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Samuel Amaya
SamuelAmaya98
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) removió a la jueza que otorgó medidas sustitutivas al exministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, y ordenó arresto domiciliar al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt.
Habrá que recordar que ambos casos son considerados como “persecución política”, por algunos sectores de la sociedad civil, sumándose a esto, con la imposición de jueces afines al oficialismo por medio del Decreto Legislativo 144 del 31 de agosto del año pasado, donde Nuevas Ideas quitó a los funcionarios judiciales mayores de 60 años o de 30 de servicio. Dicha decisión fue catalogada como un golpe de Estado al Órgano Judicial, además de ser fuertemente criticada por la comunidad internacional.
En sesión de Corte Plena de la CSJ decidió que la jueza Segunda de Instrucción de San Salvador, Edelmira Violeta Flores Orellana, sea trasladada a un juzgado de Mejicanos, por haber otorgado el pasado 14 de enero medidas sustitutas a la detención al exministro Ramírez y al exinspector general de Centros Penales, Ramón Fernando, quienes son acusados por la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de peculado en calidad de cómplice necesario y actos arbitrarios por un supuesto mal manejo de fondos de las tiendas dentro de los Centros Penales. El Ministerio Público apeló y la Cámara Segunda de Penal analiza la situación del caso.
También, la jueza Edelmira Violeta Flores otorgó el beneficio de arresto domiciliar contra el exedil de San Salvador, Ernesto Muyshondt, además de ordenar que se le colocara un dispositivo electrónico. Sin embargo, la dirección de Centros Penales no acató las medidas, posterior, una cámara revirtió la orden de la jueza Flores.
A Muyshondt lo acusan de los delitos de apropiación indebida o percepciones tributarias por un monto de $275 mil, así como incumplimiento de deberes. Además, es señalado del delito de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, por presuntamente negociar con las pandillas salvadoreñas; y la FGR también lo acusa de apropiación y retenciones de cuotas laborales por un monto de $5.2 millones.
La remoción de la jueza Violeta Flores Orellana es la segunda que se efectúa en este mes, pues el pasado 5 de enero, la Corte Suprema de Justicia decidió que Gladis Salgado, jueza del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador pasara al Juzgado de Paz de Panchimalco, a consecuencia de declarar inadmisible una demanda que presentó la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda en contra de la investigadora en el área de seguridad pública, Jeannette Aguilar, por supuesta difamación, a través de las redes sociales.
El juez Antonio Durán, quien es uno de los afectados con la aprobación del Decreto Legislativo 144, ya que fue trasladado a un tribunal de justicia en Zacatecoluca, ha calificado estos traslados como “irregulares, ilegales e inconstitucionales”, así como los nombramientos de abogados que reemplazarán a los jueces y magistrados que no respondan a la misma línea.
Hasta el cierre de esta nota, se desconoce quién sustituirá a la jueza Flores Orellana.
