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La masacre de El Mozote, es considerada “Crimen de Lesa Humanidad”, que terminó con la vida de alrededor de mil personas de la población civil que en su mayoría eran niños, niñas, mujeres y adultos mayores, en el municipio de Meanguera, al norte del departamento de Morazán en diciembre de 1981. Foto DiarioCoLatino/Archivo.

Retardación de justicia viola derechos de víctimas y sobrevivientes

Gloria Silvia Orellana
@Diario CoLatino

Las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños continúan en su peregrinaje a 41 años de búsqueda de justicia por sus familiares que fueron asesinados por fuerzas militares del Estado salvadoreño, en diciembre de 1981, durante el conflicto armado en el país, que se extendió por doce años.

Esa masacre considerada “Crimen de Lesa Humanidad”, ocurrida en diciembre de 1981, terminó con la vida de alrededor de mil personas de la población civil que en su mayoría eran niños, niñas, mujeres y adultos mayores, en el municipio de Meanguera, al norte del departamento de Morazán.

Un operativo realizado por varios batallones militares como el de Reacción Inmediata Atlacatl, que contó con el apoyo de la Fuerza Aérea y otras guarniciones militares de la zona, arrasando no solo con la vida de este asentamiento humano, si no también, la destrucción de cosechas, quemaron casas y sacrificaron animales de granja y domésticos.

Lo ocurrido en el Mozote es considerada como una de las masacres más mortíferas del siglo XX, realizada en Latinoamérica.Las víctimas y víctimas sobrevivientes aún no han recibido de parte del Estado salvadoreño el resarcimiento por las graves violaciones a sus derechos humanos enfrentando fuertes obstáculos como la Ley de Amnistía, decretada en 1993, que retrasó 23 años la petición de verdad y justicia.

No obstante, el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños se ha consolidado y es un referente dentro del sistema judicial, abierto por el Juez Jorge Guzmán Urquilla, quien tres meses después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, derogara la Ley de Amnistía, en septiembre de 2016, ordenó la reapertura del caso.

Asimismo, ha sido uno de los procesos emblemáticos por su extensa documentación y pruebas testimoniales, técnicas, así como informes periciales militares y de antropología forense más completos. Que han acompañado las organizaciones pro derechos humanos como Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, CEJIL, CRISTOSAL y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH y Corte IDH).

La recién nombrada jueza Mirtala Teresa de Cruz, a cargo del caso, en del Juzgado de Instrucción del municipio de San Francisco Gotera, Morazán, pausó este proceso desde septiembre de 2021, que ha retrasado el acceso a la justicia de las víctimas y los sobrevivientes, consideró, Ovidio Mauricio González, director de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.

Actualmente, la diligencia judicial que tomaría testimonio de 5 de 20 de los nuevos testigos, -la jueza de Cruz-, terminó suspendiéndola el pasado 31 de octubre, bajo el argumento de garantizar los derechos del imputado exministro de la Defensa, José Guillermo García, que solicitó estar presente en este proceso.

“Es lamentable que no se informó de la suspensión de la diligencia a los primeros 5 testigos hasta que llegaron al tribunal, y la jueza de Cruz, argumentó que el jueves pasado recibió un escrito del abogado defensor del exministro García. Y bien, la jueza atendió el llamado del defensor, ellos están bajo medidas en este caso y la jueza le permitió esta medida y no sabemos si va a continuar o impondrá otra”, advirtió. “Esto claramente dilata el proceso porque el defensor debe preparar como hacer llegar al exministro Guillermo García, al Juzgado de Instrucción, aunque aquí como si no existieran las llamadas -audiencias virtuales-, pero nos preocupa que en cambio a las víctimas solo les permitió que entrarán 2 personas de su organización, entonces ¿En dónde está la garantía de las víctimas?, me pregunto”, expresó González.

Otra de las observaciones de las nuevas medidas de la jueza de Cruz es prohibir la presencia de los medios de comunicación en el proceso judicial, cuando constitucionalmente el derecho a la Libertad de Prensa debe garantizarse y también los derechos de las víctimas.

“La jueza no ha dejado ingresar a los medios de comunicación y en el Código de 1973, -ella tiene la potestad de abrir la audiencia- , y estaría en contradicción con la Constitución (1983) que reconoce esto como una violación al derecho de la libertad de prensa, es mas, todas las audiencias deberían ser públicas y mucho más en un caso en que la sociedad está interesada del desenlace”, sostuvo.

“Recordemos, que el exministro Guillermo García está bajo detención también, por un Juzgado de Chalatenango, que al girar la orden de captura para él, en el caso de los Periodistas holandeses, supimos que está bajo custodia en el Hospital Militar. No sé, porqué todos se enferman“, acotó.

En el caso de los periodistas holandeses: Jan Kuipier, Hans Lodewijk ter Laag, Koos Andries Koster y Johannes jan Willemsen, equipo periodístico de IKON TV, fueron asesinados en una emboscada en Santa Rita, Chalatenango, por una patrulla armada el 17 de marzo de 1982, por el cual, el exministro García enfrenta esa acusación.

El pasado 14 de octubre la jueza de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, de Chalatenango, notificó la resolución que dicta la detención del exministro de la Defensa José Guillermo García, la del excomandante de la 4a Brigada de Infantería coronel Mario Adalberto Reyes y el exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán, señalados de serr autores intelectuales y materiales de ese crimen de Lesa Humanidad.

“En el Caso de El Mozote y lugares aledaños este será un retraso que dilatará el proceso, pese a que nosotros creemos que hay pruebas suficientes para elevar a plenario, -si la jueza opta al Código 1973- , lo lleva a un tribunal de conciencia, de íntima convicción que son 5 miembros de un jurado elegido del pueblo de una lista que se aporta. Y quienes dan un veredicto absolutorio o condenatorio y luego la jueza impone los años de condena”, dijo.

“Pero si la jueza lo realiza con la ley actual, pues debe llevarlo a la etapa contradictoria, eso significa pasar este proceso a un Tribunal de Sentencia en donde ese tribunal compuesto por 3 jueces va a determinar si es culpable o no y emite la pena. Aunque creemos que por la calidad del imputado y quienes están involucrado en los hechos, van a tratar de no meterse en problemas y los pueden absolver”, puntualizó Mauricio González.

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