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domingo , 17 diciembre 2017
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Guatemala: ¿un grito en el desierto?

Oscar A. Fernández O.

Los hechos que se desarrollan en Guatemala, decease evidencian un agotamiento del sistema político tradicional, clinic diseñado y dirigido por la oligarquía chapina asesorada desde hace mucho tiempo, por la Central de Inteligencia Americana (CIA) y no pueden explicarse si no ahondamos en la historia de ese país y sus paralelos con la historia de los demás países del istmo centroamericano.

En Guatemala cerca del 53% de la población vive bajo la línea de pobreza. A eso se le suma una cantidad de problemas igualmente complejos que hacen de la vida cotidiana casi un suplicio: racismo, machismo, corrupción, violencia desbocada, impunidad. (Colussi; 2015) Además la corrupción y el crimen han sido desde algún tiempo una cultura desarrollada por el sistema económico y político de ese país.

Actualmente, uno de los más importantes retos de la teoría política crítica y radical, es precisamente la compresión de los nuevos actores sociales que se presentan en las distintas escenas. Uno de estos actores, es sin duda el sector social integrado por las organizaciones de narcotráfico y de paramilitarismo que se han consolidado como poderes fácticos, con la actual estrategia de dominación imperialista para la región de México, Centroamérica y Colombia.

En México y Guatemala, sobretodo, las ejecuciones extra-judiciales, la desaparición-detención en campos clandestinos de los para-militares o de las corporaciones del estado, la violación, la tortura, el secuestro, son otros métodos aplicados al conjunto de la sociedad y en especial a los sectores más oprimidos y marginados en prácticamente todo el país donde se vive una dura conflagración social. El miedo se ha vuelto el medio para generar consenso y la violencia para solucionar problemas políticos.

Sin ir muy lejos, a partir del golpe de Estado orquestado en 1954 por la CIA y el gobierno de Washington que culminara con el derrocamiento del popular presidente constitucional Jacobo Arbenz, el país quedó gobernado por una estrecha alianza formada por la embajada estadounidense, las cámaras empresariales y la camarilla militar fascista. Esto seis décadas después, no ha variado.

Según los cálculos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU el genocidio maya arrojó un saldo de 200.000 muertos y desaparecidos de esa etnia, además de un número enorme de opositores políticos y bases de apoyo de la guerrilla. (Guerra C.; 2015)

Aunque el genocidio terminó, sus autores quedaron impunes, entre ellos Pérez Molina. Los acuerdos de paz abrieron relativamente el espacio político con elecciones a la norteamericana, pero apenas tocaron la vieja estructura de dominación imperialista-oligárquica. Grandes empresarios, jefes militares y la gran mayoría de los políticos que se subordinan a la Embajada de Estados Unidos, son cómplices de ésta, en el control sobre la sociedad civil. De igual forma, manejan grandes negocios nacidos durante la guerra sucia, extendidos en los años posteriores, incluyendo una apetitosa participación en el movimiento de drogas, en el contrabando y en otras actividades criminales.

Se suele afirmar con ligereza y con cierta emoción pro-colonial, por parte de varios políticos tradicionales y derechistas, que estos actos de corrupción no se ven en “democracias avanzadas”. Pensemos en Estados Unidos que por excelencia suele ser el paradigma de la democracia desarrollada, dónde a través de elecciones en las que no decide el pueblo, sino un organismo manejado por el poder real, se imponen gobernantes a capricho de los grandes capitales.

Como lo hemos dicho en escritos anteriores,  respetando las particularidades de cada país, es evidente que las políticas neoliberales han impulsado la corrupción en el mundo entero y no solo en América Latina y los países subdesarrollados, al estimular la prevalencia del individualismo, el egoísmo, el consumismo, la adoración por el placer, la pobreza, el desempleo y, en general, la subordinación de lo público a lo privado y la preeminencia del mercado.

La condenación del Estado de Guatemala ha sido la razón natural de su funcionamiento, la incapacidad de las instancias públicas, sobre todo las encargadas de aplicar la justicia, la acefalía de los organismos gubernamentales y la cooptación de parte del ejército durante años, del Estado mismo, a partir de la preponderancia política y el incontrolado manejo y distribución de los recursos financieros. Parte de esta lógica bonapartista, fundada por la oligarquía de ese país en connivencia con los organismos de inteligencia norteamericanos, quedó plasmada en el Estado Contrainsurgente, responsable de terrorismo contra la población.

