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miércoles , 13 diciembre 2017
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Juicio en Argentina por fumigación con agroquímicos a una escuela rural

Juicio en Argentina por fumigación con agroquímicos a una escuela rural

Por Jorgelina Hiba

Buenos Aires/AFP

El 4 de diciembre de 2014, poco antes de la Navidad, una lluvia de agroquímicos cayó sobre la maestra Mariela Leiva y cinco niños que estaban en la escuela rural de Colonia Santa Anita, un pequeño pueblo argentino enclavado en la provincia de Entre Ríos.

Pocos minutos después de aquella “lluvia”, Leiva y los chicos sintieron mareos, vómitos, dolores de estómago e irritación en las mucosas: el plaguicida lanzado desde corta distancia sobre el campo de arroz pegado a la escuela n°44 comenzaba a hacer su efecto.

Este semana, casi tres años después del hecho, comenzó un inédito juicio en la justicia de Entre Ríos, al este de Argentina, por lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa.

Los acusados son Bernardo Rodríguez, el titular de la empresa fumigadora; José Mario Honecker, el dueño del campo; y César Martín Visconti, piloto de la aeronave.

Leiva contó que Honecker fue alumno de la misma escuela que resultó fumigada: “Es increíble el grado de impunidad con el que se maneja”, dijo.

Fue el gremio de los maestros el que impulsó la iniciativa a través de la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas”, que busca echar luz sobre la problemática de las fumigaciones en los campos agrícolas argentinos y sus efectos sobre la salud humana y el ambiente.

Leiva es una de las testigos que declaró en el juicio oral que tiene lugar en los tribunales de Concepción del Uruguay.

“Los maestros de Entre Ríos luchamos por la salud y por la vida. Queremos que dejen de fumigarnos”, señaló a la AFP. Dijo sentirse “rara” tras el inicio del juicio ya que “parecía que yo era la culpable y el productor la víctima”.

Desregulado

La maestra indicó que el día de la fumigación sobre la escuela no se cumplió ninguna de las regulaciones que existen a la hora de aplicar agroquímicos con aspersiones aéreas.

“No se respetaron los 100 metros de seguridad, no avisaron con antelación de la fumigación, y no había ingeniero agrónomo supervisando la actividad”, rememoró.

Por su parte, desde las organizaciones que agrupan a los productores, salieron a defender al empresario agrícola con un comunicado hecho público el lunes pasado, el mismo día que comenzó el juicio, en el que expresaron su “preocupación” por el proceso judicial.

Los productores agrícolas subrayaron que “es necesario que se pueda dilucidar con elementos técnicos certeros las afectaciones denunciadas por la docente”, ya que, según estimaron, “se trató de una aplicación realizada con control profesional”.

Elvio Guia, presidente de Federación Agraria en Entre Ríos, aclaró que lo que desean es que la justicia pueda probar “de manera técnica” que Honecker infringió la ley.

“Si se comprueba que este productor infringió las leyes debe ser castigado, pero pedimos que la justicia lo haga de forma técnica y no por el humor social”, explicó el dirigente rural a la AFP.

Química pura

Guia sostuvo que “el avión estaba habilitado, había un responsable técnico, no hubo deriva y se había ido 48 horas antes a la escuela a avisar sobre la fumigación”.

“No somos de la corporación sojera, somos pequeños y medianos productores y queremos que se hagan las cosas bien, no queremos que los agricultores avasallen los derechos del pueblo, pero tampoco la inversa”, expresó en defensa de la operación denunciada por los maestros.

El modelo agropecuario argentino es altamente dependiente de agroquímicos ya que la enorme mayoría de sus cultivos (soja sobre todo) se hace con semillas modificadas genéticamente.

“Es increíble la utilización de químicos en este país, nadie tiene cuidado y piensan que es agua bendita y no lo es, es veneno”, dijo a la AFP Carlos Manessi, de la multisectorial Paren de Fumigarnos de la provincia de Santa Fe.

Según la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales, el año pasado se utilizaron casi 400 millones de litros de productos químicos en el agro, una cifra que en 1991 era de apenas 39 millones.

El inicio de este juicio coincidió con la divulgación de los resultados de la autopsia a una niña de 12 años, que murió este mes tras comer una mandarina que se encontró en un camino rural y que contenía un poderoso agroquímico de uso prohibido en Argentina, según sostuvo la fiscalía.

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