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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El proyecto minero Cerro Blanco, que pertenece a la empresa canadiense BlueStone Resources, afincada en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, a 113 kilómetros de distancia de territorio salvadoreño, ha generado que las organizaciones y comunidades transfronterizas de ambos países decidieran alzar su voz para cerrar en definitiva la mina, pues afectaría la cuenca hidrológica Ostúa-Güija-Lempa.
“El primer objetivo es parar el proyecto mina Cerro Blanco, lo logramos en El Salvador prohibir la minería metálica, pero la amenaza de la minería metálica prevalece en la región centroamericana, en donde se están consolidando proyectos mineros, y en donde esta industria está acumulando poder”, manifestó Pedro Cabezas, activista de ACAFREMIN.
La decisión de una “alianza” de organizaciones ambientalistas y comunidades de ambos lados de las fronteras es una decisión en común para tejer resistencia para detener la industria de extracción de metales preciosos”, de no hacerlo destruirán toda la riqueza y biodiversidad de nuestros países”, alegó Cabezas.
La polémica del proyecto minero Cerro Blanco data desde su nacimiento en 2007, con una licencia de exploración en el bolsillo de la minera y la presentación de un estudio de impacto ambiental de una mina subterránea, entregada por el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala. No obstante, en sus primeras incursiones aguas termales subterráneas impidieron la extracción del oro.
Y en respuesta a esta situación, BlueStone pretende una enmienda al Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) presentado en el 2007, para proceder con la minería desde la modalidad de “cielo abierto” o de tajo abierto que terminará con una pila de desechos y lodos mineros que podrán llegar hasta el lago de Güija en El Salvador.
“En Nicaragua -ahora- la minería es de las principales fuentes para el Producto Interno Bruto (PIB) de ese país y también como las principales fuentes de exportación entre el 20 a 22% de exportaciones que las provee la minería metálica”, explicó Cabezas.
“Y sabemos que en Guatemala y Honduras tienen extensas áreas con concesiones a las mineras, andan entre 40 a 60% del territorio que está designado como superficies de interés minero y existen más de 200 concesiones mineras para cada país, incluyendo Nicaragua, que se han dado a estas empresas para que sigan explotando el oro”, sostuvo.
Para el ambientalista salvadoreño es “preocupante” que El Salvador, siendo el único país de Centroamérica y del mundo que ha prohibido la minería metálica en su territorio, termine cediendo a la “presión” de inversionistas extranjeros para que “abra su territorio a la minería”, así como, por el endeudamiento en que se encuentra el país.
“La presión no sólo viene de la misma industria, sino por las necesidades económicas que tiene el país, sabemos que (el presidente ) Nayib Bukele, tiene popularidad en El Salvador por su programa de seguridad o por su carisma político entre la población, pero en lo económico ha fallado y sabemos que la economía salvadoreña es la que menos está creciendo en la región centroamericana”, indicó.
“Algunos experimentos que se le han visto (al presidente Nayib Bukele), como la introducción del Bitcoin, -pues falló- y han gastado más de 300 millones de dólares en la infraestructura, en la inversión del bitcoin, y no hemos visto resultado de eso. Además, de eso el gobierno salvadoreño es uno de los más endeudados en los últimos tres años de toda la región centroamericana y hay presión de diversos sectores para generar divisas extranjeras para el país”, advirtió.
Y consideró mucho más preocupante los últimos movimientos del gobierno, como unirse al Foro Intergubernamental de Minería Sostenible, al señalar, “¿Por qué te vas a unir a uno foro de minería cuando tenemos una ley de prohibición de minería metálica en el país?”, a la que suma pasar una ley a la Asamblea Legislativa para crear la Dirección de Energía, Minas e Hidrocarburos.
“¿Por qué incluirías la rama de Minas, si sabes que esto está prohibido en el país? Y también designan 4.5 millones de dólares del Presupuesto General de la Nación, para reformar esta nueva instancia de gobierno, entonces, hay acciones del gobierno que dan la pauta a la apertura para la industria minera”, refirió.
“Hay información de algunas empresas exploradoras mineras registradas en el Centro Nacional de Registros (CNR) , la empresa Oceana Gold, vuelve a poner a El Salvador en la estructura corporativa de la empresa y se encuentra también dentro de esta estructura Pacific Rim, que se había eliminado desde el 2017, luego de la prohibición minera. Entonces, todo esto significa que es inminente que la minería metálica vuelva al país”, sostuvo Cabezas.
Las voces de científicos de renombre como la profesora emérita de Ciencias Geológicas de la Universidad de Ohio y Geofísica por la Universidad Estatal de Luisiana, dra. Dina Larios López, quien ha realizado numerosos estudios sobre la “geoquímica de los procesos hidrotermales” y “drenaje ácido de minas”, y luego de analizar la propuesta de BlueStone Resources sobres los gases y las aguas geotérmicas, no han sido considerados el efecto e impacto de las temperaturas en las condiciones de los trabajadores .
Tampoco abordan la contaminación del entorno de la mina por el polvo y aguas residuales que contendrán arsénico, cobre, hierro, mercurio, níquel y zinc . Ni el impacto que tendrá en los cultivos de los habitantes de la zona. El informe también omite el efecto del drenaje ácido que quedará luego del cierre de la mina, por lo que consideró que ese Estudio de Impacto Ambiental y Social estaba incompleto.
“Es nuestra madre naturaleza y estamos obligados a defenderla”, señaló .Julio González, del Colectivo Madre Selva, de Guatemala, quien reiteró el llamado a los gobiernos de Guatemala y El Salvador a fin de que “reflexionen” sobre sus responsabilidades con “el inmenso valor que resguarda esta región centroamericana”, que representa un asentamiento de una inmensa biodiversidad para el planeta.
“En ese sentido llamamos la atención que a la creación de los Estados republicanos, democráticos y representativos, ahora están evolucionando a Estados autoritarios al tenor de dictaduras neoliberales como las del siglo antepasado, y por esa razón con autoridad y con fuerza nos imponen cosas que definitivamente los pueblos no avalan”, expresó.
“Es lamentable que los avances obtenidos en materia de derechos humanos en nuestra región ahora estén en una total regresión. Se atacan a los defensores de derechos humanos, a defensores de derechos colectivos, a los mismos Pueblos Indígenas. En lugar de avanzar hemos retrocedido y la respuesta que cabe acá es que prevalecen los intereses económicos por encima de los derechos humanos”, manifestó González.
En cuanto a la mina Cerro Blanco, el ambientalista guatemalteco señaló que han retomado una alianza con organizaciones ambientalistas de El Salvador, ante el intento de “imposición del proyecto minero Cerro Blanco”, que abarca ya 15 años de resistencia de su colectivo. Y que es el mismo tiempo del fracaso minero por las aguas termales, en un marco de protección gubernamental a estas empresas.
“Amenazan con imponer una mina a cielo abierto, porque en los próximos 10 años que le quedan de vida a la licencia buscan que proyectos extractivos más agresivos como la minería a cielo abierto en una región transfronteriza, una cuenca vulnerable poco estudiada como la Ostúa, Güija-Lempa, que no cuenta con ninguna protección ambiental por ambos países”, afirmó.
“Si no actuamos hoy, si no escuchamos las voces de científicos que han advertido precisamente el grave daño ambiental minero, estamos despreciando la vida y nos enfrentamos prácticamente a una debacle para el futuro comprometiendo a las futuras generaciones en el recurso agua. Estamos prácticamente en una situación que si no defendemos nuestros derechos estaremos en una condición más baja de seres humanos”, puntualizó González.
