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René Martínez Pineda (Sociólogo, UES y ULS)
Podemos afirmar, con cautela epistémica, que la apreciación de Marroquín no fue holística en la comprensión del principio y final del proceso político desde la perspectiva de los caminos tomados por cada grupo de líderes regionales que, de forma retorcida, se aferraban a una idea de ciudadanía tomada de Europa. Si revisamos la mortinata Constitución Federal de 1824 veremos que el concepto de Nación estaba referido, de manera abstracta- a que era formada por el pueblo, el cual se define como soberano e independiente, y del que, normativamente, se desprendía la categoría ciudadanos. Pero, en la práctica política cotidiana, ambos constructos teóricos (pueblo y ciudadanía) se posicionaron en tiempos y espacios tan distantes como diferentes en su límite antagónico, debido principalmente a los intereses de las clases sociales locales que fueron incapaces de darle vida al sueño federativo. Y es que, en lo político-administrativo y lo socioeconómico, no se produjo la ansiada síntesis en el concepto “pueblo” (una deuda comprensiva y comprensible de Marroquín) y, tal como en la Colonia, siguió expresándose “el pueblo” a partir del diferenciador cultural de “los pueblos” como mínimo común múltiplo, no obstante tener las mismas raíces y los mismos hechos históricos fundacionales. Por otro lado, el imaginario colectivo (sobre todo de los mestizos) que pretendía construir la idea de “lo nacional” como un todo sin fisuras relevantes, sólo podía expresarse a través de las autoridades locales integradas por criollos, las que concluyen su conspiración silenciosa al acaparar la representatividad de toda la población.
En otras palabras, antes, durante y después de la independencia siguió imperando la contradicción sociocultural y política pueblo-ciudadano, contradicción que se normaliza sólo hasta que la hegemonía de la clase dominante se extendió de punta a punta en las nuevas naciones. Por tal razón, en tanto “ciudadanos”, el pueblo (los habitantes de la República) se vio excluido de la toma de decisiones y, desde entonces, el destino de la nación ha estado en manos de una minoría civil adinerada con el auxilio –directo o indirecto- de los militares, que se concretó por medio de funcionarios e intelectuales ligados al ejercicio del poder y al mecanismo de la elección indirecta. Esa era la forma restringida y perversa en que se hacía coincidir nacionalidad con ciudadanía, en tanto que la coincidencia sólo era normativa o burocrática de cara a que tuviera una función apaciguadora del fervor de las masas populares.
1811, 1814, 1821, 1823 y 1824 (vistos como proceso político ininterrumpido) pueden catalogarse como los años convulsivos decimonónicos que tuvieron como signo el impulso ciudadano al margen de una doctrina política en particular, lo que redundó a lo largo de trece años en acciones inocuas o pequeños levantamientos insurreccionales fallidos que irían incrementando su poder de afectación al minar (aunque no desterrar del imaginario de algunos líderes criollos) el proyecto de la monarquía constitucional enarbolado solapadamente. En todo caso, es a partir de 1811 que empieza a crecer el número de seguidores de la independencia, transitando de una independencia monitoreada a una de tipo absoluto.
Ahora bien, ese tránsito paulatino en los sentimientos y apoyos organizativos al proceso de independencia en la Intendencia de San Salvador, estuvo mediado por la magnitud del mestizaje y por el tiempo-espacio de hegemonía tradicional logrado por los añileros, tanto los grandes como los pequeños (poquiteros). En el caso del mestizaje en la Intendencia de San Salvador, Marroquín dice que “la provincia de San Salvador se convierte en una unidad demográfica predominante mestiza”, a lo que habría que agregar que tal predominancia demográfica no se reflejaba con justicia en una predominancia político-ideológica, por lo que hay que valorar con cautela la afirmación del autor sobre que “las diferencias entre nobles, criollos y peninsulares quedaron amortiguadas”, pues, desde mi apreciación sociológica, puedo decir que más bien quedaron ocultas, pero seguían vigentes.
En todo caso, en un lance que se puede etiquetar como “oportunista” y económico –más que patriótico- se unieron al proceso los jerarcas de la iglesia y, con ellos, se pudo incidir en el imaginario progresista y emancipatorio de los jefes mestizos de las colectividades barriales, las que eran precisamente eso y no organizaciones de barrio firme y premeditadamente construidas en su talidad. Esa colectividad barrial que buscaba protagonismo fue mermada, a partir de 1814, por el uso de la represión colonial y por la acción burocrática de la Norma Fundamental redactada y revisada en España, la cual toma un impulso liberal en 1820, poniéndole una breve pausa al proceso de independencia que se vio mediado por la “sorpresiva” propuesta del Plan de Iguala que, sin embargo, no pudo contener el desenlace no fatal independentista, aunque sí pudo manipularlo a imagen y semejanza de los criollos, por lo cual es un desenlace “no fatal”.
Entonces, podemos afirmar que tanto la Independencia -como hecho político y económico- y su rúbrica en la primera Declaración de la misma, dejaron claro que “las colonias no eran más colonias, pero tampoco lograban emancipación política”. A la luz de esas valoraciones es que, desde la sociología política, hay que valorar de nuevo el acto cívico ritual de la Independencia pactado para el 15 de septiembre. Marroquín sostiene que el capítulo definitivo (que debería llevar a un cambio en la ritualidad conmemorativa desde el punto de vista sociocultural y político) se escribe en 1823, pero yo insisto en que ese capítulo definitivo radica en la escatológica promulgación de la Primera Constitución del Estado del Salvador, en junio de 1824. El debate al respecto queda abierto para todas las naciones que se formaron en Centro América para hacer valer los intereses locales. No obstante, el proceso fundacional de las naciones centroamericanas fue autoría de la Colonia Española (la atomización política sobre la base de la unidad cultural), razón por la que el imaginario colectivo y la razón política que, dos siglos después, sigue imperando en cada país por separado como cultura política es tan unitario en su práctica cotidiana y, al mismo tiempo, tiene tantas pretensiones de presentarse ante el mundo como diferente y como una coartada localista para evadir la posibilidad de fundar la Gran Nación Centroamericana.
Hay que señalar que muchos autores de la segunda mitad del siglo XX le reclaman a Marroquín no haber incluido los conflictos que se suscitaron después de 1823, y miran como exceso de “esquematismo sociológico” abordar la situación de la movilización política desde la lógica estática de significativos grupos sociales en representación de las clases sociales. Es claro que Marroquín se queda corto en algunos aspectos, pero es claro también que los autores que le reclaman su “esquematismo” no comprenden lo que significa la construcción weberiana de Tipos Ideales para hacer el abordaje de la independencia como hecho sociológico, abordaje similar al de la actual transición política en el país.
