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Carlos Mario Márquez
San Salvador/AFP
El Congreso de El Salvador estudia una propuesta para despenalizar el aborto, reabriendo la polémica en un país donde varias mujeres purgan penas de homicidio por interrupción del embarazo.
El 12 de octubre, la presidenta del Congreso, Lorena Peña, presentó al plenario una propuesta para legalizar el el aborto en casos de violación o estupro, cuando ponga en riesgo la vida de la madre o por inviabilidad de sobrevivencia del feto.
El proyecto “abre una ventana de discusión y de información a la ciudadanía, ojalá al final de este debate, podamos arribar a una votación satisfactoria”, declaró a la AFP Peña, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).
Pero la iniciativa provocó la inmediata reacción de los sectores conservadores en el Congreso y de organizaciones civiles anti-aborto, que le han prometido una cerrada oposición.
En tanto, Morena Herrera, del directorio de la ONG Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE), instó a que “prevalezca la razón”.
“Hay que esperar que, con tranquilidad, se encuentre un diálogo en el que prevalezca la razón para lograr la reforma constitucional”, declaró Herrera a la AFP.
Según la Alianza de ONGs por la Salud y la Vida de las Mujeres, la actual legislación ha provocado “la inseguridad jurídica” del personal médico, sobre todo en los hospitales públicos, cuando tienen que enfrentar casos de embarazos de alto riesgo y temen ser encarcelados por practicar un aborto.
Rechazo absoluto
La propuesta es actualmente discutida por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, antes de volver al plenario para ser votada.
Pero agrupaciones conservadoras como Red Familia, que no aceptan bajo ninguna circunstancia la interrupción del embarazo, prometen hacerle frente a la iniciativa con todos sus recursos.
“Expresamos nuestra enérgica condena a la propuesta de la diputada Lorena Peña y el grupo parlamentario del FMLN en el sentido que despenalizar el aborto en cuanto atenta contra el derecho a la vida de los ciudadanos salvadoreños al nacer”, consigna Red Familia en un comunicado.
Para la agrupación conservadora, “el aborto es un negocio sanguinario que mata al bebé por nacer y destruye a la madre”, por lo que “no existe ninguna razón por la que se justifique este crimen”.
Regina Cardenal, de Fundación Sí a la Vida, aseguró que el peligro mayor es que “una vez que se abre la legalización del aborto en un país, entra la multinacional abortiva con negocios en todos lados”.
Debate con encarceladas
Mientras arrecia la polémica, 25 mujeres, muchas de ellas condenadas por homicidio agravado, purgan penas de hasta 40 años de cárcel por abortos que en muchos casos fueron espontáneos.
“La reforma es de justicia, la mayoría de mujeres encarceladas que tenemos es por abortos espontáneos, lo cual no es delito”, declaró a la AFP el abogado Dennis Muñoz, quien ha logrado liberar a dos mujeres, una de las cuales había sido condenada a 30 años de prisión.
Una reforma en la legislación, según Muñoz, pasa por superar “dogmatismos religiosos y moralistas” porque “El Salvador no descubre nada nuevo, lo que hace es ajustar una ley medieval en función de los derechos humanos”.
La dureza de la ley salvadoreña trascendió en 2013 con el caso de Beatriz, una joven de 22 años que padecía de lupus y a la que se le impidió abortar a pesar de que el feto no había desarrollado el cerebro y estaba condenado a morir al nacer.
El 3 de junio de 2013, tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de El Salvador autorizó que a Beatriz se le practicara una cesárea temprana y el recién nacido murió horas después.
