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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Hasta el momento, lo que puedo evaluar es que (el caso de El Mozote) es una causa voluminosa, compleja y quizá necesitará una estructura de trabajo más importante que la que tiene ahora. Es una cuestión interna que exige personal y recursos”, expresó el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni.
La observación del magistrado Zaffaroni resume groso modo el trabajo que le demandará al juez de la causa Jorge Guzmán, la revisión y análisis de 98 piezas de evidencia, que contiene cada una de las 200 hojas, que abarca alrededor de 19 mil 600 páginas.
El juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera ordenó en septiembre de 2016 la reapertura del caso más emblemático y documentado de los crímenes masivos, cometidos por el Estado salvadoreño, a través de la Fuerza Armada, en el principio del conflicto armado, que le tomaría doce años a El Salvador para buscar y lograr la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992. Zaffaroni, comparte, junto al juez Humberto Sierra Porto, una visita de supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso de la masacre El Mozote, cometida durante el conflicto armado. Que se enmarcó en la realización de su 59 período extraordinario de sesiones en El Salvador y sus cuarenta años de existencia.
“El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, luego de ver todo esto, haremos un informe del grado de ejecución de las decisiones y resoluciones de los puntos de la sentencia, luego de informarnos a cerca del avance del proceso y conforme a los datos que nos ha dado el juez de la causa, lo consideramos positivo”, manifestó.
María Silvia Guillén, comisionada presidencial para los Derechos Humanos declaró que acompañó a los jueces de la Corte IDH, a fin de verificar los avances del caso, a partir de una responsabilidad del Estado salvadoreño. “Es responsabilidad del Estado y aquí estamos como Órgano Ejecutivo, con el juez, pero sería realmente importante que en este tipo de diligencias, que es de verificación de sentencia que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial en su más alto nivel deberían estar presentes también, porque es una responsabilidad del Estado en su conjunto”, subrayó.
Foto Diario Co Latino/Cortesía.
En cuanto al trabajo de la causa, la comisionada Guillén reconoció el trabajo y reiteró el compromiso del gobierno del Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén en el cumplimiento de las recomendaciones en la sentencia de la CIDH.
“Escuché sobre las deficiencias que han señalado las víctimas en el caso, y tengo la obligación de hacer llegar al Presidente Sánchez Cerén toda la información que obtenga aquí, de tal manera que realmente podamos caminar con la mayor celeridad posible en todo aquello que le compete al Órgano Ejecutivo, y tenemos que resolver inmediatamente”, sostuvo.
Sobre el papel de la Fiscalía y el Órgano Judicial, la funcionaria consideró urgente el reforzamiento de la unidad fiscal que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto armado, a través de contratar mayor número de representantes fiscales para investigar con agilidad.
“Creo que la Fiscalía y el Órgano Judicial tienen que reforzar a este tribunal para que el señor juez que está haciendo un trabajo tan eficiente y comprometido, obtenga el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, porque necesita auxiliares por la carga de trabajo, por el número de piezas (evidencias) de este caso. Y le vendrá otra información solicitada al RNPN, información que tendrá que revisar y que con la gente que tiene aquí (tribunal) no podrá lograrlo, porque es un tribunal mixto que ve casos civiles también, entonces, se necesita mucho apoyo y se necesita gente solo dedicada al caso de El Mozote”, consideró. El proceso judicial que se ventila en el Tribunal Segundo de Primera Instancia mantiene como imputados al Alto Mando de la Fuerza Armada de esa época como el general José Guillermo García (ministro de Defensa), el coronel Alejandro Cisneros, el general Rafael Flores Lima (jefe del Estado Mayor Conjunto) y coronel Jaime Flores Grijalva (Tercera Brigada de Infantería).
