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Óscar Campos Molina
En el marco del proceso de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo sobre el cometimiento de actos de corrupción durante el quinquenio 2004-2009 denominado “Destape a la corrupción”, en el cual se ha presentado requerimiento penal contra ex funcionarios de alto nivel como el ex presidente Elías Antonio Saca, el ex secretario privado Elmer Charlaix, ex secretario de comunicaciones Julio Rank, ex secretario de la juventud César Funes y otros actuales servidores públicos, es necesario preguntarnos ¿Sólo le toca a la Fiscalía el combate contra la corrupción y la impunidad?
Precisamente, esa pregunta es válida pues recordemos que el fenómeno de la corrupción genera un agravio a los principios básicos de la convivencia democrática y a los derechos humanos tutelados por el Estado salvadoreño, por lo que toda práctica de corrupción cometida por cualquier persona sin importar ideología o color partidario, atenta y socava la capacidad de las instituciones públicas para garantizar la justicia, la seguridad jurídica y el bien común, lo que repercute en el desarrollo de los pueblos.
Todos los actos de corrupción que se cometen en contra del patrimonio del Estado, provocan la pérdida de recursos que están destinados a la satisfacción de los derechos fundamentales, por ello es necesario que quienes los cometen deben ser denunciados, investigados y procesados bajo las normas del debido proceso. Bien lo dice la Constitución en su art. 236 “Cualquier persona tiene derecho de denunciar los delitos –Oficiales- de que trata este artículo.” que todos estamos obligados a denunciar cuando nos damos cuenta que alguien ha cometido esos delitos.
Actualmente, un caso en particular llama la atención, es el caso denominado el “Destape a la corrupción”, pero más allá de su impacto mediático por ser un ex presidente el involucrado en la sustracción de más de $246 millones; lo que más preocupa es que las instituciones públicas encargadas de la fiscalización y prevención del mal uso de fondos públicos, como lo son la Corte de Cuentas de la República (CCR), así como la encargada de la investigación de delitos de corrupción (FGR) hayan sido cooptadas en administraciones anteriores por personas que permitieron ocultar y no investigar los múltiples señalamientos de corrupción que se atribuían a estos ex funcionarios. Entonces es válido preguntarnos ¿Fueron solo $246 millones, o habrá sido más el dinero sustraído de las arcas del Estado a lo largo de las últimas 4 administraciones?
Otro punto que llama mucho la preocupación, es que ahora –tal como sucedió en el Caso Flores- los mismos personeros y dirigentes del partido político gobernante de esa época –ARENA-, acepten y reconozcan que en su momento se dieron cuenta de los actos ilícitos y corruptos cometidos en la administración Saca 2004-2009, pero aún más relevante es que presumiblemente por intereses electorales no hayan denunciado debidamente o informado a las autoridades competentes si tenían el conocimiento de situaciones ilegales en el manejo de los fondos públicos. ¿Tienen entonces una doble moral al hablar de corrupción, o simplemente padecen de mala memoria?
El trabajo fiscal realizado hasta ahora, ha sido muy importante pues ha logrado identificar una serie de irregularidades e ilegalidades recurrentes en la administración pública, las cuales han afectado el normal desempeño del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones con la ciudadanía. Sin embargo, la FGR no es el único actor clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad, al esfuerzo que se realiza, se deben sumar otros actores tales como el Órgano Judicial, representados por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los aplicadores de justicia en el sistema, en este caso la Jueza 4° de Paz y el posible Juez instructor que tendrán en sus manos la oportunidad de sentar un nuevo precedente de justicia y respeto a la ley sin importar el estatus social, económico o político que los investigados puedan ostentar.
La actual administración de FGR debe profundizar las investigaciones e ir más allá con el fin de determinar las posibles responsabilidades cometidas por estos y otros ex funcionarios, la irregularidades llevadas a cabo por todos los partidos políticos –ARENA, FMLN, GANA etc-, las omisiones en las que pudieron haber incurrido funcionarios como el ex presidente de la CCR, Hernán Contreras y el ex fiscal Romeo Benjamín Barahona, entre otros y el papel de la Banca privada y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en la prevención de estos delitos.
Éste caso se convierte en una oportunidad que el Fiscal General de la República, tiene para demostrar una vez más su profesionalismo e imparcialidad en la dirección de las investigaciones sobre delitos, en especial delitos de corrupción, por ello debemos pedirle que continúe con los esfuerzos de manera independiente e imparcial de investigar posibles actos de corrupción en cualquier administración pública sea pasada o presente; ya que seríamos muy ingenuos si enfocamos batería solo contra las administraciones de derecha, pues debemos investigarlos a todos por igual.
Igual llamado debemos hacer a la CSJ y a los miembros de la carrera judicial a cumplir con el debido proceso y sumarse con ello a los esfuerzos para acabar con la corrupción y la impunidad en El Salvador; y no se diga a la Asamblea Legislativa que debe llevar a cabo elecciones de segundo grado con apego a la Constitución, con el fin de evitar negociaciones de cuotas en las instituciones públicas, en especial en instituciones como la Corte de Cuentas u otras que sirvan de tapadera de la corrupción, por eso todos debemos tomar el mango del destapa caños y aportar para destapar la corrupción, venga de donde venga.
