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Centroamérica, una cordillera volcánica de resistencia social…

German Rosa, s.j.

La democracia en Centroamérica ha favorecido la construcción de sociedades subdesarrolladas “exitosas”. Unos pocos llegan a un grado de desarrollo en el que, en cierto modo, se estancan, mientras que la mayor parte de la población continúa en un estado de subdesarrollo social y económico. El éxito es limitado para un grupo minoritario y el subdesarrollo es para la inmensa mayoría de la población.

La democracia en la región ha demostrado ser eficaz políticamente en la gestión del poder que beneficia a una minoría y ha posibilitado una menor participación económica para la gran mayoría de la sociedad. Esta democracia ha excluido a amplios sectores sociales del desarrollo humano, de los beneficios económicos y financieros. La línea de la pobreza es la frontera real entre los que se han beneficiado de esta democracia y los que han sido excluidos y marginados.

Las deficiencias democráticas y las tendencias observables plantean grandes desafíos políticos para la imaginación de las sociedades latinoamericanas y del Caribe. La política es un ámbito o espacio privilegiado para responder a estos retos con imaginación y audacia para la gobernabilidad. Centroamérica es una cordillera volcánica de grandes erupciones de capacidades y de posibilidades. En realidad, se debe soñar una Latinoamérica apropiándose de sus posibilidades y creando otras nuevas que tomen en cuenta el sentir de los sectores más vulnerables, los empobrecidos, los excluidos y los sin poder. Podemos ser verdaderamente aquellos portadores de sueños que, tal como bellamente escribía la poetisa Gioconda Belli, “cultivaban jardines de sueños y los exportaban con grandes lazos de colores, y los profetas de la oscuridad se pasaban noches y días enteros vigilando los pasajes y caminos buscando esos peligrosos cargamentos que nunca lograban atrapar, porque el que no tiene ojos para soñar no ve los sueños ni de día ni de noche…”.

Trataremos algunos de los desafíos de la democracia hoy en nuestra querida Centroamérica, y también en América Latina.

a) Buscar una relación amigable con la naturaleza y cuestionar el extractivismo.

La explosión social en Nicaragua, que ha persistido por más de dos meses, tuvo como uno de los detonantes principales el incendio de la reserva ecológica llamada “Indio Maíz”. Junto al tema de la reforma de la seguridad social que fue derogada al principio de la crisis por el presidente Ortega. El deterioro medioambiental fue una de las gotas que hizo que se derramara el agua del vaso, fue uno de los factores que propició la erupción de la resistencia social en Nicaragua después del malestar acumulado desde que el presidente Daniel Ortega asumió el poder en el año 2007 hasta el año presente. Tal como se dio a conocer: “según las cifras oficiales, el fuego ha afectado 3,585 hectáreas. Los ambientalistas, sin embargo, aseguran que es mucho más: 5,400 hectáreas. Los defensores ambientales aseguran que el Gobierno minimiza la situación. Las organizaciones ambientales aseguran que el incendio en la reserva Indio Maíz es una de las consecuencias derivadas de los problemas que afectan la reserva: invasión de colonos, tráfico de tierras, ausencia institucional, falta de saneamiento en territorios indígenas y aperturas de caminos” (https://www.laprensa.com.ni/2018/04/10/nacionales/2401924-todo-sobre-el-incendio-en-la-reserva-indio-maiz).

En El Salvador también se ha evidenciado la resistencia de la sociedad civil ante los proyectos mineros y, ahora, ante la propuesta de la privatización del agua por parte de los empresarios y los partidos de derecha que los representan, que ha sido un detonante de la movilización social en estos últimos meses. En el 2011 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Humanos informó que la calidad de agua de los ríos del país en un 12% era buena, en un 50% regular, en el 31% era mala y en un 7% era pésima. En el país existen 360 ríos que irrigan 10 regiones hídricas, hay 4 lagos naturales y 4 embalses artificiales para generación hidroeléctrica. En la actualidad el 80% del territorio nacional está deforestado y la cobertura vegetal en el país es del 1.1% de la masa boscosa de Centroamérica. Esto puede causar que se sequen las fuentes de agua. El 76.5% de total de hogares salvadoreños cuenta con acceso al agua. En el área urbana solamente el 85.6% cuenta con agua potable, mientras que en el área rural casi 4 de cada 10 familias carecen de acceso de agua por cañería. La mayor demanda de agua potable la constituyen los empresarios agropecuarios, agroindustriales e industriales, y la población en general. La demanda hídrica en el país es de 1,884.4 millones de metros cúbicos al año y está distribuida de la siguiente manera: el 50.5% del agua se distribuye para la agricultura, el 30.6% para uso doméstico, el 13.2% la energía, el 3.7% para la industria, el 2.7% para las especies animales o vegetales y el 0.03% para el turismo. La privatización afectaría enormemente a la población en general. El agua sería más cara y podría escasearse en las comunidades (Cfr. Freedman, E. 36, número 427, Octubre 2017. Una lucha por la vida: agua para todos. Envío, pp. 21-27).

