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Redacción Nacionales
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El economista Óscar Cabrera, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN), dio a conocer un estudio donde demuestra que en El Salvador, 110 personas poseen riqueza por casi 10 mil millones de dólares; quienes no pagan impuesto sobre su patrimonio.
El estudio llamado “Tributación Progresiva para un Nuevo Modelo Productivo, Inclusivo y Sostenible” fue dado a conocer por Cabrera en Encuentro con Julio Villagrán. La investigación también fue desarrollada por Diana Carolina Navarro Rivas, economista senior de FUDECEN, y ha sido financiada por la Unión Europea y por el Gobierno Alemán.
El estudio desarrollado por FUDECEN demuestra que los niveles de desigualdad hacen imposible que este modelo económico no ponga en peligro el contrato social. “Es grave ver cómo dentro de la riqueza, la concentración ha alcanzado niveles críticos y se fractura la concentración social”.
El 1% de la población posee el 25% de la riqueza, y si se sube al 10% de la población, tiene la mitad de la riqueza y el 50% más pobre de la población apenas llega al 5%. “Es decir, la riqueza del 1% más rico, es 5 veces más que la riqueza de la mitad más pobre de la población salvadoreña”.
Es entonces, que Cabrera considera que El Salvador está dividido por la riqueza; “esto se refleja en el alto nivel de pobreza desde 2020 en adelante, la pobreza, nuevamente está cambiando en el sector rural y urbano”, comentó el presidente de FUDECEN.
Sobre el motor de la desigualdad, Cabrera enfatizó que el sistema fiscal actual es “regresivo”; “desde la época colonial el sistema tributario ha sido definido por las elites, empresariales y políticas donde han primado más por impuestos indirectos que por impuestos directos ya sea a la riqueza, a los ingresos y esto lleva a que la actual estructura tributaria salvadoreña depende excesivamente de impuestos que gravan más el consumo y cargando de manera desproporcionada a la familia de menores niveles de ingreso”.
Cabrera señaló que el 60% de la recaudación tributaria salvadoreña son impuestos indirectos. Una victoria para las élites fue en 1994 cuando eliminaron el impuesto al patrimonio. Se suprime el impuesto al patrimonio como una herramienta clave para agravar esta riqueza acumulada.
Cabrera recordó que, en 2001, las élites económicas decidieron privatizar la emisión monetaria, y, por ende, el Estado ya no tiene la capacidad de crear dinero; por lo tanto, la única política que existe para reactivar la economía y redistribuir el crecimiento a favor de los más pobres es la política fiscal.
Para ello, FUDECEN propone una metodología elaborada por un centro de investigación situado en Londres, llamada “Tax Justice Network”, donde propone que la política fiscal, para conseguir lograr los derechos humanos de la población, debe de abordar “las cuatro R”: Recaudación, Redistribución, Revalorización y Representación.
“La recaudación: recaudar aquellos ingresos que son necesarios para financiar servicios públicos de calidad (…) necesitamos financiar servicios públicos esenciales como la salud, educación, saneamiento, agua potable”. Sobre la “redistribución”, se debe frenar esas desigualdades extremas, donde el 1% más rico obtiene el 25% de la riqueza y asegurar que el Ministerio de Hacienda grave aquellas grandes corporaciones o a las personas más ricas para que contribuyan proporcionalmente más que las personas de bajos ingresos”.
La revalorización es incentivar aquellos comportamientos que generen bienes públicos. “Mirábamos el vídeo de la señora donde a toda su comunidad no ha sido tomada en cuenta para poner un relleno sanitario (San Francisco Ángulo). Es decir, eso genera males públicos en las comunidades como también puede ser la minería metálica, genera grandes daños ambientales u obras de infraestructura sin los debidos permisos ambientales”.
“El sistema tributario actual es una máquina de generar desigualdades. Un ejemplo de ello es esta tendencia a dar exención de impuestos a inversionistas que hagan obras de infraestructura en el Centro Histórico de San Salvador”, planteó Cabrera.
Lo paradójico de esto es que se utiliza un porcentaje del presupuesto, más de $700 millones para destinarlo a un portafolio de Bitcoin, incluso “cuando hay grandes carencias, vimos que el gasto en educación no llega a los límites que recomienda la UNESCO y vemos que, en el tema del gasto en salud, existe un gran desperdicio, una gran burocracia, de entre $300 y $400 millones, que deberían ser reorientados a la atención primaria, a todos los sistemas de vacunación.”
La representación es que la política fiscal debe de fortalecer la democracia, al reducir la concentración del poder político, “derivado de esa extrema riqueza, de esos 110 ultra-ricos que hay en El Salvador, y hacer que el gobierno rinda cuentas a sus contribuyentes”.
El presidente de FUDECEN reveló que, de los 110 salvadoreños más ricos, 21 poseen siete mil 423 millones de dólares, 79 salvadoreños poseen dos mil millones de dólares y 10 salvadoreños poseen $300 millones; lo que totaliza $9,723 millones. Estos datos son con base a la estimación de 2024.
“Estas cuatro R´s nos pueden llevar a una política fiscal que cumpla con los derechos económicos, sociales y culturales de la población, y que el sistema fiscal ya no sea el motor de la desigualdad”, comentó el economista.
En El Salvador el espacio fiscal es “muy limitado”, ya que el apoyo ha sido el IVA y la renta de los asalariados; pero se debe iniciar con los impuestos al patrimonio, o que las empresas y los hogares de mayores niveles de ingreso empiecen a tributar de la misma manera que tributan la renta del trabajo en el Impuesto Sobre la Renta.
El impuesto al patrimonio se impondría sobre la riqueza neta de los individuos, independientemente del rendimiento; lo cual se divide en dos categorías; impuesto sobre patrimonio neto, que se aplican sobre los activos netos de una persona ya sea regular (anualmente) o puntual (ganancias de capital). La otra categoría es sobre las transferencias, se aplican al movimiento de la riqueza y se pueden clasificar como procedentes del donante (impuestos sobre sucesiones o donaciones) o del receptor (impuesto sobre sucesiones o adquisiciones).
El Dr. Cabrera recomendó imponer un impuesto a los más ricos, que incluya inmuebles y activos financieros. Además, recordó que, en El Salvador, hasta 1994, se aplicó un impuesto a los inmuebles, pero el gobierno de ARENA de aquel entonces lo eliminó.
La propuesta a aplicar, dijo Cabrera, está dividida en tres tramos: de 5 a 30 millones de dólares, un 2% de impuesto; de 30 a 100 millones de dólares, el 3.5%; y de más de 100 millones de dólares aplicar el 5% de impuesto. Con el impuesto al patrimonio a los más ricos del país permitiría recaudar más de $447.2 millones, el 29% del Presupuesto de Educación.
