Organizaciones exigen liberación inmediata e incondicional de los inocentes encarcelados

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En una concurrida conferencia de prensa celebrada este miércoles 21 de octubre en la capital, una coalición de movimientos sociales y defensores de derechos humanos —entre los que figuran las organizaciones MOVIR, COFAPPES, Madres por la Libertad y el Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular (BRP)— fijó una postura firme y unificada frente al reciente anuncio del presidente Nayib Bukele respecto al régimen de excepción y exigió la liberación inmediata e incondicional de los inocentes encarcelados .

Las agrupaciones populares expresaron una categórica exigencia: la liberación inmediata e incondicional de las personas encarceladas injustamente, el cese definitivo del régimen de excepción y el restablecimiento pleno de la legalidad, la institucionalidad y el Estado de derecho en El Salvador.

El pronunciamiento conjunto surge como respuesta a las declaraciones hechas por el mandatario el pasado 13 de octubre, durante una conferencia de prensa, en la que el presidente Nayib Bukele expresó que existía un plan para evaluar la posible liberación de un 50 % de los capturados bajo el régimen, colaboradores de las pandillas.

Para Samuel Ramírez, dirigente de MOVIR, dicha propuesta representa un reconocimiento explícito por parte del Gobierno sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y las detenciones arbitrarias cometidas bajo este esquema de seguridad.

Sin embargo, el anuncio presidencial lejos de llevar calma ha generado severos cuestionamientos jurídicos e incertidumbre entre los familiares que llevan años buscando justicia para sus seres queridos. 

Una comisión sin sustento legal ni facultades ejecutivas

Lourdes Palacios, representante de COFAPPES, advirtió que la propuesta de establecer una comisión ad hoc para determinar quiénes saldrán libres carece por completo de fundamento legal. Palacios denunció que el Órgano Ejecutivo se está invadiendo facultades constitucionales que corresponden de manera exclusiva al Poder Judicial.

«El Ejecutivo no tiene facultades para liberar a nadie. ¿De dónde sale crear una comisión de manera arbitraria para decidir quién sale libre y quién no? ¿Con qué criterios se fija ese 50 % que dice que va a liberar?», cuestionó la vocera, subrayando que la discrecionalidad anunciada por el Gobierno vulnera los principios universales de presunción de inocencia y del debido proceso legal. Palacios remarcó que la única garantía válida para cualquier ciudadano es un juzgamiento transparente dentro de un Estado de derecho, y no resoluciones administrativas fijadas «de un plumazo».

«El Ejecutivo no tiene facultades para liberar a nadie. ¿Con qué criterios se fija ese 50 %? Lo que se requiere para las víctimas inocentes es el debido proceso y la libertad incondicional.»

Rechazo a procesos abreviados y reclamo de indemnización

El vocero de MOVIR insistió en que la libertad de las personas inocentes no debe estar sujeta a negociaciones, presiones ni condicionamientos. Desde MOVIR rechazaron tajantemente cualquier pretensión estatal de someter a los detenidos a procesos abreviados que requieran la autoincriminación o la confesión de delitos no cometidos. Para la organización, las personas contra las cuales la Fiscalía no ha presentado pruebas incriminatorias deben cruzar las puertas de los centros penales con libertad absoluta e incondicional.

Asimismo, MOVIR anunció que como organización están preparando un plan que entregarán a las autoridades con los criterios para sacar, sin condiciones, y con el debido proceso a los inocente presos.

Samuel Ramírez pidió que no los dejen solo, y llamó a las universidades y a las iglesias a que colaboren en la creación de ese plan, distinto al anunciado por el gobierno de Bukele.

“No nos deje solos”, exhortó Ramírez.

Exigencia por presos políticos y llamados desde la fe

El pronunciamiento conjunto visibilizó de igual forma la situación de los denominados presos políticos, veteranos de guerra y excombatientes que permanecen encarcelados desde hace más de año y medio sin pruebas concluyentes en su contra. Entre las figuras señaladas por las organizaciones se destacan los casos de Ruth López, Enrique Anaya y Eugenio Chicas, así como dirigentes del movimiento de veteranos de la Alianza El Salvador en Paz.

Las organizaciones señalaron que las personas encarceladas por motivos políticos padecen un aislamiento severo: no se les permite el derecho a la visita familiar ni la comunicación con su defensa técnica, aunado al incumplimiento de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y la denegación de atención médica oportuna.

El Padre Miguel Ventura, representante de las Comunidades Cristianas de Base de Morazán, describió la angustia de miles de familias de escasos recursos que durante más de cuatro años han sacrificado sus necesidades básicas para llevar paquetes de alimentos y medicinas a los penales.

Ventura calificó el contexto actual como «un grito histórico de Dios» reflejado en los inocentes y fallecidos. El Socorro Jurídico Humanitario registra 580 presos fallecidos en los centros penales.

«Este grito está sometiendo a crisis al régimen y a la sociedad salvadoreña. Las declaraciones del presidente existen en un contexto donde ya no se puede sostener lo insostenible. Pueden encarcelar todo defensor, pero la voz de la justicia jamás la callarán.», expresó el sacerdote

El sacerdote enfatizó que el giro discursivo del mandatario no responde a una concesión graciosa, sino a la constante presión territorial de los movimientos de víctimas y al escrutinio del concierto internacional. Asimismo, recordó el legado profético de san Oscar Arnulfo Romero al aseverar que, pese al hostigamiento contra defensores y la expulsión o persecución de voces disidentes, la demanda popular de justicia no podrá ser silenciada en el país.