Periodistas analizan las contradicciones del oficialismo sobre la liberación de detenidos bajo el régimen 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los periodistas Leonel Herrera y Francisco Elías Valencia analizaron en el programa Encuentro con Julio Villagrán las contradicciones del Gobierno sobre las personas encarceladas, la situación de los inocentes detenidos y el impacto de una política de seguridad que, según sus críticas, mantiene a la población bajo temor o miedo.

 Un giro en el discurso de seguridad

El anuncio del presidente Nayib Bukele sobre la posibilidad de liberar a una parte de las personas detenidas durante el régimen de excepción abrió un debate sobre la política de seguridad del Gobierno y las denuncias de encarcelamientos injustos en El Salvador.

Durante el programa Encuentro con Julio Villagrán, Leonel Herrera  señaló que las declaraciones presidenciales representan un cambio significativo en el discurso oficial, que durante años ha presentado las detenciones masivas como uno de los principales logros de la estrategia contra las pandillas.

Herrera consideró que el anuncio constituye un quiebre en la narrativa gubernamental, porque reconoce que existen personas que no deberían permanecer en prisión. A su juicio, esa admisión concede legitimidad a las denuncias formuladas por organizaciones de derechos humanos, familiares de detenidos, periodistas de investigación y sectores académicos que han cuestionado los procedimientos de captura.

Hasta ahora, sostuvo, el relato oficial había presentado a los detenidos como integrantes de estructuras criminales y a quienes denunciaban capturas arbitrarias como defensores de pandilleros. La posibilidad de liberar a parte de los encarcelados introduce una contradicción en ese planteamiento.

La diferencia entre inocentes y colaboradores

Uno de los aspectos más cuestionados por los periodistas fue la utilización del término «colaboradores de pandillas» para referirse a las personas que podrían beneficiarse de las liberaciones anunciadas.

Herrera advirtió que no es lo mismo reconocer la existencia de personas inocentes encarceladas que plantear la excarcelación de supuestos colaboradores de estructuras criminales. Según su análisis, la primera formulación habría respondido a una demanda sostenida por organizaciones sociales y familiares; la segunda, en cambio, generó temor entre sectores de la población que interpretaron el anuncio como la posibilidad de que delincuentes regresaran a sus comunidades.

El periodista consideró que la reacción ciudadana pudo influir en las posteriores aclaraciones del mandatario. De acuerdo con su interpretación, el Gobierno habría monitoreado la respuesta pública y ajustado su mensaje para reducir el impacto de unas declaraciones que provocaron incertidumbre incluso entre sus propios simpatizantes.

Valencia también destacó la importancia de examinar el alcance real de la propuesta, las categorías de personas que serían consideradas para una eventual liberación y los criterios que utilizarían las autoridades para revisar los expedientes.

Para ambos periodistas, el debate no debería limitarse a las explicaciones oficiales, sino que tendría que abordar las garantías judiciales y la situación de quienes permanecen detenidos sin que se hayan demostrado vínculos con pandillas.

Las capturas masivas bajo cuestionamiento

En el programa también se abordaron las cifras oficiales de condenas relacionadas con el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. Según los datos de la Fiscalía General de la República citados durante la conversación, más de 10,500 personas habrían recibido condenas por su pertenencia a estructuras criminales.

Sin embargo, Herrera cuestionó que las cifras de condenas se presenten como una respuesta definitiva a las denuncias sobre detenciones arbitrarias. La existencia de personas condenadas no resuelve, por sí sola, las interrogantes sobre quienes fueron capturados sin pruebas suficientes o permanecen privados de libertad sin que se esclarezca su situación jurídica.

El periodista hizo referencia a investigaciones periodísticas sobre expedientes policiales en los que se habrían documentado detenciones motivadas por la apariencia física, el nerviosismo de las personas frente a los agentes o la presión por cumplir cuotas de capturas.

Estas denuncias, sostuvo, obligan a revisar los procedimientos empleados durante los operativos y a determinar si las autoridades garantizaron el debido proceso.

Herrera también recordó que funcionarios gubernamentales han reconocido anteriormente la excarcelación de personas consideradas inocentes. A su juicio, esos antecedentes refuerzan la necesidad de establecer mecanismos transparentes para revisar los casos pendientes y evitar que las liberaciones dependan de decisiones discrecionales.

Presos políticos y demandas de derechos humanos

Los periodistas plantearon que la revisión de las detenciones debería contemplar no solo a personas sin vínculos con pandillas, sino también a quienes consideran presos políticos, es decir, personas que, según las denuncias de sus defensores, han sido encarceladas en un contexto de persecución por sus posiciones críticas frente al Gobierno.

Herrera mencionó casos de personas detenidas a quienes organizaciones y sectores críticos consideran víctimas de procesos cuestionables. También defendió la necesidad de revisar las acusaciones contra quienes han denunciado presuntos abusos estatales.

En ese contexto, propuso mantener como demandas centrales la liberación de personas inocentes, la revisión de los casos que podrían responder a motivaciones políticas y el debate sobre la continuidad del régimen de excepción.

El régimen, agregó, no solo debe evaluarse por sus resultados en materia de seguridad, sino también por sus efectos sobre los derechos ciudadanos, la libertad de expresión y la participación pública.

El miedo como mecanismo de control social

Otro de los puntos del análisis fue el impacto del régimen de excepción en la vida cotidiana. Valencia sostuvo que, además de sus efectos en la seguridad, las restricciones y el temor a las detenciones pueden contribuir a inhibir la denuncia pública y la organización ciudadana.

Según su valoración, empleados públicos, organizaciones sociales y personas críticas pueden abstenerse de expresar sus opiniones por miedo a sufrir represalias. Esta situación, advirtió, debilita la participación democrática y dificulta que las comunidades denuncien irregularidades.

Los periodistas señalaron que la discusión sobre seguridad no puede ignorar las garantías constitucionales ni convertir cualquier cuestionamiento a las actuaciones estatales en una supuesta defensa de las pandillas.

Una discusión que exige respuestas

Valencia y Herrera también relacionaron el debate con las críticas formuladas desde espacios internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos. A su juicio, las denuncias sobre encarcelamientos injustos han colocado bajo escrutinio la actuación de las instituciones salvadoreñas.

El desafío, plantearon, consiste en determinar cuántas personas deben recuperar su libertad, bajo qué criterios se revisarán sus expedientes y qué garantías tendrán para evitar nuevas arbitrariedades.

El anuncio presidencial, concluyeron en el análisis, no debería quedarse en un ajuste del discurso oficial. La discusión de fondo es si el Estado garantizará procedimientos judiciales individuales, transparencia y reparación para quienes hayan sido detenidos injustamente.