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El Juzgado 7° de Paz de San Salvador decretó sobreseimiento definitivo a favor de los fiscales Carolina Jeanette Manzanares Noches, Yesenia Carolina Aguilar de Ayala, Mauricio Alberto Aguilar Rivas, Marta Cecilia Colindres Flores acusados de omisión de la investigación, falsedad documental agravada y privación ilegal de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, informó la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.
Además, ordenó pasar al Juzgado 7° de Instrucción, sin ninguna medida, a dos empleados administrativos Edwin Giovanni Hernández Gutiérrez y Damián Cabrera Bernal acusados de peculado por culpa.
La jueza para dictar el sobreseimiento definitivo valoró que las conductas establecidas eran atípica, “no basta sólo con el requerimiento, sino hay que analizar los otros documentos”; así también, las actuaciones por las que se les acusan de cometer el delito de privación ilegal por funcionario fueron dentro de sus funciones. Mientras que a los empleados administrativos les modificó el delito, de peculado a peculado por culpa, porque los hechos no encajaban en el primer delito.
Según el requerimiento fiscal, los hechos se derivan de la investigación del caso denominado “Corruptela” al investigar los hechos delictivos que fueron cometidos en el ejercicio de funciones públicas durante la administración de Luis Antonio Martínez como Fiscal General de la República, en el período del 4 de diciembre del año 2012 al 3 de diciembre del año 2015, quien supuestamente recibió dadivas de parte de los empresarios Enrique Rais y Hugo Blanco (prófugos de la justicia) para que los eximiera de responsabilidades, omitiendo la investigación y faltando al cumplimiento de sus deberes; así como formulando peticiones viciadas de liberación de cargos sin fundamentos y solicitando sobreseimiento definitivo a favor de dichos empresarios.
