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Un Magistrado de una Cámara de lo Penal de San Miguel, oriente del país, supuestamente implicado en una serie de ilícitos, incluido el de vínculos con bandas de narcotráfico, podría ser destituido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), advirtió el presidente del Órgano Judicial, Oscar Pineda Navas.
“En caso de que se compruebe todo lo que se dice”, el Magistrado de la Cámara de lo Penal, de la Tercera Sección de Oriente, Carlos Roberto Cruz Umanzor, “se procedería a la destitución” del funcionario judicial, aseguró Pineda Navas.
Cruz Umanzor ha sido acusado por la Fiscalía General de los supuestos delitos de “Prevaricato”, “Actos Preparatorios, Conspiración en Asociaciones Delictivas”, basada en la Ley de las Actividades Reguladoras de las Drogas, así como de “Tráfico de Influencia”.
La Fiscalía General ha pedido a la Asamblea Legislativa que inicie un proceso de antejuicio contra el Magistrado de la Cámara Penal de San Miguel, con miras a desaforarlo, para procesarlo penalmente por los presuntos delitos que se le imputan.
Cruz Umanzor también fue suspendido la semana pasada por la CSJ, durante tres meses, mientras investiga de manera interna el supuesto delito de “Prevaricato”, es decir, dictar a sabiendas una Sentencia injusta contra un procesado.
Según el Jefe de la Zona Oriental de la Fiscalía, German Arriaza, Cruz Umanzor, en complicidad con la Citadora del Tribunal de Sentencia de la oriental ciudad de La Unión, María José Benavides, habrían realizado subterfugios legales para dejar en libertad a un acusado de violar a un niño.
Además, el funcionario judicial habría encomendado en varias ocasiones a Benavides la compra de cocaína a narcotraficantes para consumo propio, así como habría ayudado a ésta a conseguir su empleo en el Tribunal de Sentencia de La Unión. Pineda Navas aseguró que la eventual destitución de Cruz Umanzor, “dependerá de cómo se sigan dando las cosas” entorno a la investigación fiscal.
Depuración judicial
El funcionario judicial reconoció, sin embargo, que la Oficina de Investigación Profesional de la CSJ, tiene “cientos de expedientes” de empleados y funcionarios judiciales indagados por presunta corrupción.
“Son muchos, son cientos de expedientes que están pendientes” de resolverse, subrayó el funcionario, quien aseguró que pese a la acumulación de casos, el Órgano Judicial “sí está avanzando, y mucho” en el proceso de depuración, que debió haber iniciado tras la firma de loa Acuerdos de Paz de 1992.
Pineda Navas, sin embargo, aclaró que los últimos traslados de jueces, varios de ellos implicados en escándalos de manoseo de procesos legales, “no implica que esto (el Sistema Judicial), quede depurado”.
“Son movimientos que se cree pueden ayudar a mejorar la Administración (de Justicia)”, explicó.
También dijo que una propuesta para que el congreso reforme leyes para poner plazos a la depuración del Órgano Judicial, es positiva, pero “el problema es que hay casos que requieren más tiempo para poderlos depurar”.
“Lo que hay que tomar en cuenta – añadió Pineda Navas-, es el Debido Proceso (o sea el cumplimiento de Plazos de Juicios). Debe darse las garantías a las personas que están siendo investigadas, para que puedan defenderse”.
Las Sentencias
El presidente de la CSJ también negó que las polémicas Sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional contra la aprobación legislativa de empréstitos y la colocación de bonos del gobierno hayan sido dadas “sin ver si el procedimiento afectaría los ingresos del Estado”.
“Si hay situaciones que son inconstitucionales, eso es lo que la Sala ve y sobre lo que resuelve”, aseguró, ante la oleada de protestas de movimientos sociales contra las cuestionadas Sentencias de la Sala de lo Constitucional, que a juicio del oficialismo, buscan bloquear al gobierno el acceso a recursos económicos.
“Las Resoluciones de la Sala ven aspectos eminentemente constitucionales… sin ver si el procedimiento afectaría los ingresos del Estado”, apuntó.
