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sábado , 23 septiembre 2017
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Una cucharada de su propia medicina

Julia Evelyn Martínez

La realidad siempre supera a la ficción. Los transportistas de carga de Centro América declararon a inicios de esta semana un bloqueo en las  principales aduanas terrestres de El Salvador  en protesta por lo que consideran un “cobro abusivo” de $18  por la revisión de  mercancías que ingresan, order transitan  o salen del país.  Esta  medida de presión  ha contado  con el apoyo de la ANEP y de sus agremiados (ASI, COEXPORT, CAMTEX, Cámara de Comercio, etc.) cuyos voceros se han apresurado a advertir que este cobro le resta competitividad al país y que debe ser asumido por el Estado, y no así por las empresas exportadoras o importadoras.

Lo curioso de esta caso es el hecho que parece que lo que más indigna a los empresarios salvadoreños es que este  pago de $18 corresponde nada más ni nada menos,  que a la tarifa establecida por el  consorcio suizo alemán COTECNA-SMITH,  que tiene la concesión del servicio público de revisión  de mercaderías en las aduanas terrestres.

El Director de Asuntos Económicos de la ANEP manifestó su molestia ante este cobro ya que  “ese dinero va para la empresa que está prestando el servicio, y eso nos parece un encarecimiento del sistema” (EDH, 12.01.2014)

Todo parece indicar que a estas gremiales empresariales se les olvida que cuando un servicio o un bien público pasa a ser concesionado por una  empresa privada capitalista (como en este caso), el precio o la tarifa de ese bien o de ese servicio público debe garantizarle a los inversionistas no solamente  la recuperación de la  inversión realizada, sino que  además debe asegurarles que puedan obtener una tasa de ganancia de mercado. En este caso, la tarifa de $18 por revisiones de mercadería establecida por el consocio COTECNA – SMITH,  es la tarifa que les permite amortizar la inversión de más $35 millones que realizaron en la instalación del equipo de scanner en las aduanas  y obtener la ganancia que le corresponde a esta empresa por la inversión realizada. Esto no sucedería sí el servicio fuera prestado directamente por el Estado, ya que en este caso, el servicio no tiene como objetivo la obtención de ganancias.

Las gremiales empresariales y el partido ARENA se encuentran gestionando la suspensión de este cobro, sin embargo, también olvidan que si la empresa COTECNA – SMITH no recibe esta compensación por la vía del pago directo de los usuarios de aduanas, el Estado deberá asumir los costos financieros o bien tendrá que indemnizarla por los daños ocasionados, ya que  caso contrario, se  podría enfrentar una demanda  en un tribunal internacional.

Este caso también es paradójico (y hasta jocoso) porque quienes ahora se indignan por el cobro adicional que realiza esta empresa son quienes están abogando por la aprobación de la Ley de Asocios Públicos Privados como la alternativa a los problemas de competitividad y de crecimiento de la economía salvadoreña. ¿Qué  esperaban los señores y señoras de la ANEP, ASI, COEXPORT y Cámara de Comercio?  ¿Realmente  creen qué es  pura ideología cuando se les señala  que las concesiones son una forma de privatización y de mercantilización de los bienes y servicios públicos y que esto incrementa los costos y las tarifas de los bienes y servicios públicos? ¿O es que creen que la lógica del capital y de la ganancia solo se justifica cuando se trata de su capital y de sus ganancias?

Frente al proceso de consulta de las reformas a la Ley de Asocios Público Privados que está imponiendo el Gobierno de Estados Unidos al Gobierno salvadoreño como condición para la entrega de los fondos del FOMILENIO II, bien harían los  agremiados y agremiadas de estas asociaciones empresariales  en poner más atención al significado e impacto que los  Asocios Público Privados que tanto defienden sus dirigencias. ¿Saben los transportistas de carga  que tendrán que pagar peaje por el uso de carreteras o autopistas que sean construidas y/o ampliadas mediante un APP bajo la modalidad de contratos auto sostenibles?

En resumen, el razonamiento de las gremiales empresariales salvadoreñas frente a las concesiones del Estado parece resumirse en  una premisa: lo que es bueno para  otros,  es malo para nosotros. Es decir, ANEP y sus aliados apoyan las concesiones privadas de servicios y bienes públicos siempre y cuando  el aumento en el costo de éstos solamente afecte el bolsillo de la población y/o cuando los incrementos en costos de las empresas sean absorbidos por  el Estado.

Lo bueno es que esta vez, les llegó el turno de probar un poco de su propia medicina.

Un comentario

  1. Salvador Shashte

    Me parece un tanto superficial, e incluso tendencioso, el análisis del autor del artículo, porque la empresa privada nacional está en contra de la citada medida probablemente porque no son ellos los concesionarios y por ende no son ellos los destinatarios de las utilidades. En todo caso no se puede perder de vista que el empresario privado cuando se elevan sus costos de operación lo que hace es trasladar el precio hacia el consumidor, lo que al final viene siendo, el pueblo

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