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Melissa Sánchez
@DiarioCoLatino
En el marco del sexto encuentro regional, Alianza Centro Americana frente a la Minería (ACAFREMIN), muestran preocupación ante las practicas dictatoriales y violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región.
“Hemos estado discutiendo y analizado sobre la situación a nivel regional, relacionado con el tema del extractivismo y como consecuencia de esa discusión, hemos tomado a bien plantear ese día la conclusión que, como organizaciones sociales, debemos de expresar hacia las autoridades nacionales y por supuesto a nivel de la región”, explicó Bernardo Belloso, de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES).
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas en su Observación General Nº 15, El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) establecidas en el año 2002, ACAFREMIN, expresa que: Instan a los gobiernos de la región Centroamericana a que cumplan con las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho humano al agua, aprobando el reconocimiento constitucional y las leyes generales del agua, así como la creación e implantación de políticas hídricas nacionales y regionales.
“Aquí tenemos la situación del valle el Ángel en la cual los procesos de negaciones que se están haciendo para dar concesiones a empresas privadas y extranjeras, por parte del gobierno, mientras que la población sigue defendiendo su zona y por eso se tiene un estado de conflictividad, no existe una atención del Gobierno y este debe crear una propuesta de como solventar la problemática y no solo referida a temas ambientales como el agua sino también económicos”, recalcó Belloso.
José Mario López, de la Fundación ERIC de Honduras, dijo que durante la pandemia, defensores y organizaciones siguieron las medidas establecidas por el gobierno, así como los toque de queda, pero muchas industrias extractivas se valieron de dichas medidas y siguieron con la construcción de planteles, hidroeléctricas y deforestando bosques.
“Honduras está muy vulnerable recién pasó lo de las tormentas, además de eso ya veníamos sufriendo por la mala planificación del Gobierno. El gobierno ha sido uno de los impulsores de la vulnerabilidad por medio de explotación de nuestros bosques, ríos y montañas, realizando proyectos que supuestamente son de desarrollo, pero nunca son consultados con las comunidades”.
También, exigen a los gobiernos la ratificación y cumplimiento del acuerdo regional sobre acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América latina y el Caribe (acuerdo de Escazú).
Tal es el caso de Nicaragua que, aunque fue el séptimo país en ratificar el acuerdo, el Gobierno de ese país viola los pilares de la Corte de Escazú, dado que el gobierno concesiona a mineras canadienses, quienes explotan los recursos naturales perjudicando a las comunidades como Santo Domingo, Rancho Grande, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, entre otras.
“Nicaragua enfrenta una crisis, en términos sociales y medioambientales, en donde tiene el poder centralizado, el Estado es quien toma la decisión y es juez y parte de los procesos quien invita los inversionistas sin importarle los efectos y las causas que tiene sobre el medio ambiente y de la población”, dijo Hazel Torres de Centro Humbolt, de Nicaragua.
Asimismo, otro punto abordado fue la criminalización y asesinatos de defensores ambientales, en el cual se basan en el acuerdo del informe Global Witnes: “Defendiendo el mañana: la crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y medio ambiente”, publicado en el año pasado, y que dio a conocer que en la región centroamericana se comete el mayor número de asesinatos a defensores.
Julio Gonzáles (representante del Colectivo Madre Selva en Guatemala) comentó que existen “muchas sentencias injustas”, de líderes y defensores de derechos humanos tal es el caso del defensor, Bernardo Caal, maestro y líder comunitario del pueblo q’eqchí, de 45 años, que se opuso a los proyectos hidroeléctricos y fue condenado a 7 años y 4 meses de prisión.
