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lunes , 11 diciembre 2017
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Miles de alumnos sin clase por río mexicano contaminado con ácido sulfúrico

México/AFP

Autoridades del gobierno de Sonora, troche en el noroeste de México, suspendieron las clases de unos 5.000 alumnos que habitan en los alrededores de un río contaminado con ácido sulfúrico de una mina de cobre, informó el lunes el director de Protección Civil estatal Jesús Arias.

“Son unos 5.000 alumnos de unas 80 escuelas los que no tendrán clases durante esta semana por la falta de agua y la cercanía en algunos puntos con el río”, dijo Arias a la AFP vía telefónica.

El pasado 6 de agosto 40.000 litros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre se desbordaron de una de las pequeñas represas de la empresa de donde se extrae el cobre y alcanzaron el río Sonora, de más de 400 km de longitud.

Decenas de toneladas de cal fueron vertidas en su cauce para bajar la acidez del agua.

Pero expertos han advertido que el problema inmediato y a largo plazo es que el ácido sulfúrico reactivó metales pesados que ya existían en el río y que pueden causar cáncer, malformaciones genéticas y deficiencias en el desarrollo intelectual de los niños, ya sea al ingerir el líquido o la carne y leche de animales que hayan bebido de su cauce.

Un día después del evento, fueron cerrados los pozos de agua que se alimentan del río distribuidos en siete municipios, dejando sin ese servicio a unos 20.000 habitantes.

El gobierno y la mina, ubicada en el municipio de Cananea y perteneciente al Grupo México, han distribuido cuatro millones de litros de agua aunque hay comunidades alejadas que aún no han recibido el vital líquido, reportó en días pasados el gobierno.

La mina produce unas 200.000 toneladas de cobre al año y está ampliando sus instalaciones para alcanzar las 510.000 toneladas anuales, con una inversión de 3.200 millones de dólares.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó el lunes una denuncia contra la firma ante la fiscalía general por delitos contra el ambiente que, según sus estimaciones, podría suponer hasta nueve años de cárcel para los responsables e implicar multas de hasta tres millones de pesos (224.000 dólares).

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