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El sábado se cumplieron 90 años del levantamiento indígena y campesino que terminó con una acción represiva y de aniquilamiento dirigida por el dictador Maximiliano Hernández Martínez. “Durante el comunismo -recordaban los abuelos a sus nietos y biznietos- eran carretadas de cadáveres que conducían a los cementerios o fosas comunes abiertas en diversos lugares, para enterrar a los alzados”. El gobierno de Martínez y sus sucesores, durante la dictadura militar que duró 50 años, aproximadamente, mantuvieron la narrativa de que lo ocurrido en 1932 fue un levantamiento del comunismo internacional, y con ello justificaron la masacre de 30 mil indígenas y campesinos. La cifra puede ser menor o mayor, de acuerdo con diversas fuentes bibliográficas. Lo que sí es cierto es que producto de la represión, fueron asesinados miles de indígenas y campesinos, entre ellos los líderes que fueron ahorcados en juicios sumarios, como Feliciano Ama y Francisco Sánchez, ocurrido en la plaza de Izalco.
El 18 de enero, fecha que había sido establecida para el levantamiento, fueron capturados Agustín Farabundo Martí, designado por la dirección del Partido Comunista Salvadoreño (PCS), para que acompañara la rebelión indígena y campesina. Junto a Martí fueron capturados los estudiantes universitarios Alfonso Luna y Mario Zapata, quienes eran los editores del periódico revolucionario La Estrella Roja. Independientemente de la participación del PCS, lo cierto es que la rebelión fue auténticamente popular, es decir, nacida de la lucha reivindicativa de los indígenas y los campesinos, golpeados por la crisis económica internacional iniciada en 1928, denominada como “la gran Depresión”, iniciada en Estados Unidos, con la caída estrepitosa de la bolsa de valores.
En El Salvador no había ni para pagar a los empleados públicos, por lo que los maestros vendían sus “vales” a medio precio, para llevar su sustento a los hogares.
A lo anterior hay que agregar la voraz explotación de la oligarquía, que incluso, cada familia oligarca tenía su propia moneda y sus propias tiendas en sus Haciendas y fincas para que los campesinos, la mayoría indígena, pudieran consumir sus paupérrimos salarios.
Estos hechos, por supuesto, no tienen que olvidarse, que es necesaria la memoria histórica popular, sobre todo, cuando el oficialismo trata de ocultar hechos como el arriba citado, o cuando pretenden borrar la historia con un decreto como lo ha intentado el actual gobierno con la fecha y firma del Acuerdo de Paz, que puso fin a la guerra civil gestado en la década de los 70 y desarrollada en los 80 y 90. Las causas de la guerra civil en El Salvador tienen su origen en las causas del levantamiento de 1932, y otras que sumó la dictadura militar como las violaciones de los derechos humanos y el cierre de los espacios políticos e ideológicos.
“La crisis económica mundial y la escasez económica, que afectaba a los sectores populares y empobrecidos de El Salvador, fueron causa principal de la explosión violenta devenida matanza de un volcán social. Hasta se organizó en Tacuba un Soviet a-la-Unión-Soviética lo cual causó “una reacción de la reacción”, cita el doctor Víctor Valle un artículo publicado el sábado pasado, en referencia a los acontecimientos de 1932.
“Factores exógenos acentuaron la rebelión. Había difusores de la ideología alternativa que emanaba del joven estado soviético, surgido en 1917, y que bregaba por mostrar “a los pobres del mundo”, que una humanidad sin hambrientos era posible. Ese paraíso en la tierra se hizo añicos, desde sus destructivos gérmenes interiores, casi 6 décadas después, cuando cayó el Muro de Berlín, en 1989, y se disolvió la Unión Soviética, en 1991. Aunque el anhelo de “hambre cero” en el mundo sigue pendiente, agrega el doctor Valle.
Sin lugar a duda, los hechos de 1932 no deben desaparecer de la memoria histórica de las generaciones actuales y las nuevas generaciones, porque el olvido es lo más grave que puede sucederles a los pueblos.
Este 22 de enero, también se agregará otro hecho importante para la historia contemporánea de El Salvador, y es la beatificación de cuatro mártires de la iglesia católica salvadoreña, relacionada con las graves violaciones de los derechos humanos de la dictadura salvadoreña en la década de los 70 y 80. Los nuevos beatos, asesinados por las fuerzas del régimen de turno, son el sacerdote Jesuita Rutilio Grande, el fray Cosme Spessotto, y los laicos Manuel Solórzano y Nelson Lemus.
El sacerdote Rutilio Grande, quien iba acompañado de Manuel y Nelson, fue asesinado en una emboscada que le tendió la Guardia Nacional, en el lugar hoy conocido como las tres cruces, cuando de Aguilares se dirigía a El Paisnal, a dar una misa, el 12 de marzo de 1977. Mientras que el fray Spessotto fue asesinado dentro de la capilla de San Juan Nonualco, el 14 de junio de 1980.
Algunos creen, que tras el asesinato del padre Rutilio Grande, el arzobispo y ahora Santo, Oscar Arnulfo Romero, tuvo un cambio radical en su administración y dirección de la Diócesis. Romero también fue asesinado por el régimen de turno, es decir, la dictadura militar.
Estos asesinatos, y otros miles de catequistas, obreros y campesinos, además de los desaparecidos y perseguidos políticos no sólo originó la unión de las organizaciones políticos militares (FPL, ERP, RN, PRTC y PCS), sino que propició la guerra civil de 12 años, que terminó oficialmente el 16 de enero de 1992, con la firma del Acuerdo de Paz, en Chapultepec, México.
Por eso, el 22 de enero en los próximos años, si bien celebraremos la beatificación de los cuatro mártires, no podemos aislarnos del contexto en que fueron asesinados, así es la historia, eso es la memoria histórica.
