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Redacción Nacionales
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La reducción de homicidios en el país que actualmente es considerado por el propio Gobierno como “un hecho histórico” se puede deber a un acuerdo a puertas cerradas entre el Gobierno liderado por Nayib Bukele y las 3 pandillas que tienen control en el territorio salvadoreño, la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, según pruebas difundidas este lunes por el periódico digital El Faro.
Dicho medio periodístico compiló una serie de audios, fotografías y testimonios que apuntalan los contactos del mandatario con los líderes pandilleros a cambio de mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad.
El medio reveló que, antes del primero de mayo de este año, el entonces fiscal general de la República, Raúl Melara, junto al jefe de la Unidad Anticorrupción y Contra la Impunidad de la Fiscalía, Germán Arriaza, organizaron un grupo para investigar la relación de varios funcionarios de este y otros gobiernos implicados en diálogos con estas organizaciones consideradas terroristas por la legislación salvadoreña. En esa investigación se reunieron decenas de pruebas que terminaron sin ver la luz, por la ilegal salida del cargo de Melara y su equipo, ya que fue destituido e impusieron arbitrariamente a Rodolfo Delgado fiscal afín a los intereses del presidente Bukele.
Tras la publicación de El Faro en septiembre de 2020 sobre las negociaciones entre el Gobierno de Bukele y la MS13, el Grupo Especial Antimafia (GEA) también inició investigaciones al respecto, que arrojaron las evidencias que se muestran en dicho reportaje. El Faro informó que, de acuerdo con tres fuentes fiscales, el GEA fue eliminado después de que el exfiscal Arriaza renunciara a su cargo. El equipo extinto de fiscales nombró el caso como “Catedral” e incautó documentos oficiales en Centros Penales. La Fiscalía registró varias cárceles, así como las oficinas centrales de la Dirección General de Centros Penales (DGCP). A raíz de dichas investigaciones, los fiscales descubrieron que la operación para negociar con los pandilleros era mucho más amplia de lo que se había publicado en ese momento; puesto que, no solo incluía a la MS13, sino además a las dos facciones del Barrio 18, cuyos líderes encarcelados también recibieron visitas de funcionarios del Gobierno de Bukele.
En la investigación periodística se detalla que los encargados del caso “Catedral” descubrieron un mayor número de visitas irregulares a las cárceles de máxima seguridad, en las que el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, autorizaba a personas encapuchadas a ingresar a los penales para reunirse con líderes de las tres pandillas, saltándose todos los protocolos legales de ingreso, entre ellos, el registro, e incluso dejándoles entrar sin siquiera identificarse.
El Faro dijo que el 31 de marzo de 2020 Osiris Luna permitió que 5 personas encapuchadas ingresaran al penal de Zacatecoluca sin identificarse y se reunieron con 8 líderes de las 3 principales pandillas del país a puertas cerradas.
La parte fiscal concluyó que los sujetos encapuchados eran generalmente funcionarios de la actual Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, dirigida por Carlos Marroquín, y líderes pandilleros en libertad que entraban a recibir instrucciones y a transmitir información a sus líderes encarcelados.
Según el Faro, la Fiscalía consiguió también libros de novedades y fotografías de esas visitas y logró el teléfono de uno de los pandilleros de la MS13 involucrado en la negociación, de los que extrajeron mensajes de audio en los que la pandilla planifica el disfraz que usarán sus miembros para ingresar a la cárcel para negociar. Entre esa documentación que tiene la fiscalía, también una parte, la tiene dicho periódico, tal como lo señaló en su reportaje.
Revela que, en uno de los audios, de fecha 6 de agosto de 2020, un pandillero habla con otro sobre los preparativos para entrar, y le asegura que los representantes del Gobierno están nerviosos: “… A ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error para que esto no fracase y no salga a la luz pública que hay un entendimiento”.
Al parecer, junto a esos audios conocieron también un listado de 19 peticiones que las pandillas habrían hecho al Gobierno para mantener vigente el acuerdo de reducción de homicidios a nivel nacional: se trata de una lista de 19 puntos, muy parecidos a los que las pandillas plantearon en 2012 al entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, cuando visitó el país para respaldar el proceso de negociación con las pandillas que intentó el Gobierno del FMLN del expresidente Mauricio Funes, conocido como “La Tregua”, señaló El Faro.
