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domingo , 17 diciembre 2017
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Probidad depende del interés ideológico-políticos de algunos magistrados de CSJ
Leonardo Ramírez Murcia, Magistrado de la Sala de lo Penal. Foto Diario co Latino.

Probidad depende del interés ideológico-políticos de algunos magistrados de CSJ

@JoakinSalazar

El Magistrado de la Sala de lo Penal y miembro de la Comisión de Probidad, malady   Leonardo Ramírez Murcia, doctor afirmó que existen diferencias marcadas para el establecimiento de los criterios para determinar a quien investigar, prostate dándole prioridad a los actuales funcionarios y no a quienes están por prescribir.

Se ha conocido que entre los 15 magistrados que conforman Corte Plena, unos consideran que se debe de investigar a los actuales funcionarios y otros que se debe dar prioridad a los que están por prescribir, que son los funcionarios del gobierno de Elías Antonio Saca, del Partido ARENA.

“Si yo tengo una convicción de lucha contra la corrupción y si todos hablamos el mismo lenguaje, que es el compromiso contra la corrupción, no tuviéramos que tener distintos caminos”, reflexionó el Magistrado.

La lucha contra la corrupción es por hoy la consigna de muchos sectores de la derecha oligárquica, y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido el instrumento con el que se evidencia que la supuesta lucha contra la corrupción está acomodada a los intereses de algunos magistrados y grupos de poder económico de la derecha.

La Sección de Probidad de la Corte estuvo anulada por más de diez años, por lo que no realizó indagaciones ni auditorías a los patrimonios de los funcionarios de los gobiernos de Francisco Flores y Elías Antonio Saca.

En diciembre de 2015, los magistrados Sidney Blanco y Belarmino Jaime, reabrieron la instancia y ordenaron investigaciones de funcionarios y ex funcionarios del gobierno del ex presidente Mauricio Funes.

Sin embargo, estas investigaciones responden al interés de la derecha oligárquica, representada por el Partido ARENA, en querer convertir al FMLN, funcionarios de sus gobiernos, en un sinónimo de corrupción.

Y es que no es una casualidad que sectores económicos e instituciones de pensamiento de derecha como FUSADES, ANEP, FUNDE coinciden en un interés de la lucha contra la corrupción, dichas entidades en las últimos meses han realizado seminarios, escriben artículos, traen expertos y opinan constantemente en los medios de comunicación.

Este día la ANEP realizará el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE), cuya temática será “El Salvador libre de corrupción”. La iniciativa busca una supuesta lucha contra la corrupción, pero en realidad es contra el actual gobierno. Puesto que obvian o evaden investigar a funcionarios  de los gobiernos dominados por el partido ARENA.

Los casos de Francisco Flores, con la desviación de más de $15 millones donados por Taiwán, dinero malversado hacia el Partido ARENA; el caso CEL Enel, Diego de Holguín, FECEPE, en el que está involucrada la diputada Ana Vilma de Escobar, más de cien casos de corrupción denunciados por el anterior gobierno de Mauricio Funes, no son del interés ni de Probidad ni de los magistrados arriba mencionados.

La Sección de Probidad, encabezada en su momento por Belarmino Jaime y Syney Blanco, inició los procesos en contra de el Diputado Reynaldo Cardoza, el ex director del  Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Leonel Flores y los ex presidentes, Mauricio Funes, y Elias Antonio Saca. Todos, a excepción del último, han sido claros en su oposición en contra de ARENA y la oligarquía salvadoreña, pero que hoy son acusados de corrupción.

El Magistrado Leonardo Murcia explicó que desconoce si los casos y actos de corrupción expresados por medios de comunicación en los que señalan a ex funcionarios de ARENA, sean parte del supuesto listado de 29 personas investigadas por Probidad, sin embargo, recalcó que aún pueden ser procesados por enriquecimiento ilícito o bajo el mecanismo de extinción de dominio.

“Quienes deben ser investigados son los funcionarios del gobierno o la presidencia de Elías Antonio Saca, como también, a la señora vicepresidenta y toda la gama de ministros, viceministros, directores de las autónomas que estaban en ese período presidencial; hay que agarrarlos e investigar. De ahí nace la necesidad de que uno de los criterios sea trabajar en base al criterio de la antigüedad”, explicó Murcia.

Actualmente, como confirmó el Magistrado Murcia, se prepara un informe patrimonial del ex presidente Francisco Flores, quien ya falleció, pero se abre el expediente a  solicitud de un ciudadano.

Extraoficialmente se conoció que a Flores, la Corte le otorgó de manera discrecional cinco días a sus deudos para que hicieran las aclaraciones correspondientes a su informe patrimonial, pese a que no existe un criterio definido para ejercer el derecho de defensa, cuando al resto de los ya procesados no se les permitió ejercer su derecho de defensa y se les otorgó solo tres días para contestar. Es decir, otorgan un beneficio a los ex funcionarios que provienen del partido de derecha, no así a los relacionados con la izquierda.

Actualmente, dentro de la Comisión de Magistrados se discuten los criterios para la investigación y procesamiento de casos de funcionarios a investigar. sin embargo, no hay acurdo, dado el interés de algunos magistrados en investigar solo a funcionarios de izquierda o aliados del partido en el Gobierno. De esta manera obvian cientos de casos, si no es que de millares, de corrupción que están por prescribir en la Sección de probidad.

Campaña mediática

En otro aspecto, la derecha oligárquica utiliza los medios de comunicación afines para poder reforzar la supuesta lucha contra la corrupción.

De acuerdo al magistrado Murcia, existe una filtración de documentos de Probidad, dado que los medios, antes de que se dictamine o apruebe un caso de probidad para ser enviado a juicio civil, los medios de comunicación lo conocen con anticipación, y estos se encargan de condenado al ex funcionario.

“La Corte no los ha aprobado (apertura de juicio), pero los medios ya lo están difundiendo, y tan peligroso es que tiran una información con una suma determinada y después tiran otra información con otra suma o cantidad, eso no debe darse así, ni debe de darse a conocer a los medios, todo mundo tiene derecho a saber, pero debe saberlo una vez que esté en firme, cuando la corte lo discutió y tomó un acuerdo”, explicó el magistrado Murcia.

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