En Honduras la muerte de la lideresa ambientalista Berta Cáceres ha causado mucho repudio y protestas nacionales e internacionales: “Cáceres era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y contaba con una larguísima trayectoria de defensa de los pueblos indígenas a sus espaldas. Llegó a ganar el Goldman Enviromental Prize, el Nobel verde. Tenía cuatro hijos. Todo el mundo sabía que estaba amenazada de muerte por su actividad y cuando se produjo su asesinato decenas de países y personalidades públicas (desde el Vaticano hasta actores como Leonardo DiCaprio) condenaron el crimen y exigieron su resolución” (https://elpais.com/elpais/2018/03/01/planeta_futuro/1519921324_580097.html). Su muerte nos demuestra que la vulnerabilidad social y ecológica es uno de los factores que causan grandes resistencias sociales al modelo de crecimiento extractivista.

El tema medioambiental está vinculado estrechamente a la vulnerabilidad social de la región. Es un tema de supervivencia social, de seguridad ciudadana en una de las regiones más vulnerables ecológicamente y con mayor riesgo de desastres naturales del mundo.

El extractivismo se ha ido aplicando en la región como modelo de desarrollo y crecimiento económico. El extractivismo es un modelo de acumulación basado en la sobreexplotación de los recursos naturales no transformados o ligeramente transformados. Dichos recursos son destinados principalmente para la exportación. Por ejemplo, la extracción minera, la producción de petróleo y de gas, etc.

En América Latina prevalece una dinámica económica fundada en el extractivismo de las riquezas minerales, petroleras o de la producción agrícola. Dependemos de una estrategia del crecimiento económico anclada en la tierra. Y estamos sujetos al ritmo impuesto por las mareas de las alzas y bajas de los precios de las materias primas. A comienzos de los años 80 el 27% de las exportaciones del continente era de materias primas, en el 2009 alcanzó el 40% y llegó a ser el 42% en el 2013. En Sur América en el período del 2012–2013 el 75% de todas las exportaciones eran materia prima. Recordemos que entre el 2011 y el 2015, hubo una caída de los precios internacionales del petróleo, gas y carbón en un 50%.

Centroamérica no escapa a esta tendencia extractivista que implica grandes riesgos económicos y ecológicos. El modelo extractivista implica: altos costos medioambientales; una gran debilidad de las economías nacionales, vulnerables por su dependencia externa; y también, se generan conflictos sociales. Los conflictos socioambientales que se producen por el uso, el control o el destino de la tierra y sus recursos naturales se han multiplicado y se han intensificado en todo el continente. Además, al aplicar este modelo tiene como consecuencias: la pérdida de los territorios de los pueblos indígenas, la inseguridad alimentaria y la desruralización de los países. Otra consecuencia del modelo extractivista es que, con la caída de los precios de los productos minerales y agrícolas, se intensifica más la explotación de estos recursos para compensar la caída de los precios (Cfr. Thomas, F. Año 36, número 421, abril 2017. ¿Un balance de los gobiernos de izquierda. Un modelo alternativo de desarrollo o atrapado en el extractivismo? Envío, pp. 48–54).

b) La justa articulación entre el Estado y el mercado. El neoliberalismo y la globalización económica y financiera han convertido al Estado en un gendarme que garantiza las leyes del mercado. La política se ha subordinado al mercado. Se impone la ley de la oferta y la demanda a la concepción del contrato social. Cuando las cosas van mal en nuestros países la explicación es que algo pasa en la economía, y se argumenta que: “son los mercados”… En nuestros países los políticos tienen que responder a los mercados y no a los ciudadanos. Y con el neoliberalismo se ha convertido al Estado en el problema, se lo ha satanizado, a tal grado que el argumento es: el problema es el Estado y el mercado es la solución. Cuando todo se privatiza, no hay posibilidades de ofrecer servicios públicos. Si hay alguien enfermo y no puede pagar su curación, muere, a menos que exista un sistema de salud nacional gratuito que lo provea el Estado. Pero en nuestro tiempo, el mercado se impone al Estado y a la comunidad o la sociedad en su conjunto. No puede haber Estado sin mercado, pero tampoco mercado sin Estado. El arte de la política consiste en lograr la justa articulación entre el Estado y el mercado para que no se generen dinámicas de exclusión social en el mercado laboral, el mercado de bienes y servicios y los mercados financieros.

Incluso, si hay una justa articulación entre el Estado y el mercado se puede establecer una estructura fiscal progresiva y equitativa ante la tendencia regresiva de las estructuras fiscales, para aplicar políticas redistributivas de la riqueza que generen los recursos necesarios para la inversión social y el desarrollo humano. Obviamente, necesitamos instituciones sólidas democráticamente y un sistema judicial creíble y confiable que depure el Gobierno y las instancias públicas del mal de la corrupción.