Muchas dudas nos asaltan, según lo expresado por varios expertos en los asuntos políticos guatemaltecos, al contextuar las acciones de la llamada CICIG. ¿Por qué justo en tiempos de la efervescencia de las resistencias comunitarias indígenas y campesinas frente a las invasiones de las empresas extractivas y de “servicios” a los territorios, la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) “desenmascara” a los actores de la corrupción (organización criminal) que ya operaban desde hace varias décadas atrás? ¿Por qué a casi 10 días de las elecciones generales encarcelan a la ex Vicepresidenta y a escasas horas de las mismas, el Congreso destituye casi unánimemente al Presidente de la República quien de facto ya no ejercía sus funciones?

Hace cuatro meses atrás, cuando ciudadanos irritados de la clase media, espontáneamente comenzaron a tomar el Parque Central de la ciudad capital para protestar contra el robo de sus impuestos, divisamos que dichas acciones urbanas podrían confluir en la articulación de una conciencia sociopolítica, junto a las históricas y crecientes resistencias comunitarias contra el neoliberalismo en el interior del país. Entonces, creíamos que existía la posibilidad que podían concurrir las resistencias creativas contra el modelo económico-neoliberal y la indignación citadina contra el sistema político y una visión transformadora del sistema. Pero no fue así, nos relata Ollantay Itzmaná (blogotraamerica.com)

El despertar de la clase media fue cooptado por los Grandes Empresarios (CACIF) y la Embajada norteamericana.  No es casualidad, pues, escuchar las declaraciones de una muy satisfecha Embajadora Norteamericana en nuestro país, afirmando que su Gobierno apoya toda esta maniobra en Guatemala, que supuestamente desarrolla una lucha anticorrupción. ¡Los pájaros tirándole a la escopeta!

Días atrás, su jefe, el Secretario de Estado norteamericano John Kerry declaraba “El papel desempeñado por la CICIG en Guatemala contribuye a los objetivos del país y de los EE.UU. articulados en el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte” (eldiario.es)

A la oligarquía empresarial y a las mafias que manejan Guatemala, no les preocupa la corrupción. Son precisamente los grandes ricos en Guatemala quienes acumularon su patrimonio gracias al robo, al contrabando y a la defraudación tributaria. Lo que les preocupa es la competencia del narcotráfico en el negocio de la corrupción. En El Salvador la historia es la misma. Quienes hoy claman contra la corrupción, son los grandes e inveterados corruptos y corruptores que han manoseado y destruido el Estado desde hace mucho tiempo.

Ciertamente hay que combatir la corrupción como modus operandi de los poderes fácticos que han usurpado y manipulado el poder público, pero con el único fin político de construir un nuevo Estado de justicia y verdad.

Sin embargo, en Guatemala como en otros países, el movimiento popular está fragmentado, desorganizado, cooptado por la ideología dominante. Después del derrumbe del paradigma de la revolución socialista moderna, y con ello la postergación de muchos sueños transformadores, es difícil re-articular luchas por ideales que desarrollen verdaderos movimientos políticos revolucionarios, a los que hoy se los quiere presentar como extemporáneos y supuestamente sobrados. De todos modos, donde sea que haya injusticias habrá reacción popular. Y desde luego, que aún sigue habiendo muchas y profundas injusticias.

La gente en Guatemala ha salido a las calles, eso es un paso positivo, el problema es que mientras solo se exija la renuncia de un gobierno corrupto para sustituirlo por otro igual, los verdaderos cambios transformadores para terminar con el sistema monopólico que continúa vilipendiando y empobreciendo a las mayorías, quedarán como la gran deuda histórica del país.

En esta dirección, seguir ade¬lante con el proceso electoral, a pesar de la contundente evidencia fáctica y jurídica de un “estado de cosas incons¬titucional” (léase crisis política) que lo vuelve inviable en el contexto actual, implicaría la violación flagrante de una serie de derechos y principios políticos y jurídicos del pueblo. La salida quizás no más fácil pero más efectiva sería que el pueblo organizado exija por la vía no violenta, un  rediseño del orden constitucional.

Ciertamente la lucha será larga y azarosa pero de no hacerla, tendremos a la misma mona, con distinto vestido, pues como nos dice M. Colussi (www.resumen.cl) el asunto está en ¿cómo hacer para mantener ese espíritu rebelde que se encendió en Guatemala en estos meses e ir más allá de la corrupción?

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