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Una mirada crítica a la estrategia de seducción electoral con dinero público, desde Bukele hasta Trump
Por Raul Amílcar Palacios
En medio de la contienda electoral estadounidense, el presidente Donald Trump ha lanzado una propuesta que ha encendido el debate político y ético: entregar $2,000 dólares a cada ciudadano como “dividendo arancelario”, financiado, según él, por los ingresos generados por sus políticas proteccionistas.
La promesa, aunque presentada como una medida de justicia económica, recuerda a los salvadoreños una estrategia similar ejecutada por Nayib Bukele en 2020 y 2021, cuando entregó $300 dólares a cada ciudadano en plena pandemia, en vísperas de elecciones legislativas del 2021.
¿Estamos ante una política de redistribución o frente a una compra disfrazada de forma sutil de la voluntad electoral? ¿Puede el dinero público convertirse en herramienta de seducción política sin violentar la ética democrática?
El “dividendo arancelario” de Trump
La propuesta de Trump consiste en entregar $2,000 dólares por persona, excluyendo a los de altos ingresos, financiado con los ingresos por aranceles que, según datos oficiales, alcanzaron $195,000 millones de dólares en el año fiscal 2025. El mandatario afirma que sus políticas han atraído fábricas, protegido industrias y generados ingresos suficientes para este “bono inesperado”.
Sin embargo, expertos fiscales advierten que el costo de repartir esa cantidad a todos los ciudadanos superaría los $600,000 millones de dólares, cifra muy superior a los ingresos arancelarios disponibles. Además, no existe un plan legislativo formal ni criterios oficiales de elegibilidad. La propuesta, hasta ahora, es una promesa sin sustento técnico ni legal, orientada a regenerar la figura del presidente Trump tras el descalabro electoral republicano del pasado 4 de noviembre, y a reposicionarse de cara a las elecciones de término medio de 2026.”.
¿Redistribución o clientelismo? La entrega directa de dinero público en contextos electorales ha sido históricamente interpretada como una forma de clientelismo. En El Salvador, Bukele utilizó una estrategia similar, entregando $300 dólares a cada ciudadano en plena pandemia, lo que coincidió con un aumento significativo en su popularidad y en el respaldo legislativo. Ambas propuestas, la de Bukele y la de Trump, comparten una lógica de seducción: convertir el poder ejecutivo en proveedor directo de beneficios económicos, apelando al bolsillo del votante más que a su conciencia crítica y comprando con disfraz de generosa benevolencia el apoyo electoral.
Legalidad y ética en juego
La Corte Suprema de Estados Unidos está evaluando la legalidad de los aranceles impuestos unilateralmente por Trump, lo que podría invalidar parte de los ingresos proyectados. Además, la Constitución establece que el Congreso tiene la potestad de aprobar gastos públicos, lo que pone en duda la viabilidad de una entrega directa sin aprobación legislativa.
Desde el punto de vista ético, la propuesta plantea una pregunta fundamental: ¿puede el dinero sustituir el debate político, la reflexión ciudadana y el voto consciente?
La propuesta de Trump, al igual que la estrategia de Bukele, revela una tendencia preocupante: el uso del dinero público como herramienta de seducción electoral. Más allá de su viabilidad económica o legal, lo que está en juego es la dignidad del voto, la autonomía del ciudadano y la ética del poder.
En tiempos de polarización y crisis, el pueblo merece políticas públicas, no promesas personales. Merece justicia distributiva, no clientelismo disfrazado de generosidad. Y, sobre todo, merece respeto.
