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Redacción Nacionales
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La comunidad San Francisco Angulo, en Tecoluca, San Vicente, reiteró su rechazo a la construcción de un megaproyecto de relleno sanitario en su territorio y exigió la suspensión definitiva de las obras, la protección de las fuentes de agua y una investigación independiente sobre la posible afectación de sitios donde permanecerían restos humanos de víctimas del conflicto armado.
La postura fue expresada este sábado 24 de octubre durante el Festival por la Vida y la Defensa del Territorio, denominado “Sembrando resistencia, cosechando dignidad”, organizado por la comunidad y el Movimiento por la Defensa de la Tierra, el Agua y los Recursos Naturales.
La actividad reunió a comunidades, organizaciones sociales, ambientalistas, sectores populares y religiosos, así como personas solidarias que han acompañado las denuncias y acciones de resistencia frente al proyecto. Según los organizadores, el encuentro busca fortalecer la coordinación entre territorios que enfrentan amenazas ambientales y defender el derecho de las poblaciones a decidir sobre su futuro.
Memoria histórica bajo amenaza
Uno de los principales señalamientos de la comunidad es que el terreno donde se pretende desarrollar el relleno sanitario no es un espacio vacío ni carente de historia. En su pronunciamiento, recordó que en esa zona ocurrieron masacres durante el conflicto armado salvadoreño y que existen testimonios y antecedentes sobre la presencia de osamentas de víctimas que habrían permanecido durante décadas en el lugar.
La comunidad advirtió que las excavaciones y los movimientos de tierra vinculados con las obras amenazan estos sitios de memoria histórica y podrían haber alterado áreas donde se encontrarían restos humanos.
Ante esta situación, exigió la protección inmediata de los lugares señalados y una investigación independiente que permita establecer si las intervenciones afectaron posibles evidencias relacionadas con las víctimas.
Para los habitantes, la defensa del territorio está vinculada con la búsqueda de verdad, justicia y reparación para quienes sufrieron la violencia durante la guerra, así como para sus familiares.
“No puede construirse un basurero sobre la memoria de las personas masacradas”, sostiene el documento difundido por la comunidad, que considera que el respeto a las víctimas constituye una responsabilidad vigente del Estado y de la sociedad salvadoreña.
Denuncian daños al entorno natural
La segunda preocupación expresada por los pobladores está relacionada con las intervenciones ambientales que, según denuncian, se han realizado en el terreno.
El pronunciamiento señala la tala de árboles, la remoción de tierra, las excavaciones y otras alteraciones del entorno natural. Estas acciones, advierten, generan preocupación por sus posibles consecuencias sobre los suelos, la vegetación, la biodiversidad y las actividades productivas de las familias campesinas.
La comunidad sostiene que ningún proyecto de infraestructura debe justificar la destrucción de las condiciones naturales que garantizan la vida de las poblaciones rurales.
En ese sentido, reclama que se reparen integralmente los daños ambientales, sociales y patrimoniales que atribuye a las intervenciones realizadas en la zona, además de establecer las responsabilidades institucionales y empresariales correspondientes.
El comunicado no detalla una evaluación técnica independiente sobre la magnitud de los daños denunciados, por lo que estos señalamientos requieren ser examinados mediante inspecciones y estudios especializados.
El agua, una preocupación central
La defensa de las fuentes de agua constituye el tercer eje de las demandas de San Francisco Angulo. Para las familias campesinas, el agua es indispensable para el consumo humano, la salud, la producción de alimentos y la continuidad de la vida comunitaria.
Los habitantes consideran que un relleno sanitario de grandes dimensiones representa un riesgo que debe evaluarse rigurosamente, particularmente por sus posibles efectos sobre los nacimientos de agua, las quebradas, los mantos acuíferos y las fuentes de abastecimiento de la población.
Por ello, demandan que se aplique el principio de prevención ambiental y que no continúen actividades que puedan ocasionar daños irreversibles sin garantías suficientes de protección.
La comunidad plantea que la defensa del agua no puede reducirse a una preocupación individual, sino que debe asumirse como una responsabilidad colectiva, especialmente en territorios donde las familias dependen de los recursos naturales para subsistir.
Exigen retiro de maquinaria y participación comunitaria
Durante los últimos meses, según el comunicado, los habitantes han realizado vigilias, concentraciones, caminatas, actividades religiosas, denuncias públicas y gestiones ante instituciones estatales. También aseguran haber acudido a instancias judiciales y administrativas para reclamar el cumplimiento de sus derechos.
Sin embargo, sostienen que sus demandas no han recibido respuestas acordes con la gravedad de la situación denunciada.
Entre sus exigencias figura la suspensión definitiva de las obras y el retiro de la maquinaria y las instalaciones destinadas al megaproyecto. También reclaman la protección de los sitios de memoria histórica, la reparación de los daños señalados y el respeto a la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios.
Los pobladores afirman que han desarrollado sus acciones de manera pacífica y en ejercicio de sus derechos de organización, expresión, participación y movilización.
La comunidad advirtió que continuará con las acciones legales, organizativas y de movilización popular hasta conseguir el retiro definitivo del proyecto y la reparación de los daños que denuncia.
El festival, además de visibilizar el conflicto, busca consolidar la solidaridad entre comunidades del Bajo Lempa, La Paz y otros territorios que enfrentan amenazas semejantes.
“Defender San Francisco Angulo es defender también el derecho de todas las comunidades a decidir sobre las condiciones en que viven y sobre el futuro que desean construir”, señala el pronunciamiento.
Para los organizadores, la disputa no se limita a la instalación de un relleno sanitario, sino que involucra la protección de la memoria histórica, los bienes naturales y los derechos de las poblaciones a participar en las decisiones que transforman sus territorios.