c) La valoración de los trabajadores y los empleados ante la devaluación del trabajo. En nuestra época se ha devaluado el trabajo. El siglo XX fue el siglo del trabajo con derechos. En el umbral del siglo XXI estamos entrando en un sistema de trabajo sin derechos. La lógica del capital es reducir costos salariales para incrementar las ganancias de los inversionistas. Incluso se plantea en países desarrollados el tema de trabajar horas extraordinarias sin que se les paguen a los trabajadores. Se impone la tendencia de valorizar el capital en detrimento del empleado y el trabajador. El reto es fortalecer las garantías jurídicas ante las amenazas a los derechos laborales. La democracia no puede prescindir de los derechos socioeconómicos y culturales de los ciudadanos.

e) Educar la inteligencia humana con humanismo ante la tecnificación del conocimiento en función de la utilidad financiera. La educación está en función de lo que es útil para la economía. Las universidades se plantean el tema de producir conocimiento que tiene valor mercantil, el que produce patentes y la mera empleabilidad de sus egresados. Algunas cierran los departamentos de Humanidades, de Sociología, de Literatura, porque no hay recursos para este tipo de conocimientos. Lo que importa no es tanto saber, sino saber hacer. Se impone el conocimiento técnico. En un mundo en donde existe una crisis flagrante de sensibilidad humana, la universidad debería ser el lugar privilegiado para hacer renacer el humanismo y la mística, la espiritualidad comprometida con la sociedad para resolver las grandes crisis sociales e históricas. La técnica sin humanismo se puede convertir pragmáticamente en un recurso deshumanizante que afecta a la misma sociedad. Una población que tiene la inteligencia educada con excelencia humanista y técnica-científica, puede resolver los problemas de la sociedad.

f) Afrontar el problema de la criminalización de las protestas y manifestaciones públicas de la resistencia social. Abrir espacios jurídicos democráticos de respeto para las manifestaciones pacíficas de la población. Vemos en el escenario político cómo las diversas formas de manifestaciones de resistencia social no violentas se criminalizan. Protestar se ha convertido en un crimen. Paradójicamente, el Estado, que debería garantizar la seguridad pública, al privatizar los servicios públicos y al retirarse de las políticas sociales, reprime cada vez más a quienes reclaman esas políticas. Las Organización de las Naciones Unidas define la seguridad humana como “vivir sin miedo y sin necesidades”. Ahora se acepta como mal menor vivir vigilados todos los días y todas las horas, porque nos sentimos constantemente amenazados ante tanta violencia. Incluso inconscientemente justificamos la represión de aquellos que justamente reclaman sus derechos.

Pero nuestros pueblos tienen memoria de elefante. El “Elefante” es el símbolo de la memoria prodigiosa que no olvida nunca. Nuestros pueblos nunca olvidarán a sus muertos. Una prueba de ello es la celebración del día de los difuntos. Los cementerios se convierten en ferias de pueblos enteros…

Y los gobiernos de la región nunca podrán asegurar su estabilidad y continuidad sobre las víctimas de la represión. Un ejemplo es lo que ocurre con la inestabilidad política en Honduras, y también la crisis política de Nicaragua. El gobierno del presidente Ortega está totalmente confrontado dentro y fuera del país con el tema ineludible de las víctimas de la represión que ascienden a más de 280 personas asesinadas en las manifestaciones de la población desde que comenzó la crisis. El futuro político del Gobierno dependerá de la respuesta que pueda dar para que se esclarezcan y se juzguen los crímenes cometidos en este período. Todo se puede perdonar, pero los muertos no se olvidan jamás… y el perdón es posible si se hace el largo recorrido doloroso y liberador para conocer la verdad, hacer posible la justicia, y dar lugar al perdón y la reconciliación.

g) Educar para la paz y para el cuidado de la mujer ante la violencia en contra de ellas que se ha ido sintiendo cada vez más en nuestras sociedades. Las mujeres son las principales víctimas de las guerras, de la delincuencia, de la persecución. Existen altas tasas de feminicidios en el Triángulo Norte de Centroamérica. Además, en África y en América Latina grandes lideresas campesinas han sido eliminadas. Un ejemplo es el ya referido caso de Berta Cáceres en Honduras. También, son sobreexplotadas y discriminadas en el ámbito laboral. El Triángulo Norte, constituido por los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, es una de las regiones más violentas del mundo. Algunos lo llaman el triángulo de la muerte. Necesitamos urgentemente cultivar una cultura de la paz. Necesitamos una verdadera erupción social y política de creatividad para hacer posible la paz.

Hay muchos otros retos en la democracia de nuestros países de los cuales seguiremos reflexionando. Seguiremos soñando porque, como expresa la poetisa Gioconda Belli, los sueños hacen posible construir un mundo mejor: “y en el mundo se ha desatado un gran tráfico de sueños que no pueden detener los traficantes de la muerte; por doquier hay paquetes con grandes lazos que solo esta nueva raza de hombres puede ver la semilla de estos sueños, no se puede detectar porque va envuelta en rojos corazones en amplios vestidos de maternidad donde piececitos soñadores alborotan los vientres que los albergan. Dicen que la tierra después de parirlos desencadenó un cielo de arcoíris y sopló de fecundidad las raíces de los árboles. Nosotros solo sabemos que los hemos visto, sabemos que la vida los engendró para protegerse de la muerte que anuncian las profecías”.

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