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Para quienes vivieron las amenazas y el terror de la dictadura militar en las décadas de los 70 y los 80, en esta última la guerra civil, recordarán el temor que ocasionaba cuando el régimen los estigmatizaba como estructuras de “fachada”. Para los cuerpos militares y policiales de la época, que lo calificaran de fachada era darles libertad para perseguirlos y capturarlos, mientras que para los escuadrones de la muerte era la orden para secuestrar, asesinar con lujo de barbarie o desaparecerlos. Hasta hoy, en el año 2021, unos diez mil salvadoreños que fueron capturados o secuestrados durante esos veinte años de oprobio siguen desaparecidos.
Para el régimen militar, propagandizar la consigna de “fachada” era preparar en el subconsciente de la población la justificación de capturar, asesinar o desaparecer a quienes eran parte de esas estructuras de fachada. Además, hacerle creer al pueblo que los de fachada eran enemigos de la democracia, del gobierno, del sistema establecido y, por lo tanto, respondían a los intereses de los grupos alzados en armas surgidos en la década de los 70, de forma clandestina primero, y en el ochenta declarados. Nos referimos a las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), Resistencia Nacional (RN), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y Partido Comunista Salvadoreño (PCS).
Y así, bajo la consigna “de fachada”, se inició la persecución contra todos los que se consideraban de oposición con los saldos que están allí registrados en la historia reciente, pero, sobre todo, en los miles de hogares que tuvieron un familiar en las bartolinas como preso político, un asesinado “en enfrentamiento” o destrozado por los escuadrones de la muerte, o en calidad de desaparecido. Por eso, cuando el Gobierno del presidente Bukele ha recurrido a calificar a las conocidas e históricas fundaciones o asociaciones como de “fachada”, no puede menos que recordar el pasado, y preguntarse qué pretende. Claro está, lo primero es desprestigiarlas, para preparar a la población para el desenlace.
Pero, ¿cuál es ese desenlace? ¿Solo quitarle el presupuesto que del erario público algunas de esas organizaciones recibían para completar su labor humanitaria, para el desarrollo de las comunidades o para el desarrollo democrático? O también vendrá la persecución política, en el sentido de capturar y llevar a prisión a los integrantes de esas fundaciones o asociaciones porque “no cumplieron” con los objetivos en el uso de los fondos públicos. O también habrá asesinados o desaparecidos. El pueblo salvadoreño, sobre todos los sobrevivientes de la década de los 70 y 80, están obligados a recordar ese pasado inmediato y exigir al actual gobierno que cese en su propósitos “oscuros”.
Aunque el presidente de la República, Nayib Bukele, no lo quiera aceptar, por algún propósito oculto, la verdad es que la firma del acuerdo de paz permitió construir una sociedad más democrática y respetuosa de los Derechos Humanos, de la Institucionalidad, que con algunas acciones del gobierno han sido mancilladas.
Los que vivieron los años 70 y 80 deben sonar la alarma que en la medida en que el pueblo es permisivo con las prácticas abusivas de los gobiernos, luego se desata la persecución política en silencio y abierta. El Salvador ya lo vivió en el siglo pasado.
Entonces, el llamado es a que no aceptemos como válido los calificativos “de fachada” a las organizaciones de la sociedad civil, pues a la luz de nuestra historia reciente esa es una afrenta, una gran amenaza, que si se deja pasar, vendrán, posteriormente, las graves violaciones a los derechos humanos.
El aviso está hecho, hay que sonar las alarmas. No hay que darle tiempo al tiempo.
