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Alma Vilches
@DiarioCoLatino
En el Día Internacional Contra los Plaguicidas, organizaciones y personas con enfermedad renal crónica aglutinadas en la “Campaña Azúcar Amarga”, pidieron regular el monocultivo de la caña de azúcar y prohibir practicas dañinas como el riesgo aéreo de agro tóxicos y quemas agrícolas.
Zulma Mijango, representante de la Asociación para el desarrollo de El Salvador (CRIPDES), señaló que el gobierno continua otorgando permisos para la expansión de monocultivos de caña de azúcar, los cuales además de aplicar pesticidas de manera indiscriminada utiliza practicas letales como el uso del agua, plantaciones en terrenos que se encuentran a escasos metros de comunidades rurales, fumigación aérea y quema de caña sin tomar en cuenta zonas de amortiguamiento necesarias para prevenir las afectaciones humanas.
“Estos abusos han sido denunciados reiteradamente por las comunidades y familias que hoy sufren las afectaciones de la insuficiencia renal, se ha precarizado la atención y resguardo de pacientes renales, en el marco de las medidas de la emergencia sanitaria implementadas, agudizando así la crisis en todo el país. Lamentamos que en esta realidad muchas de las personas que padecen de insuficiencia han tenido la muerte como desenlace”, enfatizó Mijango.
Asimismo, pidió al Ministerio de Salud garantizar de forma efectiva el derecho a la salud de las personas con insuficiencia renal, debido a la exposición de agro tóxicos utilizados en el monocultivo de la caña de azúcar y desarrollar una estrategia nacional para el tratamiento de esta enfermedad.
Además, que el Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de cumplimiento a las recomendaciones de la declaración de San Salvador, sobre el abordaje integral de la enfermedad renal túbulo intersticial crónica de Centroamérica (ERTCC) que afecta predominantemente a las comunidades agrícolas, adoptada el 26 de abril de 2013 por los ministros de Salud de la región del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
“Pedimos al presidente de la República, Nayib Bukele que emita las instrucciones necesarias para que las instituciones del Órgano Ejecutivo realicen todas las acciones necesarias para el respeto del derecho a la vida, la salud y el medio ambiente sano, cuya violación están asociadas a la exposición y utilización de agro tóxicos, especialmente en los monocultivos de caña de azúcar”, aseguró.
La Campaña Azúcar Amarga exigió a la Asamblea Legislativa la prohibición inmediata de los plaguicidas que generan un problema de salud pública en el país, además, hizo un llamado a todos los sectores sociales e internacionales sumarse al esfuerzo, para que el Estado salvadoreño reconozca la epidemia sufrida por la falta de atención a este grave problema.
Según Norma Mejía, integrante de la Red Uniendo Manos de El Salvador (ARUMES), en el país el uso indiscriminado de plaguicidas, por décadas ha provocado daños irreparables a la salud de la población, así como graves consecuencias para el medio ambiente incluyendo la fauna, flora y fuentes de agua superficiales y subterráneas que abastecen a la población.
“De acuerdo al MAG, más de $55 millones en agro tóxicos son importados al país cada año, datos del Ministerio de Salud confirma que la mayoría de los pacientes diagnosticados por enfermedad renal crónica están asociados a factores tóxico y ocupacionales agrícolas, vinculando esta epidemia sanitaria a la expositora a pesticida, fertilizantes y otros productos nocivos para la salud”, externó Mejía.
Datos del Ministerio de Salud indican que entre 2009-2018 murieron 9,908 personas a causa de enfermedad renal crónica, siendo en 2016 la tercera causa de mortalidad general del país, la primera causa de mortalidad en hombres y la quinta causa de mortalidad hospitalaria en las mujeres.
En septiembre de 2013, por exigencia de distintas organizaciones sociales, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 473, que reformaba la ley sobre el control de pesticidas, fertilizantes y productos de uso agropecuario, para establecer la prohibición del registro, importación, fabricación, comercialización, distribución, uso y manejo de 53 compuestos activos de agroquímicos tóxicos.
Sin embargo, el expresidente de la República, Mauricio Funes, no sancionó el decreto y lo regresó a la Asamblea Legislativa con observaciones, y ninguna de las siguientes legislaturas, incluyendo la actual ha retomado este tema, a pesar de la evidente gravedad.
Sonia Gutiérrez, residente de Izalco, Sonsonate, recalcó que en el país no se respeta la prohibición de la quema de cañales, lo cual viene a agravar la problemática del aire, mantos acuíferos, las enfermedades respiratorias y alergias, por lo cual, exhortó al ministro de Salud, Francisco Alabi, tomar en cuenta la solicitud de prohibir el riego de plaguicidas.
