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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
La privatización del agua es una discusión que ha adquirido fuerza desde que la Asamblea Legislativa retomó el estudio de un proyecto de ley de aguas, presentado el año pasado.
Son diferentes organizaciones, academias y movimientos sociales los que han desarrollado marchas, foros y diferentes ponencias para generar conciencia sobre lo que ocasionaría una posible privatización del agua, un recurso imprescindible para todos los seres humanos. Una de ellas es la Concertación para la Participación Universitaria (CPU), de la Universidad de El Salvador.
De acuerdo con Antonio Pacheco, director de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) Santa Marta, los impactos no solo se reducen a tener acceso al agua para tomarla o para el quehacer del hogar, también impacta la producción y por ende la economía.
“Por ejemplo, un hortalicero necesita agua, por el momento solo la toma pero de aprobar la propuesta de la empresa privada, tendrá que comprarla, lo mismo pasaría con los ganaderos y con los que crían peces”, expuso Pacheco, previo al foro académico desarrollado por CPU. La Ley Integral del Agua impulsada por la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa establece que la autoridad hídrica estaría conformada por un presidente designado por el Ejecutivo y por cuatro directores propietarios: dos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y dos de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES).
La idea del foro fue crear conciencia de que no solo las marchas son importantes para mostrar el rechazo a la propuesta, sino que es necesario conocer los aspectos jurídicos y sociales para dar alternativas que defiendan los derechos públicos evitando así la reducción del uso del agua potable a miles de familias en el país.
