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Redacción Nacionales
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió analizar de fondo la denuncia presentada por Cristosal el 17 de septiembre de 2021, en representación de 76 jueces, cuyos derechos humanos fueron vulnerados con el cese y traslado arbitrario, mediante la reforma a la Ley de la Carrera Judicial.
La reforma impuso jubilaciones forzosas y afectó la independencia judicial, incluso, en procesos de alta relevancia como el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Además, el cese y traslado arbitrario de estos jueces formó parte del desmantelamiento democrático en el país, que inició con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021.
Entre las afectaciones señaladas está la falta de debido proceso, violación al principio de legalidad, restricción de sus derechos políticos, la ausencia de protección judicial efectiva y la afectación a su derecho al trabajo. Estos hechos constituyen un incumplimiento de las obligaciones del Estado establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La denuncia señala que estas medidas respondieron a un proceso de concentración de poder en el Órgano Ejecutivo y a la eliminación de controles institucionales independientes, lo que debilitó gravemente el Estado de Derecho en El Salvador.
“El análisis de fondo de la CIDH permitirá valorar la importancia de la independencia judicial y del sistema de pesos y contrapesos como pilares esenciales de toda democracia. Asimismo, este proceso puede sentar un precedente significativo para impedir que prácticas autoritarias similares se reproduzcan en otros países”, destacó Cristosal.
A criterio de la CIDH, la información aportada muestra que desde el poder Ejecutivo y Legislativo existió una voluntad de destituir y mantener fuera de sus cargos a las presuntas víctimas, reforzando la percepción de falta de neutralidad.
Asimismo, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fueron nombrados justamente por esa “coalición política”, mediante un procedimiento ampliamente cuestionado, dejando a las víctimas en un estado de indefensión.
Sin embargo, el Estado salvadoreño argumentó que los jueces afectados no agotaron los recursos internos, pero la CIDH verificó que en 2021 una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 144 fue desestimada por la Sala de lo Constitucional nombrada ese mismo año, lo cual redujo a una mera formalidad cualquier intento posterior de las víctimas de cuestionar la medida.
