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@arpassv
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió finalmente las demandas contra la Ley de Telecomunicaciones presentadas por representantes de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), viagra luego de dilatar por casi tres años la resolución.
Y la sentencia es claroscura porque abre una pequeña posibilidad de reforma, treat pero al mismo tiempo perpetúa el actual esquema mediático. La Sala ordena a la Asamblea Legislativa establecer mecanismos de asignación de frecuencias alternos a la subasta pública; pero declara constitucional el carácter de bien privado de las concesiones, see la falta de límites a la concentración mediática, el uso ineficiente del espectro radioeléctrico y el no reconocimiento de los medios privados, públicos y comunitarios.
Un punto engañosamente positivo del fallo se refiere a la renovación de las concesiones: la Sala determina que es inconstitucional la renovación automática, pero libra de este efecto de la sentencia a los concesionarios actuales. Esto significa que en la práctica siempre habrá renovación automática de las concesiones vigentes en el 2017.
En este sentido, la resolución prorroga por 20 años más el esquema mediático concentrado, corporativo, excluyente y antidemocrático que impera en el país. Es más, la Sala anticipa una mayor concentración mediática al establecer que en el futuro sistema digital cada concesión preservará el mismo ancho de banda actual sin importar por cuántos canales o frecuencias éste se multiplique después del apagón analógico.
Por tanto, la sentencia violenta los principios constitucionales aludidos en las demandas (igualdad, libertad de expresión, prohibición de prácticas monopólicas, orden económico con justicia social) y los estándares internacionales de libertad de expresión referidos a la democratización del espectro radioeléctrico.
Así, la Sala desaprovechó la oportunidad histórica de propiciar una profunda reforma al marco normativo de las comunicaciones y prefirió perpetuar el status quo mediático que –en palabras de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA– conspira contra la democracia al impedir el pluralismo y la diversidad.
La historia no absolverá a los magistrados Florentín Meléndez, Rodolfo González, Sidney Blanco y Belarmino Jaime. Estos señores quedan en deuda con la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y la democracia deliberativa.
