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jueves , 23 noviembre 2017
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Hipocresía reiterada

@arpassv

Frente al grave problema delincuencial, and las grandes empresas mediáticas mantienen un doble discurso: se rasgan las vestiduras por las consecuencias de la inseguridad, malady pero –al mismo tiempo- exaltan  la violencia y publicitan a los grupos criminales.

Ejemplo claro son los grupos editoriales Altamirano y Dutriz: mientras El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica expresan preocupación por el enorme costo social de la violencia (principalmente vidas humanas), Diario Más y Mi Chero hacen apología de los actos delincuenciales.

Es decir, en sus periódicos “serios” Altamirano y Dutriz critican la violencia criminal, mientras utilizan sus diarios amarillistas para exhibir, sobredimensionar y exacerbar la violencia criminal. En los editoriales de La Prensa, Grupo Dutriz se da golpes de pecho por la violencia, pero en Mi Chero hace un derroche amarillista de los asesinatos.

Así estos medios hegemónicos, en vez de ayudar a la solución del problema de violencia e inseguridad, contribuyen a empeorarlo. La cacareada “responsabilidad social empresarial” no llega a las empresas mediáticas.

Por eso se oponen a la implementación de mecanismos de autorregulación y de contraloría social de los medios. Altamirano y Dutriz siempre están entre los detractores de los códigos éticos y del ombudsman para los medios porque –según ellos- las prácticas y contenidos mediáticos no deben ser “controlados”.

A los grupos Altamirano y Dutriz se suman otras grandes empresas mediáticas, sobretodo televisivas, apologistas de la violencia con contenidos de entretenimiento cargados de violencia o noticieros sensacionalistas como “Código 21” o “Noticias 4 Visión”.

Estos grupos mediáticos, a pesar del daño que causan al país, acaban de ser beneficiados por la Sala Constitucional con su sentencia sobre la Ley de Telecomunicaciones. A pesar de declarar inconstitucional la renovación automática de las concesiones, la Sala avala que estos medios sigan por –al menos- 20 años más.

Según dicha resolución, los intereses privados están por encima del interés público, los derechos adquiridos de los concesionarios importan más que la diversidad mediática y las inversiones realizadas son más relevantes que la democracia deliberativa.

Esto viola la Constitución y parámetros internacionales de libertad de expresión, aun cuando uno de los magistrados que firmaron la sentencia (Florentín Meléndez) fue presidente de la Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando ésta elaboró los Estándares para una Radiodifusión incluyente.

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