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Alessia Genoves
Colaboradora
Ruby Jade Corado, fundadora de la organización LGBTQ+ Casa Ruby, compareció el lunes ante un tribunal federal por cargos de fraude bancario, fraude electrónico, lavado de dinero y no reportar cuentas bancarias en el extranjero.
El Departamento de Estado del Distrito de Columbia ventiló los señalamientos fiscales en contra de la activista transexual, detallando que Corado habría desviado al menos $150.000 de los $1,3 millones en fondos de ayuda de emergencia respaldados por los contribuyentes, destinados a activista, para depositarlos en cuentas bancarias privadas en el extranjero para su uso personal.
Corado habría realizado varios actos fraudulentos relacionados con los préstamos obtenidos a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL), así como por lavado de instrumentos monetarios y transacciones monetarias con ingresos derivados de delitos. Además, es acusada de no haber reportado al IRS las cuentas bancarias que mantenía en el extranjero.
Desvío de fondos y las irregularidades financieras
Según el informe del Distrito de Columbia, Ruby Corado realizó varios actos fraudulentos relacionados con los préstamos obtenidos a través del PPP y el programa de Préstamos por EIDL. En el caso del primer préstamo PPP, obtenido en abril de 2020 por $329.200, Corado declaró falsamente que Casa Ruby tenía 86 empleados con un salario mensual promedio de $131.688.
Sin embargo, cuando solicitó el segundo préstamo PPP en febrero de 2021, por $456.215, afirmó que Casa Ruby tenía 58 empleados y un salario mensual promedio de $182.486. Según el documento, “a pesar de las grandes cantidades de fondos públicos proporcionados a Casa Ruby, la organización había dejado de operar efectivamente en julio de 2022”.
La investigación revelaron que, tres días después de recibir los fondos del segundo préstamo PPP, el 6 de abril de 2021, Corado transfirió $100.000 de la cuenta de Casa Ruby a una cuenta a nombre de su empresa TIGlobalLogistics LLC, de la cual era la única propietaria.
Posteriormente, el 15 de abril de 2021, Corado transfirió esos $100.000 desde la cuenta de TIGlobalLogistics a una cuenta bancaria personal en El Salvador. “Hay motivos probables para creer que esta transferencia de $100.000 no fue para fines permitidos bajo los términos del préstamo PPP”, indica el informe.
En cuanto a los préstamos EIDL, en marzo de 2020 Corado solicitó uno por $150,000 y en 2021 obtuvo uno adicional por $350,000. Sin embargo, el 10 de agosto de 2021, Corado transfirió $100.000 de los fondos EIDL de la cuenta de Casa Ruby a la cuenta de TIGlobalLogistics. Luego, dos días después, el 12 de agosto, transfirió $50.000 de esa cuenta a una cuenta personal en El Salvador. “Hay motivos probables para creer que estas transferencias de $100,000 y $50,000 no fueron para fines permitidos bajo los términos de los préstamos EIDL de Casa Ruby”, concluye el documento.
Cuentas bancarias en el extranjero y omisión de reportes al IRS
Además de los fondos desviados de los préstamos PPP y EIDL, la investigación reveló que Corado realizó otras seis transferencias por un total de casi $300.000 desde cuentas bancarias en Estados Unidos a sus cuentas personales en El Salvador durante el año 2021. Según el agente especial del FBI que firmó el informe, “después de una búsqueda diligente, creo que Corado nunca ha presentado un FBAR por ninguna cuenta bancaria extranjera”.
El FBAR (Reporte de Cuentas Bancarias y Financieras en el Extranjero) es un formulario que los ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes deben presentar ante el Departamento del Tesoro si tienen cuentas bancarias o financieras en el extranjero con un saldo total superior a $10.000 en cualquier momento del año. Sin embargo, al revisar las declaraciones de impuestos de Corado de los años 2017 a 2021, el agente especial del FBI concluyó que la acusada “nunca ha presentado un FBAR por ninguna cuenta bancaria extranjera, a pesar de las transferencias por casi $300.000 a sus cuentas en El Salvador durante 2021”.
Hasta el momento, no se ha conocido una declaración oficial de la defensa de Ruby Corado sobre las acusaciones. Sin embargo, en el documento judicial se menciona que “una denuncia penal es simplemente una acusación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia”.
Corado se encuentra detenida en espera de una audiencia de detención el viernes. El fraude bancario conlleva una pena máxima de 30 años de prisión, mientras que el fraude electrónico y los cargos de lavado de dinero tienen una pena máxima de 20 años cada uno, de acuerdo con el Código Penal Federal de EEUU.
