instrumentos internacionales relevantes, y a acceder a procesos justos y eficientes de determinación de la condición de refugiada”, indica.
“Es imprescindible garantizar el no rechazo en frontera o puestos de control migratorio; asegurar la prohibición de expulsión , incluyendo la prohibición de expulsiones colectivas, de personas refugiadas y solicitantes de asilo; y la no sanción por ingreso irregular, así como la no detención migratoria”, indica.
Sobre la situación de la migración forzada en las Américas, la CIDH, propone el documento del Debido proceso en los Procedimientos para la Determinación de la Condición de la Persona Refugiada y Apátrida y el Otorgamiento de Protección Complementaria.
“La CIDH ha observado y acompaña también a través de sus mecanismos de monitoreo la situación de desplazamientos forzados debido a desastres naturales en países como Haití. Asimismo, la CIDH viene monitoreando la grave situación de discriminación racial estructural en contra de personas migrantes haitianas, dominicanas, personas de ascendencia haitiana y/o aquellas que son percibidas como tales en la República Dominicana”, expresa.
“Dicha situación se agravó con la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0168/13, del 23 de septiembre de 2013, que redefinió, con efectos retroactivos, el criterio para adquirir la nacionalidad por aplicación del principio de jus soli (derecho del lugar), al dar nueva interpretación al concepto de extranjeros en tránsito, equiparando este concepto con el de extranjero en situación irregular”, manifestó la CIDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó también los procedimientos para el reconocimiento de la condición de “persona refugiada” que son de carácter primordial para dar protección y asegurar el acceso a los derechos fundamentales y la efectiva implementación del derecho humanos con enfoques de protección a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI, personas mayores entre otras personas.
