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Foto Diario Co Latino/Archivo.

Requieren del Gobierno información sobre ley General de Recursos Hídricos

Gloria Orellana
@GloriaCoLatino

Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y saneamiento, y David R. Boyd, Relator Especial sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos Humanos relacionadas con el Disfrute de un Medio Ambiente sin Riesgos, Limpio, Saludable y Sostenible, demandaron con urgencia del Gobierno salvadoreño mayor información sobre el contenido de varios artículos de la Ley General de Recursos Hídricos.

La petición de ambos Relatores de Derechos Humanos de la ONU es producto de la solicitud que han hecho diversos colectivos sociales, ambientalistas, Iglesia y académicos ante lo que consideran un intento de privatizar el agua y no priorizar el consumo humano y doméstico.

Luego, de la revisión exprés de la iniciativa presidencial de la Ley General de Recursos Hídricos, por el partido oficial de Nuevas Ideas, y los dos partidos satélite (GANA y PCN), en la Comisión Ad Hoc, que han dado por concluido su trabajo y aprobado el contenido, la sociedad civil organizada acudió a organismos internacionales y ha logrado ser escuchada por los relatores especiales (ONU).

En una carta dirigida al presidente de la república, Nayib Bukele, los relatores de la ONU consideran que existe la necesidad de recibir mayor información sobre la iniciativa del Ejecutivo y en especial en la falta de referencia al derecho humano al agua y el derecho al saneamiento, que consideran derechos interrelacionados pero distintos.

“Felicitamos al Gobierno de su Excelencia por haber incluido un artículo en la Iniciativa de Ley que se refiere específicamente al derecho humano al agua y al saneamiento. Sin embargo, nos preocupa que el Artículo 1 de la Iniciativa de Ley se refiera al derecho humano al agua y saneamiento en su forma singular”. “Los derechos humanos al agua potable y saneamiento -tanto el derecho al agua como el derecho al saneamiento-, como componentes del derecho a un nivel de vida adecuado, son esenciales para que el pleno disfrute del derecho a la vida y todos los derechos humanos, como lo estípula el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue ratificado por el Gobierno de su Excelencia”, señalaron.

Antonio Baños, director de Cáritas de El Salvador, que integran el Movimiento Ciudadano por el Agua (MCA), ha reiterado durante el proceso de revisión de la propuesta presidencial de la ley general de Recursos Hídricos, que no reúne elementos sustanciales propuestos desde la sociedad civil organizada y, por el contrario, solo ha generado ambigüedades, incongruencias o vicios de inconstitucionalidad en el actual anteproyecto de ley.

“Hemos señalado la falta de un acercamiento y permitir un diálogo y participación ciudadana, y aunque la bancada de Nuevas Ideas diga que se han tomado en cuenta los estudios, investigaciones y alternativas para esta ley, ha sido todo lo contrario”, afirmó.

Asimismo, en la misiva de los Relatores de DDHH de la ONU, señalan al presidente de la república, Nayib Bukele, que el Estado salvadoreño reconoció el “derechos humano al agua y saneamiento”, luego de ser reconocido por la ONU, el año 2010, en su resolución (70/169).

Compromiso que conlleva obligaciones para el Estado salvadoreño, a que toda persona sin discriminación tiene el derecho al abasto de agua de manera suficiente, potable, accesible y asequible (disposición).

“Nos gustaría destacar además que, aunque los derechos humanos al agua potable y al saneamiento están estrechamente relacionados, tiene características que justifican un tratamiento distinto para abordar los retos específicos derivados de su aplicación”, señalan en la misiva los Relatores.

“La ausencia del derecho humano al saneamiento conlleva una laguna en la Iniciativa de Ley, por lo que recomendamos una sección específica sobre la regulación del saneamiento que incluya el tratamiento de las aguas residuales y de lodos fecales, más allá de las consideraciones sobre permisos y cánones por vertidos que aparecen en la actual Iniciativa de Ley”, reafirmaron.

Al señalar, que la inexistencia o falta de instalaciones de saneamiento, terminaría generando graves deficiencias en la gestión del agua y el tratamiento de aguas residuales, lo que en corto plazo afectaría seriamente al suministro de agua y el acceso sostenible de la misma.

“Deseamos señalar el apoyo que el Gobierno de su Excelencia ha prestado a la Resolución 70/169, en la que afirma que en la regulación progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, así como de otros derechos humanos, los Estados deben aplicar cada vez más enfoques integrados y robustecer la ordenación de los recursos hídricos, la mejora del tratamiento de las aguas residuales y la prevención y reducción de la contaminación”, manifestaron.

Y en cumplimiento de sus mandatos otorgados por el Consejo de Derechos Humanos (ONU), Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y saneamiento, y David R. Boyd, Relator Especial sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos Humanos relacionadas con el Disfrute de un Medio Ambiente sin Riesgos, Limpio, Saludable y Sostenible, solicitaron la “clarificación” de estos señalamientos a la Iniciativa de Ley, para despejar las “preocupaciones” por lo que solicitaron una pronta respuesta al presidente de la república.

“En ese sentido estaríamos muy agradecidos de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes: Sírvase proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación a lo mencionado”, dicen.

“Sírvase proporcionar información sobre cualquier medida o esfuerzo realizado por el Gobierno de su Excelencia para reconocer los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en su forma plural, y para indicar que el derecho al agua y el derecho al saneamiento están interrelacionados pero son dos derechos distintos”, insisten.

Los relatores advirtieron que cualquier “comunicación oficial”, que podría ser un comentario sobre legislación, reglamentos, políticas pendientes o recién adoptadas, y toda respuesta recibida del presidente Nayib Bukele, se harán públicas a través del sitio web de comunicaciones en un plazo de 48 horas. Y que posterior también estará disponible el informe que presentarán al Consejo de Derechos Humanos.

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