Los pandilleros pidieron al Gobierno que pararan los operativos masivos de la Fuerza Armada y la PNC contra ellos, así como la persecución indiscriminada de los suyos “solo por estar tatuados”; pidieron financiamiento para microempresas y empleo para sus miembros; visitas de sus familiares en las cárceles y modificaciones en el régimen de máxima seguridad, entre otros aspectos, reveló el medio.
Dentro del reportaje se informó que “el director de Centros Penales (Osiris Luna) ordenó retirar cientos de libros de novedades y computadoras de cárceles de máxima seguridad; esto ocurrió pocos días después que El Faro revelara que el Gobierno había negociado con la MS13; dicho reportaje se sacó a la luz pública en septiembre del año pasado.
Se “intentó borrar los rastros de las reuniones de funcionarios con pandilleros y de los ingresos irregulares de personas encapuchadas a los centros de detención… Apenas dos días después de la publicación de El Faro (septiembre 2020), personal de inteligencia penitenciaria, bajo órdenes explícitas de (Osiris) Luna, retiró 221 libros de novedades de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca y discos duros de computadoras de las fechas en las que había ingresado con encapuchados a Izalco Fase III”, informó el medio.
Mientras que, el fiscal impuesto por el oficialismo desmanteló semanas después que tomara posesión, el grupo especial que investigaba estas negociaciones. Bukele por su parte ha hecho énfasis en “su reducción histórica de homicidios”.
“Deja el Plan Control Territorial como un engaño ante la población”
Mientras tanto, las reacciones en la Asamblea Legislativa no se han hecho esperar, tanto la oposición, como el oficialismo se han manifestado. El presidente de la Asamblea Legislativa. Ernesto Castro, defendió “a capa y espada”, que no hubo un pacto entre pandillas.
“Hay medios, y grupos de poder que no logran entender y aceptar que este Gobierno está teniendo resultados positivos y ellos (El Faro) van a ser cualquier cosa posible para seguir desvirtuando los buenos resultados” en materia de seguridad, comentó Ernesto Castro.
El presidente del Legislativo y diputado de Nuevas Ideas instó a que si tienen pruebas “que vayan a la Fiscalía”. Sin embargo, dicha investigación se encuentra en las manos de la administración liderada por el impuesto, Rodolfo Delgado, que hasta el momento no se ha pronunciado en este tema.
Ante las preguntas de la prensa sobre la implicación de diputados de Nuevas Ideas, Denis Salinas y diputado suplente de Suecy Callejas, Víctor Manuel Santana, ya que presuntamente habrían participado en esas reuniones con pandillas, el presidente Castro dijo que no leyó el reportaje y se retiró del lugar donde estaba la prensa.
El diputado de GANA, Romeo Auerbach, al igual que el presidente Castro, restó credibilidad a la investigación de El Faro donde reveló que el Gobierno Central pactó con pandillas para reducir los homicidios.
Dijo que el día en que se revelen las pruebas que contiene el reportaje, “no serán bien vistas”, pero “hoy por hoy no me dice que sea así”.
Sin embargo, la mayor parte de las pruebas, según El Faro, las tiene la Fiscalía controlada por Rodolfo Delgado, quien fue impuesto el primero de mayo por el oficialismo. Pero en el reportaje sí muestra documentación necesaria para su veracidad.
El diputado de oposición, Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, sostuvo que la investigación de El Faro reveló “lo que ya se había sospechado desde hace un tiempo, que hay una negociación entre las pandillas y el Gobierno de la República. En segundo lugar reveló las motivaciones que podrían haber existido al imponer un fiscal general, ya que en la misma investigación cita una investigación que estaba en curso en la FGR liderada por Raúl Melara. Y en tercer lugar, creo que también deja el Plan Control Territorial francamente como un engaño ante la población”.
Ante las negativas del oficialismo, Wright Sol dijo que en el reportaje de El Faro presenta “evidencia contundente”.
Mauricio Linares, de ARENA, dijo que el oficialismo (GANA) intenta desvirtuar la veracidad de la investigación, ya que es un partido cercano al Gobierno, es más “con esa bandera, Bukele llegó a la Presidencia”.
“Acá lo que se necesita es transparentar, lo que ha sucedido”, resaltó Linares.
La diputada del FMLN, Dina Argueta, señaló que con la referida investigación se pone de manifiesto y se evidencia “esos tratos que ha habido desde el Ejecutivo con estos grupos criminales”. La efemelenista afirmó que la misma “institucionalidad“ está a los servicios de estos grupos criminales, “eso es lamentable, sobre todo, porque incluso puede haber uso de fondos públicos a favor de los pandilleros”.
