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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
Activistas de derechos humanos cuestionaron la implementación de la emergencia en el sistema de centros penales y advirtieron la violación de una serie de normativas, debido a esa acción, supuestamente encaminada a contrarrestar la operatividad de las pandillas.
Tras el asesinato de dos soldados el 28 de enero y el 1 de marzo pasados, el presidente de la República, Nayib Bukele ordenó al director de Centros Penales proceder al encierro total de los reos de los veintisiete centros penitenciarios, aunque los grupos de pandillas a los que atribuyen el homicidio de ambos soldados están encerrados solamente en seis reclusorios.
“El aislamiento prolongado es tortura, estamos hablando de violación al Código Penal y tratados internacionales; el presidente debería de ser más cuidadoso en ese intento mediático de generar popularidad”, manifestó Saúl Baños, de FESPAD, en el programa República de canal 33.
“Se trata de una medida ilegal, arbitraria y vibratoria, esto violenta los derechos no solo de la población penitenciaria; sino, también, de la familia”, manifestó Jeanette Aguilar, investigadora de temas de seguridad.
Aguilar dijo que es ilegal, porque no es competencia del presidente de la República decretar un estado de emergencia máximo y hay mecanismos institucionales y legales que definen quiénes son las autoridades competentes para tomar esta decisión.
La consultora expuso que son los directores de cada centro penal, ratificado por el director general de Centros Penales, por un juez de vigilancia penitenciaria o un juez de ejecución de la pena, quienes deben autorizarlo.
“No se puede castigar a toda la población penitenciaria, estamos hablando ahí de un aproximado de 30 % de personas que se encuentran en detención provisional; es decir, que no han recibido ninguna condena de parte del juez”, señaló Aguilar.
La consultora explicó que entre todas las personas que se encuentran en estos recintos hay un buen número de detenciones provisionales; “entre ellas, mujeres, madres de niñas y niños que conviven en ese lugar con sus progenitoras, hay discapacitados, enfermos crónicos y terminales, otros que están por delitos menores”, citó.
“Hay un estado total de arbitrariedad e ilegalidad”, subrayó; además “es violatoria de los derechos humanos porque esas madres que están con sus hijos no pueden recibir pañales, ni leche, que reciben de sus familiares”.
De los 38,000 reos penitenciarios, alrededor del 40 % son identificados como miembros de pandillas, el resto es lo que se llama “población civil”, cuyos derechos están siendo violentados, añadió Aguilar, y recordó que en la administración de Salvador Sánchez Cerén hubo niños que fallecieron ante medidas similares.
En estos estados de emergencia se impide también el acceso a la salud y, aún con los niveles de hacinamiento que existe en las cárceles, los reos no pueden circular, tienen que estar encerrados, los centros penitenciarios tienen epidemias de tuberculosis”, aseguró Aguilar.
Hoy en día, El Salvador tiene la tasa más alta de encarcelamiento en América Latina y la segunda más alta del mundo, solo después de Estados Unidos, con un porcentaje de 600 internos por cada 100,000 habitantes. “Estamos hablando de altos niveles de hacinamiento, de condiciones precarias, deshumanizantes y aunado a ellos se establecen este tipo de medidas”, cuestionó.
“Es importante recordar que el encierro y el encarcelamiento ya de por sí es una situación traumática para la mayoría de personas, devastadora, para cualquier ser humano… En virtud de los convenios internacionales, la legislación que regula precisamente los derechos de los internos, establece que las administraciones penitenciarias y los gobiernos no pueden agravar las situaciones ya difíciles que enfrenta cualquier interno”, argumentó Aguilar.
Abraham Ábrego, de la fundación Cristosal y quien participó en la entrevista, considera que pueden haber responsabilidades, ya que una jueza de vigilancia penitenciara ya advirtió que se está actuando al margen de la ley y esto caería sobre el director de Centros Penales.
Ábrego recomendó al Gobierno que no se enfoque solo en el problema de pandillas, porque en El Salvador también hay un problema grave de crimen organizado.
