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Redacción Nacionales
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La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) sostuvo una reunión con el Colegio de Abogacía Española, en Madrid, donde dio a conocer la situación de El Salvador y el alto riesgo que enfrentan los abogados ante el gobierno de Nayib Bukele en el ejercicio de la profesión.
Los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya fueron recibidos por el Colegio de la Abogacía Española, que está haciendo un monitoreo a través del observatorio de abogados de alto riesgo, que recientemente emitió una alerta por el caso de Ruth López, Alejandro Henríquez y los abogados de UNIDEHC como perseguidos políticos.
Durante la reunión se expusieron temas como la falta de independencia judicial en El Salvador; riesgos, amenazas y criminalización que sufren los abogados en El Salvador que defienden derechos humanos; así como las vulneraciones cometidas en los procesos judiciales, como la falta de un debido proceso y garantías legales para los ciudadanos detenidos bajo el Régimen de Excepción.
Ivania Cruz, abogada de UNIDEHC, explicó que presentaron la situación de riesgo para los abogados en el ejercicio de la profesión, tanto para quienes ejercen la defensa en los casos del Régimen de Excepción, como la criminalización de los que están en la defensa de las comunidades, y las acciones del Estado en contra de los juristas, como el caso emblemático de Enrique Anaya.
“Se presentaron los casos emblemáticos de El Salvador como también las posibles acciones que se piensan trabajar en conjunto, el Colegio pertenece a una red de diferentes organizaciones de juristas que harán un pronunciamiento a favor de los abogados salvadoreños, aunque en el país no existe un Colegio de la Abogacía pueden intervenir en tener acciones de emergencia, y otras que permitan en un futuro acompañar a una delegación para constatar el sistema de la aplicación de justicia”, sostuvo.
Asimismo, consideró que actualmente los abogados en El Salvador enfrentan diferentes obstáculos para ejercer una defensa técnica en los casos del régimen de excepción; además, no pueden mantener contacto con el cliente, que impide preparar una estrategia de defensa; existe falta de igualdad procesal en los Tribunales del Crimen Organizado, sobre todo, en ciertas audiencias al inicio del régimen que le impidieron a los abogados privados conocer la fecha de audiencia.
Cruz dijo que, debido a la reserva de los casos, limita el acceso a las copias de los expedientes; además, atraviesan por constantes advertencias de jueces al mencionar situaciones que pasan en el sistema de justicia, son amenazados de enviar queja a la Sección de Investigación profesional, todo esto ha tenido como consecuencia el miedo en el gremio.
“Los abogados han sido objeto de persecución política por apoyar a las comunidades en amenaza de desalojo como la Comunidad La Floresta y la Cooperativa El Bosque, eso ha tenido como consecuencia que muchos abogados no quieran llevar casos de comunidades vulnerables; existe un silencio de las Asociaciones de Abogados ante los ataques a abogados prestigiosos como Ruth López y Enrique Anaya”, aseguró.
Los abogados de UNIDEHC reiteraron que seguirán dando a conocer la situación de El Salvador, gracias a las gestiones de la Organización Vasca de Cooperación Paz y Solidaridad EUSKADI continuarán con acciones para defender los derechos de los abogados salvadoreños y que puedan ejercer su labor de manera integral y sin miedos u obstáculos, contrario a como sucede hoy por hoy con el actual gobierno de Nayib Bukele.
Entre los casos emblemáticos de abogados críticos al gobierno está, Enrique Anaya, quien fue capturado el pasado 7 de junio de 2025 acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de Lavado de Dinero y Activos, los supuestos delitos habrían sido cometido entre el 2015 y 2024. El caso tiene reserva total, por lo que no se conocieron detalles.
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador resolvió en la audiencia inicial, instrucción formal con detención provisional contra el abogado Anaya.
El 18 de mayo de 2025 fue capturada la abogada y jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López, inicialmente acusada de peculado, aunque 15 días después de su detención, la FGR sustituyó el delito por enriquecimiento ilícito.
Su detención se dio sin garantías, en un proceso bajo reserva judicial, el cual ha sido ampliamente condenado por organismos internacionales y mecanismos de protección regionales y universales. Durante la audiencia inicial el juzgado decidió enviarla a detención provisional por seis meses.
Además, el 13 de mayo de 2025 fue detenido el abogado y defensor ambientalista, Alejandro Henríquez, capturado por su participación en una protesta pacífica contra un desalojo forzoso que enfrentaba la comunidad El Bosque, Santa Tecla, La Libertad, donde habitan más de 300 familias.
Desde su detención se le ha negado el acceso inmediato y pleno a su defensa legal y a información sobre su situación; luego de la orden judicial por seis meses de prisión preventiva, Alejandro fue trasladado al penal “La Esperanza”.
En el penal se encuentra en régimen de incomunicación, en condiciones de hacinamiento extremo y expuesto al riesgo de sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la tortura, como lo han denunciado las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
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