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En el marco del Día Mundial del Hábitat, MOVITIERRA y FESPAD, demandaron una ley para una vivienda adecuada a las poblaciones vulnerables. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

Vivienda y Hábitat deuda histórica del Estado salvadoreño

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

“La vivienda adecuada es un derecho humano que significa la necesidad que toda persona pueda vivir en condiciones de dignidad”, afirmó Mélida Alvarado, representante de MOVITIERRA, en el pronunciamiento del “Día Mundial del Hábitat”.

Por medio de la resolución (40/2021) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el primer lunes del mes de octubre de cada año como el “Día Mundial del Hábitat,” con la intención de hacer un llamado a mejorar las condiciones estructurales de los pueblos y ciudades en el mundo.

En el marco del Día Mundial de Hábitat: Una Reflexión de la Vivienda en El Salvador, FESPAD y MOVITIERRA manifestaron que el derecho humano a la vivienda no solo trata de espacios físicos, sino también de fomentar condiciones de paz, seguridad y dignidad para un buen desarrollo de proyectos de vida.

Reconocido como un derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), Alvarado consideró que era importante que el Estado salvadoreño, retome sus compromisos internacionales y facilitar un techo digno a sectores vulnerables.

“En la estructura del Estado ya existen las instituciones que se denominan Sistema Integral de Vivienda, y creemos que la articulación de éstas debe estar marcada por una hoja de ruta establecida en una política pública de vivienda y hábitat, y por una ley y reglamento que establezcan la obligación real en el tratamiento del déficit habitacional desde el órgano Legislativa y la administración desde del órgano Ejecutivo”, señaló.

La DIYGESTYC, una entidad gubernamental, ha establecido que de cada 100 hogares solo 53 tienen certeza jurídica. Sin tomar en cuenta, si esas 53 familias posean realmente una vivienda adecuada, ya que mucha población desarrolla la autoconstrucción.

“Se ha conocido de familias en incertidumbre a ser desalojadas, en el kilómetro 53 de la carretera del Litoral, cerca de la Lotificación Costa Azul; también en el cantón El Zonte por la playa. Y 35 familias en calle Hacienda El Zope en Acajutla, Sonsonate”, se denunció.

“Hay 126 familias que se encuentran amenazadas de desalojo en la comunidad Bendición de Dios, en San Miguel. Otras, 700 familias que temen su desalojo en la Hacienda Normandía, Jiquilisco, Usulután, y sin que el Estado nos presente soluciones a nuestra problemática”, explicó Mélida Alvarado.

El llamado a prestar atención a los compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que fueron firmados y se integran desde el año 2015, al cuerpo jurídico nacional, dijo, William Murcia, abogado de FESPAD, quien agregó que es una base clara para trabajar desde el Objetivo 11, que instituye ciudades y comunidades sostenibles.

“Este día hacemos la reflexión ¿Qué está haciendo el Estado sobre esta problemática?, ¿Qué está haciendo para generar esas ciudades y comunidades sostenibles ?, y más que pensar en el tema del Hábitat, queremos ir más allá, del concepto de un espacio de 4 paredes”, agregó Murcia. “Ese derecho humano a la vivienda establece que las ciudades deben ser pensadas para adultos mayores y la niñez. Y deben ser pensadas en escenarios -en los cuales-, el Estado debe de proveer de ciertas herramientas a esas familias, para facilitar el acceso a la vivienda”, manifestó Murcia.

Sobre las “herramientas” agregó que estas deben ser de carácter técnico y financiero, el Estado salvadoreño debe comenzar a considerar mecanismos alternativos para el desarrollo de viviendas, para el desarrollo de hábitat. Y la

premisa es el Objetivo 11, para iniciar la formulación de políticas y programas que equiparen y se reduzca el déficit habitacional.

“Está bien pensar en el desarrollo de la vivienda como impulsor de la economía, pero también hay que pensarlo como un derecho humano, y existe una propuesta de reforma al artículo 119 de la Constitución, porque actualmente como está redactado no alcanza todos los estándares internacionales de derechos humanos”, agregó.

Mientras, Omar Flores, de FESPAD, consideró que el Estado salvadoreño está haciendo muy poco en esta materia, al señalar los datos oficiales que ofrece la DIGESTYC sobre la seguridad jurídica de la vivienda.

Y otros insumos regionales como los presentados por el INCAE, que determinó que “el 91% del déficit habitacional es que de cada 100 personas, 91 de esas familias tienen una vivienda de mala calidad o no tienen una vivienda en términos cualitativos y cuantitativos, lo que consideró grave.

“En estas condiciones es un problema histórico y, el Estado ha hecho muy poco desde el principio, además, no tenemos una Ley de Vivienda y Hábitat, a pesar de que las organizaciones sociales han promovido y presentando desde 2012, proyectos en esta materia”.

“Al menos, existen tres anteproyectos en la comisión legislativa, pero ¿Qué decidió la Asamblea Legislativa?, mando a archivar los anteproyectos; el órgano Ejecutivo, hay un parteaguas en la nueva composición, pero no hemos tenido y no hemos conocido ninguna política pública de vivienda y hábitat, es más, no sabemos si existe”, sostuvo Flores.

El pasado 15 de septiembre, el presidente de la república, Nayib Bukele, anunció la entrega de no menos de 50 escrituras en el municipio de San Martín, San Salvador, en el lugar que ocupa la Hacienda Gran Bretaña, pero lamentó que al compararlo con el déficit habitacional ese cantidad deja en entredicho una política para dar vivienda a los más vulnerables.

Por lo que MOVITIERRA y FESPAD demandaron el reconocimiento del derecho humano a la vivienda adecuada, atendiendo los estándares internacionales y sacar del archivo legislativo los anteproyectos de ley presentados por las organizaciones sociales para su discusión.

Asimismo, pidieron que se derogue la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, (Decreto Legislativo 23/2009), porque vulnera derechos procesales que genera la declaración de desalojos de forma arbitraria. Y la agilizar el estudio y aprobación de la Ley General del Recurso Hídrico, al retomar los aportes de la sociedad civil organizada.

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