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Por Leonel Herrera*
El Juzgado de Sentencia de San Vicente ha confirmado la realización de la nueva vista pública contra los líderes ambientalistas de Cabañas que llevan más de 30 meses sometidos a un proceso judicial que tiene como trasfondo los intereses económicos de la explotación minera.
La audiencia fue suspendida cinco veces, probablemente como estrategia dilatoria para alargar esta persecución absurda y el sufrimiento de los procesados, sus familiares, su comunidad y sus organizaciones. Esta vez -y luego que la Cámara Penal de San Vicente apartara del caso al juez Hugo Banzer Flores Alas por claros conflictos de interés- el referido tribunal ya no tiene excusa para postergar más la repetición del juicio.
El momento es oportuno para reiterar las razones por las cuales los activistas antimineros deben ser liberados definitivamente y el caso debe ser cerrado.
La razón jurídicamente más relevante es la falta de pruebas reales contra los enjuiciados. La acusación de la Fiscalía General de la (ex) República se basa en el relato contradictorio de un sospechoso testigo protegido que primero declaró que presenció los hechos y después afirmó que le contaron lo sucedido: un “testigo de chambre”, como bien lo llamó un reconocido abogado y defensor de derechos humanos. No hay cuerpo del delito y no existen elementos probatorios adicionales que compensen tal ausencia.
A esto se suma el hecho de que los acusados ya habían sido sobreseídos de manera definitiva por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque en octubre del año pasado: por unanimidad, las tres juezas integrantes de dicho tribunal resolvieron que el caso ya había prescrito y que, por tanto, la acción penal ya no era posible.
Sin embargo, por petición de la Fiscalía, dos magistrados de la Cámara Penal de Cojutepeque anularon el fallo absolutorio y ordenaron repetir el juicio en otro tribunal. En la práctica, esta repetición del juicio constituye una flagrante violación al principio del debido proceso penal según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.
El tiempo y los hechos demostraron contundentemente que el caso es una persecución contra el activismo ambiental y una represalia por denunciar la nueva amenaza minera. Las detenciones se dieron precisamente cuando los activistas denunciaban varias señales de que el gobierno actual pretendía revertir la prohibición de la minería metálica.
La denuncia fue confirmada dos años después cuando el oficialismo borró de un plumazo la ley prohibitiva, a través de la aprobación de una nueva normativa que abre paso a la reactivación de proyectos mineros. Esto fue de manera exprés, sin ningún debate técnico y contra la voluntad de la mayoría de la población que rechaza la minería metálica.
El caso también es una instrumentalización de la justicia restaurativa y transicional. La Fiscalía revictimiza a una comunidad que fue víctima de horrendas masacres, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército gubernamental y sus grupos paramilitares durante la guerra civil.
En vez de investigar estos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad perpetrados contra Santa Marta, la Fiscalía y los tribunales salvadoreños montan un caso contra líderes ambientalistas de esa heroica comunidad.
Por estas razones, la persecución judicial contra el activismo ambiental debe terminar y los activistas antimineros deben ser absueltos. El país y el mundo deben estar atentos a lo que suceda en el Juzgado de Sentencia de San Vicente del 29 al 31 de julio próximo.
La ocasión es oportuna para pedir también la libertad de los demás activistas sociales y defensores de derechos humanos víctimas de persecución judicial por razones políticas, especialmente Ruth López, Alejandro Henríquez, Ángel Pérez, Enrique Anaya, Fidel Zavala, Luis Menjívar, “Pepe” Melara y demás dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
También el momento es propicio para recordar el llamado que los líderes ambientalistas hicieron el pasado 3 de febrero cuando decidieron no presentarse al nuevo juicio. En una carta pública pidieron a todos los sectores del país unirse para contener y revertir la amenaza minera que se cierne sobre el agua, el medioambiente, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones.
*Periodista y activista ambiental.
